INTRODUCCIÓN
Cuando la presente declaración se encontraba lista para entrar a la imprenta, el alcalde de Manizales y el gobernador de Caldas, al igual que la mayoría de los dirigentes políticos, acogieron la decisión del gobierno de Uribe Vélez, aplicada a través del Ministerio de “Protección Social” de proceder al cierre del Hospital de Caldas. Con mucho “pesar” y bastantes “lágrimas de cocodrilo” anunciaron que desarrollarán un plan de contingencia para atender a los enfermos, mientras encuentran una fórmula que, sobre la base de la inclusión del capital privado, “reabra el Hospital”. Se completa así el ciclo de aplicación de la Ley 100 de 1993, que, desde la Alcaldía de Germán Cardona y hasta la gobernación de Emilio Echeverri Mejía, ha acolitado a los gobiernos nacionales, para que se le arrebate a manizalitas y caldenses, el principal activo para la prestación de los servicios de salud.
En lo que a nosotros respecta, procederemos a convocar la resistencia civil y popular contra este nuevo atropello de quienes rigen los destinos de Caldas y contra las decisiones del gobierno autoritario de Uribe Vélez, creador y gestor de la Ley 100 que destruyó la salud pública de los colombianos.
LA CRISIS DE LA SALUD
Para nadie es un secreto la crisis que vive la salud pública en Colombia y, aunque ésta nunca ha estado bien, la verdad es que en los últimos diez años el proceso de deterioro se profundizó de manera alarmante, conduciéndola al peor estado de toda la historia.
Llegar a la situación en que nos encontramos tiene múltiples causas, pero la principal, sin lugar a dudas, es el proceso de privatización que se inició con la Ley 10 de 1990, se afirmó en la Constitución de 1991 y tomó cuerpo con la Ley 100 de 1993 y con decenas de decretos reglamentarios.
La concepción de la salud cambió drásticamente. De ser un servicio al que debe tener derecho toda la población, pasó a convertirse en un negocio. Tal es la esencia del dogma neoliberal impuesto por los organismos de crédito del gran capital nacional y extranjero, principalmente norteamericano, de someter la red pública hospitalaria, de un lado, a la “competencia por los clientes”, y del otro, a la obligación de dar servicio a los más pobres sin que el Estado pague el valor del servicio prestado, o haciendo este pago de manera insuficiente.
Los negociantes se están saliendo con la suya. El objetivo de destruir, disminuir, o, simplemente, retirar el respaldo del Estado a la red nacional hospitalaria, convertir los hospitales públicos en empresas obligadas a generar utilidades, cambiar los directores por gerentes y los pacientes por clientes, se está cumpliendo. Es esta política la que condujo a la crisis financiera que hoy acosa al Hospital ante la imposibilidad de “competir” y dar utilidades.
Durante la discusión de la Ley 100, al país se le dijo que el objetivo era la cobertura de toda la población en el nuevo sistema de salud; que el nuevo sistema mejoraría la calidad y que habría menores precios para los pacientes porque se destinarían mayores recursos. Ninguno de los tres supuestos se cumplió. Y aunque por toda la nación aparecieron las famosas EPS y ARS y el gobierno obligó a la “transformación” de instituciones como el Seguro Social y al cierre de cientos de cajas de previsión social que prestaban el servicio a millones de afiliados, el resultado es hoy peor que lo que teníamos en 1993, que ya era malo. Y las cifras no mienten.
A causa del desempleo provocado por la apertura económica, el número de afiliados se redujo en el régimen contributivo. Y en el llamado régimen subsidiado, en el que se aspiraba a tener para el año 2000 al 90% de los pobres, sucedió que, diez años después de expedida la ley, cubre escasamente al 52% de personas con necesidades básicas insatisfechas. Entre ambos regímenes no cubren sino el 54% de la población, meta bastante lejana de lo señalado demagógicamente cuando se impuso la Ley 100.
En cuanto a la calidad en la prestación de los servicios, el análisis de las cifras prueba la disminución de camas y la reducción de consultas y operaciones. La crisis es tan grave, que sólo en el Seguro Social se encuentran represadas más de 22 mil cirugías, hay escasez de droga y poco o casi nulo trabajo en prevención.
La conversión del paciente en cliente implica que las decisiones médicas se orienten, no por el beneficio de los enfermos, sino por el costo de las tarifas, los honorarios, el listado de medicamentos, los procedimientos de estudio, los tiempos de hospitalización y demás aspectos que dicha política contempla. Cabe resaltar las restricciones impuestas en los planes obligatorios de salud de las ARS y EPS, que, por su naturaleza, se ven obligadas a privilegiar su carácter de empresas y a buscar a toda costa rentabilidad y ganancias para sus accionistas. Ello las lleva también a eludir sus responsabilidades frente a las enfermedades de alto costo, llamadas enfermedades catastróficas, o a inducir a los pacientes a que se trasladen al Seguro Social, agravando la crisis del Instituto.
