Honorables Miembros:
Comité de Relaciones Internacionales
Parlamento de Canadá
ASUNTO: Situación de Derechos Humanos en Colombia ha empeorado. No se debe aprobar el TLC.
Desde el pasado 25 de mayo, cuando el gobierno conservador de Stephen Harper intentó sin éxito aprobar el TLC con Colombia, la situación de derechos humanos, social y económicos en Colombia no solo no ha mejorado, sino que cada día se establece con más fuerza el autoritarismo, la antidemocracia y la intolerancia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La democracia colombiana está acorralada y al borde de desaparecer. La oposición, las cortes de justicia y otras instituciones se encuentran vigiladas electrónicamente, estigmatizadas y perseguidas por el gobierno. La pretensión reeleccionista del presidente Uribe avanza destruyendo la separación de poderes, las instituciones legítimas y la propia Constitución Nacional, como lo demuestran, entre otros, los siguientes hechos:
• Los múltiples escándalos del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS -organismo de seguridad al mando del presidente- involucrado en investigaciones por persecuciones e interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, la prensa y la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las pruebas que involucran a altos funcionarios del Estado con la orden para cometer esta violación, aún hoy este organismo continúa con las mismas prácticas ilegales.
• Los escándalos que envuelven a los hijos del presidente Uribe por el tráfico de influencias para enriquecerse, haciendo aprobar Leyes de la República y usando sus influencias para hacer multimillonarios negocios.
• La entrega de Notarías, a cambio del voto de congresistas por la aprobación de la reelección de Uribe Vélez en el año 2006, que involucra a sus ministros, asesores y a sus propios hijos. Estas prácticas corruptas aparecieron nuevamente este año, en la aprobación del referendo para permitir la segunda reelección de Uribe.
Los colombianos sufrimos una azarosa situación de miseria, hambre, exclusión y desempleo, como resultado de cerca de dos décadas de aplicación del modelo de “Libre Comercio”, que se intenta profundizar con el Tratado de Libre Comercio que negociaron los gobiernos de Harper y Uribe.
Queremos, a través de la presente, ratificarnos en las denuncias que cientos de organizaciones sociales, sindicales y políticas de Colombia hicieron llegar al Parlamento canadiense el 20 de abril del presente año, manifestando que “firmar este Tratado, además de hacer de Canadá cómplice de los innumerables crímenes cometidos por el Estado colombiano -crímenes denunciados por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos- significa desaprobar el trabajo de defensa de los derechos humanos en el que se ha comprometido una importante parte de la población canadiense”.
Posterior a esa misiva, el 11 de junio de 2009, cuando el presidente Álvaro Uribe se encontraba de gira por Canadá intentando desesperadamente hacerle creer a la comunidad internacional que en Colombia existía una “democracia profunda” y un gobierno respetuoso de las libertades ciudadanas y los derechos humanos, la Procuraduría General, entidad al servicio de los intereses del gobierno colombiano, decidió abrirle una investigación al senador de la oposición Jorge Enrique Robledo, quien había intervenido el 26 de marzo en el Comité de Relaciones Internacionales del Parlamento canadiense para argumentar las inconveniencias de aprobar el TLC entre Canadá y Colombia. Esta decisión es vista por sectores democráticos en Colombia como una persecución política de parte del gobierno de Uribe, igual a la que sufren destacados congresistas como Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja.
La situación de derechos humanos en Colombia es dramática. El 18 de junio el relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, señaló que los mal llamados “Falsos Positivos” o Crímenes de Estado, se convirtieron en una práctica sistemática.
Las ejecuciones extrajudiciales han aumentado en una cantidad alarmante. Según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la oficina del Procurador General ha iniciado investigaciones sobre 112 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en 2008. Además, alrededor de 473 casos adicionales, la mayoría de los cuales ocurrieron en 2006 y 2007, fueron remitidos a la Unidad Nacional de la Procuraduría General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el 2008. Esta Unidad está investigando actualmente 716 casos relacionados con más de 1.100 víctimas. Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una amplia práctica cometido por un gran número de unidades militares en todo el país.
De igual forma, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, también dijo que “Colombia registró un importante número de ataques en 2008 contra los defensores de derechos humanos y sindicalistas. La práctica preocupante de algunos altos funcionarios del Gobierno de estigmatizar públicamente a defensores de derechos humanos y sindicalistas, como apoyo y simpatizantes de los grupos guerrilleros, continua”, manifiesta el informe.
Estos hechos tienen a la comunidad internacional con los ojos puestos sobre el gobierno colombiano, lo que ha provocado importantes visitas de los relatores especiales de la ONU y de fiscales de la Corte Penal Internacional.
Por estas razones, creemos que el Comité de Relaciones Internacionales del Parlamento canadiense debe abstenerse de aprobar el TLC entre Colombia y Canadá y evitar convertirse en cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 7 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Cordialmente,
ENRIQUE DAZA GAMBA
Vocero de RECALCA
* Recalca congrega a 53 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.