Javier Gaviria Betancur, Presidente Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios
Después de tres años de discusiones, asesorías y consultorías (externas, la mayoría de peritos del Banco Mundial), la Comisión Reguladora de Agua Potable – CRA, acaba de anunciar públicamente al país que ya tiene decidida la nueva fórmula tarifaria que habrá de regir durante los próximos cinco años para el servicio público de acueducto y alcantarillado. Anuncio que coincide, no casualmente, con otra serie de medidas que se habrán de adoptar por diversas oficinas del gobierno nacional relacionadas con la prestación de los servicios y por la propia Comisión Reguladora. Medidas, todas, que conjugadas, advertimos, empeorarán el drama de los usuarios de todo el país, pues están diseñadas exclusivamente para garantizar mayores rentabilidades a los voraces inversionistas privados, sin importar la insolvencia generalizada de las familias.
El Plan Nacional de Desarrollo de Uribe “Hacia un Estado comunitario” o Ley 812 de junio 26 de 2003, precisó el rumbo que se le imprimiría a la nueva fórmula tarifaria y consignó también algunas de las medidas que la complementarían, para mayor eficacia de su cometido. En el artículo 8º, literal B, numeral 4 de la mencionada ley, se lee textualmente: “En cuanto al agua potable y saneamiento básico… se ajustará el esquema tarifario y de subsidios para que incentive la inversión”. En estos términos quedó consignada la orden filosófica y económica a la que se debía someter la actuación de la CRA al producir la nueva fórmula tarifaria, en una relación de medio a fin: ajustar las tarifas y los subsidios siempre buscando incentivar a los inversionistas.
Ya conocido el Nuevo Marco Regulatorio o fórmula de tarifas, se advierte que son grandes los cambios, tanto en los antiguos componentes, como en el ingreso de nuevos elementos. Veamos de manera resumida esta medida que consideramos un peligro mayor para el derecho a acceder a servicio tan vital como es el del agua potable.
Dos componentes integran la fórmula tarifaria: un cargo fijo que corresponde a los costos de administración de la empresa y un cargo variable que incluye los costos de operación, mantenimiento e inversión.
De los costos de administración excluirán la porción corriente del pasivo pensional y el factor prestacional será limitado a un valor máximo o techo considerado eficiente o competitivo, mecanismo con el cual pretenden hacer ver a los trabajadores como responsables por los altos costos del servicio, ocultando el verdadero origen de toda alza: las insaciables exigencias de rentabilidad de los inversionistas privados. Aclaremos que el cargo fijo representa el 20% de la factura, mientras que el cargo variable es el 80%. En el cargo fijo, el pasivo pensional en su porción corriente es apenas el 40%, es decir, el 8% del total de la factura, mientras que la rentabilidad es el 14.5%, es decir, casi el doble de toda la porción corriente del pasivo pensional de los trabajadores. Pretenden confrontar a los usuarios con los trabajadores, para que aquellos tercien en contra de las Convenciones Colectivas. Que Caín mate de nuevo a Abel, pero que siga viviendo el verdugo de ambos, es la consigna de estos neoliberales.
A los costos de operación y de inversión, que forman el cargo variable, se le introducen notables modificaciones y se le agregan nuevos costos, no asumidos antes por los usuarios. En la fórmula tarifaria anterior, que regía desde 1996, las tasas ambientales estaban calculadas en una proporción menor dentro de los costos de operación que se trasladaban a los usuarios, creando respecto de la otra porción una enorme deuda que arrastran hasta hoy bastantes empresas con las Corporaciones. Ahora se resolverá el asunto trasladando a la factura, de manera plena y directa, todas las tasas ambientales, no sólo las de uso, sino también las retributivas y las compensatorias.