La otra meta, la rebaja en los costos de atención para los pacientes por el aumento de los recursos para la salud, tampoco se cumplió. En realidad lo que hay es un recorte, no sólo por el deterioro de la producción industrial y agrícola que no permite aportar a miles de desempleados, sino porque el Estado no ha entregado el dinero a las instituciones prestadoras de salud oficiales ESES, sino a los intermediarios financieros EPS y ARS.
Sin embargo, se acusa a los trabajadores de ser los causantes del desastre. Mientras que en 1998 los trabajadores afiliados al régimen contributivo le aportaron al régimen subsidiado 310.107 millones de pesos, o sea, más de la mitad del llamado Fondo de Solidaridad, el gobierno aportó tan solo irrisorios 70.239 millones de pesos, no obstante haberse comprometido a entregar 184.485 millones. El gobierno ofreció aportar el 23.4 % de los recursos para el régimen subsidiado, pero tan solo cumplió con el 12%. Como si fuera poco, el gobierno le debía en 1997 al Fondo de Solidaridad en Salud 531.315 millones de pesos, deuda que en algo ha amortizado, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que obligó al Ministerio de Hacienda a pagar.
A pesar de que los hospitales aumentaron sus ingresos en un 108% entre 1994 y 2000, el total de gastos de los mismos creció 155%. La facturación por venta de servicios pasó de 300 mil millones de pesos en 1994, a más de $1.1 billones en 1998, siendo estos ingresos casi el 50% de los recursos que manejan; sin embargo la crisis no ha cesado. Por el contrario, se profundiza. Todos los días hay titulares en los periódicos que señalan el cierre de hospitales, el paro de trabajadores, las deudas del sistema con médicos, laboratorios, especialistas y proveedores.
A lo anterior se agregan las erogaciones causadas a los hospitales por la atención a los llamados vinculados, que constituyen el grueso de la población no afiliada al sistema y que son más de 20 millones de colombianos. Son las cuentas imposibles de cobrar, por las cuales no responden ni los municipios, ni el ISS, ni las EPS, ni los departamentos ni la nación. Son pacientes atendidos por los hospitales y por los cuales nadie responde. Pero deben ser atendidos y está bien que así sea. También hay que señalar que las empresas eluden afiliar a miles de trabajadores a la seguridad social. La evasión crece y nadie la controla.
Si a todo lo que se ha mencionado añadimos la corrupción, la politiquería, el desvío de dineros de la salud, la falsedad en las encuestas del Sisben y la afiliación de papel que hacen las ARS “a las cuales el gobierno les pagó para que atendieran 7’500.000 personas y solamente prestaron los servicios a 3’500.000”, el cuadro que vemos es el de un enfermo terminal. De hecho, en 1996, las ARS se habían embolsillado el 56.58% de los recursos de la salud como gastos de administración. Para 1998, la cifra alcanzó al 40%. Es tanta la aberración, que el CNSSS definió que las ARS deben gastar como mínimo, del presupuesto que les entreguen los entes territoriales, el 75% en la atención de salud de sus afiliados. Cosa que tampoco se cumple porque no tienen quien los vigile de manera eficiente.
Son conocidas también las denuncias de muchos hospitales, porque ARS y EPS les niegan el pago de las cuentas, las glosan, se demoran en pagarles varios meses, incluso años, y alimentan la corrupción y el tráfico de influencias en los hospitales.
Esto es lo que ocurre en el ámbito nacional y repercute en nuestro departamento y municipio. La situación que sufre el Hospital de Caldas y otros más del departamento, es un fiel reflejo de la crisis de la salud pública.
LAS CIFRAS DE LA CRISIS DEL HOSPITAL DE CALDAS
Las cifras del Hospital de Caldas, muestran con claridad, la situación que padece:
La cartera del hospital a junio de 2003 era de $19.212.265.568 pesos. De la misma, tenía en disputa o en glosas de las EPS y ARS y de otras instituciones tanto públicas como privadas $13.579.198.817 pesos, la glosada por el sector privado era de $5.136.145.613, de la cual a los usuarios comunes y corrientes que no tienen con que pagar correspondía a $2.213.042.035 y el sector público tenía glosados $8.442.999.434.
Además de lo anterior, la cartera glosada que estaba vencida a 180 días o más era, del sector privado de $4.150.501.817 y la del sector público de $5.739.022.453. La deuda pública con el hospital vencida entre noventa y ciento ochenta días era de $2.123.179.799 pesos y la privada de $675.320.190 pesos. En esas condiciones no es posible para el Hospital de Caldas atender su funcionamiento.
Pero más grave aun es que, así todos los deudores le pagaran sus obligaciones, y las EPS y ARS y demás instituciones públicas y privadas cumplieran con su obligación, el Hospital tampoco podría funcionar correctamente porque tiene una crisis que es coyuntural por lo que le adeudan y le glosan, pero además es estructural, porque lo que recibe por la atención de los llamados vinculados y lo que le ingresa por la venta de servicios, no alcanza para pagar los gastos que debe realizar, para la prestación de los servicios a los que está obligado por Ley.
Según estudios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y tomando como base los datos suministrados por el Hospital, la deuda del mismo ha evolucionado de manera negativa así: A diciembre de 2001 debía $22.432.326.000, a diciembre 31 del 2003 debía $26.924.778.978, lo que quiere decir que así le cancelaran la deuda y le reconocieran las glosas, por simples costos de operación, tendría un déficit acumulado de más de ocho mil millones de pesos.
