El Frente Común por la Defensa de la Salud Pública y el Hospital de Caldas, ha emitido una declaración llamando a cerrar filas en torno a la inmediata reapertura del primer centro de salud del Departamento. Transcribimos el texto completo:
La decisión del Alcalde de Manizales de suprimir la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos, atención especializada y urgencias, que prestaba el Hospital de Caldas, aboca a la ciudad y a los municipios del departamento a una gravísima emergencia hospitalaria. Así el gobierno departamental haya implementado un plan de contingencia para atender a los “vinculados”, es decir, a los más de quinientos mil caldenses que no disponen de ninguna protección en salud, y paliar la crisis provocada por esta irresponsable decisión, la verdad es que se comete una brutal agresión contra los sectores populares de la ciudad y el departamento.
Alegando que su obligación es la prestación de los servicios de salud de primer nivel y esgrimiendo la “quiebra” e iliquidez del primer centro de salud de Caldas, el Alcalde, con el apoyo del Gobernador y la tácita aceptación del gobierno nacional, cerró el Hospital de Caldas, dejando a miles de pacientes sin la posibilidad de ser atendidos. Es claro que el llamado “plan de contingencia”, que, como va, se volverá permanente, no cubre las necesidades de atención, además de dejar sin empleo a varios centenares de médicos, paramédicos, enfermeras y trabajadores.
La decisión del Alcalde de Manizales puede conducir a que las instalaciones se deterioren y el hospital entre en proceso de liquidación, y que, en medio de la misma, sean los intermediarios financieros de la salud o los grandes monopolios extranjeros dueños de las EPS, quienes adquieran a menos precio este valioso patrimonio de la ciudad y los caldenses. De esa manera, el gran capital privado saldría altamente beneficiado y continuaría el proceso de privatización de los servicios de salud que el Fondo Monetario Internacional le impuso a la nación, a través de las políticas neoliberales aprobadas en la Ley 100 de 1993, de la cual fue ponente el presidente Uribe Vélez.
En conversaciones sostenidas, el gobernador ha manifestado que se debe reestructurar la red pública hospitalaria del departamento y que Caldas tiene más hospitales de los que necesita. Que la obligación del gobierno departamental es atender la prestación de los servicios de salud en el segundo y tercer nivel y no la de ser propietario de hospitales. Que el hospital Santa Sofía también tiene problemas y requiere seis mil millones de pesos para reforzar estructuralmente los edificios y cumplir con las normas de sismoresistencia.
De igual manera, el Gobernador expresa que su obligación es atender la prestación de servicios, así sea contratando con instituciones privadas o con empresas de capital mixto y que la gobernación no tiene como atender la reapertura del hospital de Caldas porque también se “quebraría”.
Sin embargo, muchos creemos, al contrario de lo que opina el gobernador, que para garantizar salud para el pueblo caldense y evitar que las EPS privadas se queden con este patrimonio, se requiere que el gobierno departamental, con decisión y voluntad política, asuma la tarea de reabrir el centro hospitalario, con el carácter de empresa estatal, pública y dedicada a la atención de la población.
No dejar que se pierda la planta física y la dotación hospitalaria, se convierte en obligación del gobierno departamental, así para ello sea indispensable exigir al gobierno de Uribe Vélez, los recursos necesarios y suficientes, que, por varios miles de millones de pesos, permitan cubrir las deudas y salvar el hospital. De lo contrario, la administración municipal, para atender los compromisos derivados de la “quiebra del Hospital”, terminaría vendiéndolo a menos precio a los agentes privados. Para nadie es un secreto el interés de las EPS de quedarse con la mejor y más avanzada infraestructura física hospitalaria que posee la ciudad y el departamento.
De las declaraciones de las autoridades municipal y departamental se puede deducir, sin calumniarlos, que tienen poco interés en que se reabra el hospital de Caldas.
Quienes integramos el Frente Común por la Defensa de la Salud y el Hospital de Caldas, ante la negativa de las autoridades nacionales, departamentales y municipales de encontrar una solución que permita la reapertura del centro hospitalario, hemos tomado la decisión, aprobada en una asamblea popular con la participación de más de mil dirigentes cívicos, sindicales, gremiales y políticos, de promover la realización de un paro cívico municipal para exigir a las autoridades nacionales, en especial al presidente Uribe Vélez y al gobierno departamental, la reapertura inmediata del Hospital de Caldas, en óptimas condiciones de funcionamiento y aprovechando el recurso humano del que dispone la institución.
Llamamos a todos los manizalitas y caldenses sin diferencia alguna, a los trabajadores hospitalarios, a las facultades de medicina, a los estudiantes y a los millares de usuarios de la salud pública a preparar el paro cívico que se realizará el próximo 18 de agosto.
Luchemos con valor civil para lograr que se reabra el Hospital de Caldas, público, estatal y al servicio del pueblo.