Juan Carlos Martínez Botero, Vocal de Control de Chinchiná y miembro de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Caldas.
La decisión del gobierno Uribe de firmar un Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos, establece las bases definitivas para que el voraz apetito de las transnacionales sea satisfecho, mediante la entrega total de los servicios públicos y el patrimonio ambiental del país, y en desmedro del interés nacional y la mayoría de la población colombiana. El TLC busca consolidar el mercado de inversiones de las transnacionales norteamericanas en este sector “que actualmente representa entre el 60 y el 70% del producto global de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual EE.UU. es el principal miembro, aunque representa sólo el 20% del comercio mundial”.1
En los TLC que viene imponiendo el gobierno norteamericano a los diferentes países del continente, como alternativa de recolonización ante los tropiezos que ha tenido la negociación del ALCA, el capítulo de servicios tiene como fundamento la propuesta del capitulo de servicios del ALCA y el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS)2 , tal como lo ilustran los TLC que acaba de firmar EE.UU. con Chile, Costa Rica y otros países centroamericanos.
El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios, AGCS, fue establecido en 1995, cuando se formó la Organización Mundial del Comercio, OMC, pero las negociaciones comenzaron cinco años después, en enero de 2000 en la cumbre de Seatle. El AGCS tiene como propósito principal profundizar los procesos de privatización, abrir todos los sectores de servicios a las transnacionales y eliminar definitivamente la participación de los estados en el suministro de servicios. Lo novedoso de este acuerdo no son las privatizaciones, sino que define un marco regulatorio internacional para el sector, de obligatorio cumplimiento y que prevalece sobre las mismas constituciones nacionales, so pena de recibir multimillonarias sanciones. Cabe destacar que la apertura y la entrega al capital financiero de los sectores de servicios empezó a tomar cuerpo en Colombia, con la aprobación de la Constitución de 1991 y la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994.
Los TLC limitan la capacidad regulatoria del Estado en servicios tan diversos como los financieros, de seguros, telecomunicaciones, transportes, ancianatos, servicios postales, teledifusión, construcción e ingeniería, distribución de bienes al detalle, franquicias, turismo, energía (desde electricidad hasta petróleo) y servicios esenciales como salud, educación, manejo de desechos y el suministro de agua. En la Conferencia Episcopal de Canadá, los obispos católicos opinaron que estos tratados “le dan una amplia capacidad a las compañías privadas para poner demandas a los estados en el contexto de aparentes pérdidas de ganancias; afectando la condición soberana de los estados, la capacidad de proteger legalmente el ambiente y la participación democrática del pueblo en su futuro gobierno”3 . Destacan también como, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN-, hay 15 demandas de grandes corporaciones contra algunas decisiones tomadas por los gobiernos que buscaban salvaguardar el medio ambiente, destacándose el caso de la transnacional Metalclad contra el gobierno de México por 17 millones de dólares, por no dejar instalar una planta de desechos tóxicos en la población de Guadalcazar, estado de San Luis Potosí.
El TLC busca, además, establecer tribunales de arbitramento internacionales que diriman las controversias que se susciten entre el Estado y las multinacionales, socavando la soberanía jurídica de las naciones y que, por supuesto, terminaran favoreciendo los intereses del capital financiero. De ahí, el interés del gobierno de Uribe de revivir la ley de arbitraje que fuera presentada el año anterior por al abogado de multinacionales, entonces ministro de gobierno, Fernando Londoño Hoyos.
Lo que se quiere generalizar, sin entrar aún en el escenario del ALCA y el TLC, es que las multinacionales norteamericanas puedan demandar a los estados para exigir el cumplimiento de contratos en los cuales se presente, inclusive, la oposición de los habitantes afectados por las onerosas condiciones de los mismos. Un ejemplo es el caso de Bechtel, multinacional norteamericana encargada de reconstruir los sistemas municipales de acueducto y alcantarillado de Irak, con un jugoso contrato por 680 millones de dólares, que demandó por 25 millones de dólares al gobierno boliviano, por haberle quitado el control, tras una escalada de grandes movilizaciones y protestas ciudadanas, de la empresa Aguas del Tunari que meses atrás le había sido entregada en concesión.
