A estas alturas el país no ha logrado superar los desajustes de la apertura. Recientemente se establecieron aranceles de más de 100% para detener la entrada masiva de importaciones de China. En los últimos meses se ha presentado la arremetida de las multinacionales orientada a adquirir empresas nacionales que se encuentran entre la fusión y la quiebra; hasta hace unos pocos días el país estaba en mora de entregar Telecom a precio de cero, cuando los estudios más elementales revelan que la empresa vale más de US$4.000 millones. Lo más grave es que el país no ha resuelto la inestabilidad de la modalidad de cambio flotante.
Víctimas de su propio invento y de la resistencia ideológica a sustituirla por el sistema de cambio fijo, las autoridades monetarias llevan dos años fracasando reiteradamente en el intento de detener la revaluación.
Lo anterior tiene una clara ilustración en la agricultura y la industria, que corresponden a los sectores más expuestos a la competencia externa. Al principio de la semana el DANE reveló un crecimiento industrial de 2,4% para los siete primeros meses del año. Por lo demás, la información de la agricultura revela una monumental contracción de los cultivos de ciclo corto, como arroz, algodón, soya, sorgo, etc. De seguro el área agrícola descenderá en relación con el año anterior y difícilmente la producción avanzará más de 2,5%. El país ha retornado a los primeros años de la apertura, en que la industria y la agricultura crecían por debajo del promedio y el dinamismo se originaba en el gasto público financiado a altas tasas de interés y las burbujas de la construcción y la inversión carburadas por la revaluación y la especulación. Los hechos se encargaron de demostrar que semejante perfil de crecimiento no es sostenible y, tarde o temprano, termina en tragedia.
El balance del tratado en los temas fundamentales es lamentable. El arreglo comercial es asimétrico; mientras el país reduce los aranceles en 13 puntos porcentuales, Estados Unidos lo hace en 4% y en los productos de la Aptdea en cero. Estados Unidos mantiene los subsidios a la agricultura y Colombia renuncia a las franjas de precios, que constituyen el mecanismo más apropiado para contrarrestarlos; en la actualidad las discrepancias se reducen a aspectos menores, como las concesiones fitosanitarias a las flores. Dentro de un acuerdo de libre comercio, el país acogió una normatividad del régimen de patentes mucho más proteccionista que la existente a nivel mundial. En las áreas de servicios, como las telecomunicaciones, la ?televisión y la educación, se eliminan los cargos o las restricciones al acceso a los bienes públicos; los inversionistas extranjeros quedan en condiciones de ofrecer los productos a precios inferiores, dejando las organizaciones nacionales entre la quiebra y las fusiones a valores irrisorios.
En el desespero por los sucesos de las negociaciones, el Gobierno optó por actitudes arbitrarias. El presidente Uribe anunció que así lluevan rayos y centellas, el tratado se firmará antes de finalizar el año. Los altos negociadores han advertido que ya pasó la fase de las discusiones técnicas y anticipan que en adelante predominarán las determinaciones políticas. Por su parte, los funcionarios éticos, que han actuado de acuerdo con su leal saber y entender en favor de los intereses de la nación, advierten que su papel profesional terminó y no tienen más alternativa que dejar constancias históricas.
En realidad, el país no logró superar las imposiciones de la delegación de Estados Unidos presentadas en el documento inicial. Los aspavientos de que Colombia lo modificaría en las negociaciones, no pasaron de ser una ingenuidad. Tal como lo programaron los estrategas estadounidenses, las discusiones de las rondas giraron en torno a temas menores y lo importante se dejó para el final, a sabiendas de que el costo político de no firmar el tratado es mayor para Colombia. Así ocurrió. Antes de la definición final, el Presidente renunció a su mejor carta: no firmar el tratado.
La oportunidad no podía ser menos propicia para firmar el TLC. En un momento en que el país carece de control sobre las importaciones, los zarpazos de los consorcios internacionales y el tipo de cambio, no tiene presentación entrar a un tratado que le significa eliminar los aranceles con la nación más productiva del mundo, abandonar la franja de precios agrícolas, prescindir de los controles de capitales, suprimir los impuestos de remesas y renunciar, así no se haga en forma explicita, a la intervención directa del tipo de cambio. La economía estará a merced de una avalancha de mercado que se llevará por delante los cereales, los bienes intermedios, las empresas nacionales y las pocas oportunidades de empleo, y dejará un cuantioso déficit en cuenta corriente. El desarrollo quedará por cuenta de la maquila, la agricultura tropical, las remesas y la especulación.