Es bueno señalar que este déficit no incluye las obligaciones del Hospital por el pasivo pensional, ni otras que se derivan de gastos distintos a sus costos de operación.
Desde 1999, cuando se aprobó el ingreso del Hospital a la Ley 550, éste ha sufrido cuatro reestructuraciones, ha despedido más de 750 trabajadores, modificó su planta física, entregó áreas enteras de prestación de servicios al capital privado, desmejoró la calidad en la atención y, sin embargo, con cuatro largos años de aplicación de la política de “salvamento” que se impuso, el resultado es peor: su cierre y liquidación.
LO QUE SIGUE
Se trata de algo que será, sin lugar a dudas, más grave para caldenses y manizalitas: eliminar servicios, reducir la atención, cerrar camas hospitalarias, reducir operaciones quirúrgicas y conducir a las distintas instituciones que prestan servicios en Manizales a la quiebra. Con el argumento, ya oído al Ministro de Protección Social, de que para Manizales y Caldas se requiere un solo Hospital de tercer nivel y que los demás sobran, se planea la fusión de los hospitales. Pero de continuar con este modelo, a lo que se llegará es a la quiebra de todas las instituciones públicas.
En la lógica de los neoliberales, a nuestro pueblo no le falta atención en salud, el sistema está saturado, no hay pacientes para atender, ni operaciones represadas, ni nacen, cada vez más, niños en las casas, ni tenemos miles de enfermos terminales o que padecen enfermedades catastróficas. Tampoco hacen falta medicamentos farmacéuticos, ni material médico quirúrgico, de osteosíntesis, ni gasas medicinales, ni material para laboratorios, ni oxígeno, sangre y demás elementos para la prestación de un servicio adecuado.
Pero la realidad es que las gentes que pueden ir a los hospitales no encuentran la atención requerida y miles que no lo pueden hacer se mueren en sus casas sin la menor atención.
Es cierto que el Hospital de Caldas tiene problemas en su facturación, en el cobro de sus servicios, en la gestión desarrollada por su administración, pero ante todo el Hospital tiene el problema que tiene la salud en Colombia: Los intermediarios financieros se quedan con buena parte de los recursos de la salud, sin prestar el servicio, sin atender a los pacientes, dedicados a recibir dineros del Estado y de los usuarios y a hacer jugosas utilidades.
Mientras los recursos no sean girados directamente a la red pública y sobre la base de subsidios a la oferta y no a la demanda, como ocurre hoy, la red pública seguirá en esta crisis y los colombianos continuarán sin la atención adecuada, oportuna y de calidad que requieren para su bienestar. Para lo inmediato en el Hospital de Caldas debemos exigir, por un lado, el pago de lo adeudado por parte de todas las EPS, ARS y demás instituciones del nivel que sean, incluidos el Municipio de Manizales y la Gobernación de Caldas, y por el otro, constituir un Frente Común que exija al gobierno nacional, los recursos suficientes para la prestación del servicio, en condiciones de oportunidad, calidad y cobertura, a todos los que lo necesiten.
Finalmente, debemos señalar que en el escenario de un acuerdo como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o en el ALCA, la situación será peor porque en dichos tratados se contempla la privatización total de la salud y la entrega de la misma a los operadores privados internacionales, para que la conviertan en todos sus niveles en negocios privados, donde sea el capital financiero el que imponga las condiciones en la prestación del servicio e integre de manera vertical el negocio, poniendo en riesgo incluso a los prestadores privados de las pequeñas y medianas IPS que hoy con muchas dificultades operan en el país.
LO QUE PROPONEMOS
Ante esta realidad debemos unir todos los sectores afectados: médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores y estudiantes de la salud, autoridades hospitalarias, usuarios, dirigentes políticos, sindicales y gremiales que quieran adelantar una lucha civilizada y democrática para exigir al gobierno, la reapertura inmediata del Hospital de Caldas, mediante la destinación de los recursos necesarios y suficientes para saldar sus deudas. De igual manera, debemos unirnos para luchar por una solución estructural a la crisis de la salud pública, que parta de la derogatoria de la Ley 100, elimine la norma constitucional que permite la presencia del capital financiero en la salud y enfrente la amenaza del TLC y el ALCA, sin lo cual no será posible solucionar la crisis de la salud y mantener abierto y en óptimas condiciones de funcionamiento el Hospital de Caldas.
Comité Regional del MOIR de Caldas
Oscar Gutiérrez Reyes
Diputado Asamblea Departamental.
Manizales, junio de 2004
POSDATA: SIGLAS USADAS EN ESTE TEXTO.
EPS: Empresa promotora de salud.
ARS: Administradoras de régimen subsidiado.
ESES: Empresas sociales del Estado.
ISS: Instituto de los seguros sociales.
CNSSS: Consejo nacional de salud y seguridad social.
ALCA: Área de libre comercio de las américas.
IPS: Instituciones prestadoras de salud.
TLC: Tratado de libre comercio.