Lo mismo ocurrirá con los costos de inversión, pues ahora se incluirán no solo los de reposición y expansión, sino también los de rehabilitación. Inversiones que ya no serán sustentadas por su factibilidad, como venía ocurriendo, sino por metodología de costos. Es decir, que los catorce billones de pesos que requiere el sector en infraestructura y otras inversiones, durante los próximos cuatro años, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, provendrán de la factura de los usuarios. Como lo anotara el experto comisionado de la CRA, Carlos Eduardo Hernández Celis: “el agua deja de ser servicio del Estado, ahora hablamos de la industria del agua”.(1)
Para despejar cualquier duda respecto del sentido y la meta que tienen estos cambios, basta con escuchar la voz del Director Ejecutivo de la CRA, Doctor Cristian Stapper Buitrago, quien en la audiencia pública del 12 de febrero de este año, celebrada en Medellín, para presentar la nueva fórmula tarifaria, afirmó lo siguiente: “A cada paso me preguntan: van a bajar las tarifas? Yo tengo una responsabilidad frente a 2.500 empresas reguladas, difícilmente puedo hacer esa afirmación”. Y a renglón seguido agregó: “hay un documento Conpes del año pasado que nos advirtió que la presentación de la regulación nueva no podía inducir a la creencia generalizada de que iban a bajar las tarifas”. (2)
Sin embargo, los usuarios tenemos todo el derecho y las razones suficientes para tener la creencia generalizada de que sí van a subir las tarifas desde el 1º. de abril, fecha de inicio del llamado primer tramo de la medida. Establece también la fórmula un segundo tramo para aplicar a partir del 1º. de enero de 2005, quizás en la creencia de que así no percibiremos la magnitud del daño.
Se complementa la fórmula con otras dos decisiones, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y con una tercera, próxima a ser tomada por el Ministerio del Medio Ambiente y la Comisión Reguladora de Agua potable.
Dijimos desde el inicio que se trata de ajustar el esquema tarifario y de subsidios para incentivar la inversión. Ya está listo el esquema tarifario, que como lo acabamos de analizar nos anuncia más alzas. La pregunta que debemos responder es: ¿Cuál será el nuevo esquema de subsidios?
Primero recordemos algunos datos de la situación actual de los sectores sociales subsidiados para que se entienda bien el alcance de las medidas que llamamos complementarias y que se refieren al “ajuste del esquema de subsidios”.
En el 84% de los municipios del país no hay quien aporte a los Fondos de Solidaridad, el 85% de los usuarios del país pertenece a los estratos 1, 2 y 3, subsidiables y, el 65% del agua facturada por las empresas es consumida por los estratos subsidiados. En términos de expertos comisionados, hay abundancia de usuarios subsidiables y escasez de aportantes de recursos para atenderlos. Y en términos de pesos se dice que hay un déficit anual de seiscientos veinte mil millones de pesos, pues mientras los subsidios demandan seiscientos ochenta mil millones de pesos, sólo se recaudan sesenta mil millones de pesos (3). En consecuencia, a solucionar este déficit es que apunta el ajuste del esquema de subsidios. Veamos cómo:
1. Antes del 30 de noviembre de 2004, los alcaldes de todo el país realizarán, adoptarán y aplicarán una nueva reestratificación para los conglomerados de vivienda con más de 4.000 habitantes – cabeceras municipales urbanas y centros poblados rurales. (Plan Nacional de Desarrollo –PND-, Art 8º, literal D, numeral 3). Para el efecto fue encargado el DANE, el cual ya comenzó la reestratificación en varias ciudades mayores e intermedias. En virtud de esta medida se atacará la cifra considerada abundante para reducirla notoriamente, es decir, la del 85% de usuarios clasificados en estratos 1, 2 y 3.
2. Los subsidios se aplicarán a estratos 1 y 2, no al 3, sobre el llamado consumo básico. La variación mensual de la tarifa será igual al índice de precios al consumidor. Pero, “de acuerdo con la disponibilidad de recursos”. se focaliza según la cuantía de los mismos, para dar subsidio “a los más pobres de los municipios más pobres” ( PND, Art 116).
3. El Ministerio del Medio Ambiente prepara la expedición de un decreto que revisa el monto del llamado consumo básico de agua, hoy fijado en 20 mts3. Tan pronto se produzca esa norma se expide la correspondiente Resolución de la CRA, es decir, se mermará el consumo básico, sobre el cual se calculan los subsidios.
En resumen, mientras la nueva fórmula ajusta el esquema tarifario, estas tres medidas se encargarán de ajustar el esquema de subsidios. Mayores tarifas, menores subsidios es el rumbo inequívoco de estas reformas.
NOTAS:
(1) Carlos Eduardo Hernández Celis. Experto comisionado de la CRA. Audiencia pública del 12 de Febrero de 2004. Auditorio del IDEA, Medellín. Transcripción de la grabación tomada por el autor.
(2) Cristian Stapper Buitrago. Director Ejecutivo de la CRA. Audiencia pública del 12 de Febrero de 2004. Auditorio del IDEA, Medellín. Transcripción de la grabación tomada por el autor.
(3) Revista Deslinde, CEDETRABAJO, Bogotá, número 32, noviembre-diciembre 2002. Página 29. Javier Gaviria B. “Con Uribe: sigue cartilla del FMI en los servicios públicos”.