José Arlex Arias, Cartagena, enero 22 de 2018
El dilema sobre la guerra o paz mantiene a los colombianos con una venda en los ojos que les evita ver la cruel realidad de nuestro país, afectada por el centenario fenómeno de la corrupción, que volvió normales los desfalcos más asombrosos de la historia nacional. Hoy, cuando la población tiene más posibilidades de expresarse y de reaccionar a través de las redes sociales –puesto que los grandes medios continúan cuidando las espaldas a los gobernantes–, se conocen hechos que demuestran el grado de descomposición de una mayoría de la dirigencia, quienes son caracterizados como “los mismos con las mismas”. Uno de los nichos preferidos para la corrupción son las obras de infraestructura, en las cuales, vía licitaciones amañadas, entregan concesiones y “billonarios” contratos, con los que las multinacionales y algunos empresarios nacionales tumban el erario e incluso atentan contra la vida e integridad de sus habitantes. La degradación es tal que en el Congreso “arman” legislaciones casi que con nombre propio, complementadas por decretos y normas ejecutivas, para facilitar ese saqueo. La corrupción, valorada por la Contraloría General en $50 billones anuales, es la mermelada que aceita las máquinas para elegir gobiernos y legisladores, tal como quedó demostrado con el caso de Odebrecht. Esa es una lectura de la decisión del presidente Santos de asignar la principal función de su vicepresidente, Vargas Lleras, de construir viviendas y obras de infraestructura.
El pasado 15 de enero se desplomó el costado occidental del puente conocido como Chirajara, levantado en una zona montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá-Villavicencio, que a lo largo de sus 120 kilómetros incluye decenas de puentes y túneles. Este viaducto es del tipo atirantado, con una longitud de 446 metros y a 286 metros de altura; estaba previsto que fuera entregado en junio de este año, como parte de la vía 4G adjudicada al consorcio Coviandes por $3,1 billones. Su desplome dejó 9 obreros muertos, 5 desaparecidos y 8 heridos y se cayó por “causas que aún se desconocen y serán materia de investigación”, según informó Coviandes. El ministro de Transporte, Germán Cardona, aseguró que “la empresa concesionaria (Coviandes) cuenta con todas las pólizas de seguros y garantías para asumir el costo del puente, incluyendo el apoyo a las familias”.
Lo politiquero y sospechoso del hecho es que el pasado 17 de noviembre, el presidente Santos, el hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el ministro de Transporte, Germán Cardona, el Presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich y el gerente de Coviandes, Alberto Mariño Samper, inauguraron el puente de Chirajara, y aseguraron que para el mes de marzo de 2018 todo el tramo estaría terminado. “son similares a los que encuentra uno en los países desarrollados: en Suiza, en Alemania, en los Estados Unidos…”, dijo Santos. En este gobierno, cuatro puentes se han desplomado en el país. Ya es hora que el gobierno y sus funcionarios asuman la responsabilidad económica y política por estos hechos. El año pasado murieron 21 obreros en Cartagena por el desplome de un edificio y 8 más por el incendio de dos barcazas. El pueblo clama se dicte pronta justicia. ¡Así como mueren obreros, hay que desplomarles la estantería política!