La Ley 142 de 1994 definió que los estratos 1, 2 y 3 recibirían un subsidio hasta de 50%, 40% y 15% sobre los consumos de subsistencia; para el estrato 3, se condicionó su entrega a que los fondos de solidaridad y redistribución dispusieran de los recursos suficientes, y de ello se encargó a las comisiones de regulación.
La ley dispuso también que los subsidios sólo se les apliquen a los consumos básicos o de subsistencia, es decir, a las cantidades mínimas con las que “se satisfacen las necesidades básicas de un hogar en un mes”, según criterios y cálculos del gobierno nacional. Para acueducto, el consumo básico se fijó en 20 mts3, para telefonía local en 250 impulsos y para energía eléctrica en 200 kw/hora/mes. Esto significa que los consumos que registren los usuarios por encima de estas cantidades se cobran con la tarifa del estrato 4, que corresponde al “costo medio de prestación del servicio”.
El ALCA y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos exigen la desaparición de los subsidios de carácter estatal. Anticipándose a esta exigencia, el gobierno de Uribe, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y mediante la Resolución 355 del 8 de julio de este año, redujo los consumos de subsistencia para el servicio de energía eléctrica, lo que en la práctica es un alza tarifaria.
El siguiente cuadro explica la forma como se aplicará la reducción del subsidio en la energía eléctrica. La altura a la que se refiere el cuadro, hace referencia a los metros sobre el nivel del mar. La mayoría de la población vive en municipios ubicados por encima de los 1000 mts.
Esta medida es un nuevo atentado contra los estratos 1, 2 y 3 de la población, que constituyen el 85% de los usuarios del país, a quienes se les incrementará el valor de las facturas a partir del 1º de agosto.
Uribe y su gobierno, atendiendo mansamente las orientaciones del FMI y el gobierno norteamericano, redujo también el consumo básico en telefonía local, de 250 a 200 impulsos; y prepara la reducción en el servicio de acueducto. Simultáneamente avanza un proceso de reestratificación que tiene como objetivo reducir el número de usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
Ante todas estas medidas, el incremento de tarifas para estratos 1 y 2 con base en la inflación, según lo contempla el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812), es simple demagogia. La reducción de los consumos básicos significa nuevas alzas que hacen más difícil para los usuarios el pago de las facturas. La tecnocracia neoliberal, mediante todas estas artimañas, continua su política de aumentar las ganancias para las empresas y “aliviar” el déficit fiscal, asaltando los bolsillos de los más pobres.