De suscribirse el ALCA o el TLC, no podrá haber empresas de servicios públicos de capital exclusivamente estatal, tal y como lo anuncio y exigió la jefe del equipo negociador norteamericano en Atlanta, de manera que empresas como EPM, Colombia Telecomunicaciones, ETB, electrificadoras regionales y cientos de empresas de acueductos departamentales y municipales, deberán abrirse y vender acciones al capital financiero transnacional. Los TLC además prohíben a los estados otorgar subsidios, con lo cual desaparecerán los llamados consumos básicos subsidiables contemplados en la Ley 142, que reciben actualmente los estratos 1, 2 y 3 de la población. Ya el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, “Hacia un Estado Comunitario” (Ley 812), propone la eliminación para el estrato 3.
Los TLC obligan también a dar trato nacional a las empresas de origen extranjero que tengan negocios en el país. Merece especial atención el interés norteamericano en controlar las fuentes de agua, para el negocio de agua embotellada, tal como lo viene haciendo la multinacional Cocacola con su marca de agua Dasani, que, aprovechando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y la obsecuencia del presidente Vicente Fox, ha obtenido al menos siete concesiones para la explotación industrial de aguas en México, “chupando como vampiros toda el agua que pueden de los ricos mantos acuíferos de Chiapas”.
El TLC es también el escenario ideal para que las transnacionales gringas se apoderen del patrimonio ambiental del país, de los servicios de acueducto y alcantarillado, y para que monten un nuevo negocio con la descontaminación de aguas sucias, que de alguna manera nuestra legislación prevé a través del cobro de tasas retributivas. Así mismo, el TLC ofrece todas las garantías para las exportaciones de agua en bloque, para uso industrial y agroindustrial, que resuelvan el déficit que de este recurso padece EE.UU.
De la misma forma, el TLC pone en peligro el acceso de los sectores populares a los servicios públicos domiciliarios, la salud y la educación. Trae consigo un incremento en las tarifas, la implementación de modernos dispositivos que obligan la utilización de tarjetas prepago para acceder a servicios como agua, energía eléctrica, telefonía y gas domiciliario4 . Implica la pérdida de importantes empresas construídas con el trabajo colombiano y el saqueo de nuestros recursos naturales por parte del imperio norteamericano.
A la par que se negocia este tratado de anexión de la enclenque economía colombiana a la todopoderosa economía gringa, vienen surgiendo importantes expresiones de resistencia civil, como la demostrada el 17 de mayo en Cartagena y otras ciudades del país. Corresponde a las organizaciones de usuarios, en especial a las ligas, advertir sobre el grave peligro que se cierne sobre la población colombiana, denunciar la lógica neoliberal de convertir derechos elementales en vulgares mercancías, y sumarnos a la lucha de los diversos sectores patrióticos que ven al ALCA y al TLC como la principal amenaza para el bienestar de los colombianos.
1 El Problema Ambiental y el Tratado de Libre Comercio: Ahora Resulta que la Enfermedad, Cura. Por Manuel F. López Corrales en www.ecoportal.net.
2 Este acuerdo también es conocido como GATS por sus siglas en inglés.
3 “Vendiendo el Futuro: Una reflexión sobre la relación entre inversionistas y Estado en el TLCAN y su expansión al resto de América Latina” Conferencia Episcopal de Canadá en www.rprogreso.com
4 En Colombia se vienen desarrollando por parte de algunas empresas de energía eléctrica y de gas domiciliario, sistemas prepago, y existen casos como el servicio de acueducto en el estado de Tocantis en Brasil que funciona de esta manera.