Estos inversionistas además saben que poseen la capacidad para extorsionar al Estado, puesto que las privatizaciones tienen que hacerse según lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en consonancia con el espinazo flexible de quienes gobiernan a Colombia.
A principios del mes de octubre pasado, el gobierno nacional decidió aplazar, nuevamente y para marzo del 2002, la privatización de las distribuidoras de energía eléctrica de Caldas, Quindío, Meta y Cundinamarca. Pero esa decisión —que en principio es buena porque amplía el plazo para oponerle resistencia al negociado— viene envenenada, dado que dicho aplazamiento lo que busca es mejorarle las condiciones para hacer ganancias a los compradores.
Los inversionistas interesados en la capitalización de esas empresas se negaron a participar en la licitación porque, según ellos, no son lo suficientemente buenas las condiciones en que se las ofrecen, de acuerdo con las enormes utilidades que esperan. Lo que pretenden —y lo que busca concederles el pastranismo— es que se elimine la norma que prohibe que una empresa pueda poseer más del 25 por ciento del mercado, medida que así fuera solo en el papel se definió para ponerle controles a los monopolios. Y lo otro que aspiran modificar es el régimen tarifario, pues consideran que las tarifas vigentes son muy bajas. En palabras de Abraham Korman, de Asocodis: “la tarifa actual no da ningún margen posible para inversiones de calidad”. Pobrecitos. Y estos inversionistas ade más saben que poseen la capacidad para extorsionar al Estado, puesto que las privatizaciones tienen que hacerse según lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en consonancia con el espinazo flexible de quienes gobiernan a Colombia.
También les toca resolver antes de estas privatizaciones el famoso PPA (contrato de compra de energía garantizada) que tiene suscrito la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), pues no hay capital privado que acepte pagar —como sí se lo impusieron los neoliberales a las empresas estatales— por una energía que ni se produce ni se consume, negociado que le cuesta a esa empresa 30 mil millones de pesos anuales. Ahora, muy seguramente, el gobierno nacional sí asumirá esas pérdidas, porque de lo que se trata es de hacerle el mandado a los monopolistas privados.
El aplazamiento también tiene que ver con lo impopular que le resulta al gobierno subir nuevamente las tarifas —por encima de los notables incrementos ya decididos y en aplicación— en plena época electoral, y más cuando sabe que los colombianos estamos hasta la coronilla con el boleteo de las facturas de los servicios públicos. Claro que ya el exministro de Minas y Energía, Carlos Caballero Argáez, explicó que eso se resuelve subiéndolas “gradual y sostenidamente en el futuro”, con lo que aspiran a que la exacción se note menos y no genere protestas.