Aurelio Suárez Montoya; Asesor Liga deUsuarios de Servicios Públicos , Pereira.
Es momento muy oportuno el que se presenta con el cambio de la administración municipal en Pereira para hacer un balance acerca de lo acontecido acá con los servicios públicos domiciliarios en los últimos nueve años. El derecho ciudadano a energía, comunicación y saneamiento básico, trastocado en este lapso en negocio, es una, si no la mayor, penosa carga para los presupuestos de los hogares pereiranos, quienes además siguen soportando una profunda crisis económica con sus secuelas de estrechez, ruina, descomposición y desempleo, conjurada apenas con los paliativos que emigrantes, que buscaron destinos promisorios, giran para sostén de sus familias.
Desde que el gobierno de Juan Manuel Arango en mayo de 1994, sumiso a una imposición del BID, promovió la división de las Empresas Públicas, el acceso y el pago de los servicios públicos domiciliarios en Pereira se tornó en nuevo vía crucis como legado del neoliberalismo aplicado en Matecaña. Ninguna de las subdivisiones locales de la politiquería tradicional se encuentra exenta de haberlo agravado; al contrario, algunos, como los de la “casa de Enrique Soto”, han reincidido, ya que lo hicieron tanto en épocas de “la aplanadora” de Unidad Liberal como en las del recién fenecido Pacto de Guacarí. Ellos y sus “tecnócratas” suman una cadena interminable de errores pagados por los usuarios en proporciones únicas en Colombia. Y, para colmo de colmos, los enviados por EPM para dirigir la Telefónica, después de hacerse a ella a menos precio, acrecentaron los males; consentidos por los miembros del municipio en la Junta Directiva de esa empresa, quizás a cambio de prebendas, como el nombramiento en la nómina de sobrinos de la alcaldesa. No hay razón que explique haber acolitado las barbaridades ya conocidas.
Ninguno de los argumentos con los cuales el BID como ventrílocuo puso en boca de “sus muñecos” para justificar el adefesio se ha cumplido en la realidad. No hay más honestidad (basta con Isabel Cristina Vargas), ni más tecnología, ni más eficiencia, si se entiende por eso al menos un mejor servicio para “los clientes” al mismo precio, ni mayores ingresos para el erario municipal y ni siquiera hubo una distribución con equidad social de los recursos obtenidos con la enajenación de parte del patrimonio. De éstos últimos, pese a lo pregonado en su momento por algunos concejales para apoyar la venta, no queda casi ni un peso, el grueso se invirtió en avenidas para los estratos altos y en la renovación urbana al servicio de un hipermercado, de negociantes y financistas de finca raíz comercial, en detrimento de los habitantes tradicionales, del comercio minorista y los venteros. Otros pesos se han despilfarrado, como en desfiles de “top models” para inaugurar escalinatas, y otros más permanecen embolatados en uno de los patios de la cárcel La 40.
Contra lo que aquí se expresa, procede la costosa y voluminosa propaganda oficial de cada periodo, especialmente la del gobierno de Martha Bedoya, convencida de “que el papel puede con todo” incluso sobre los 20.000 usuarios que hoy tienen suspendidos los servicios o sobre la sangre que ha hecho derramar para imponer las políticas neoliberales. Los datos siguientes, que maliciosamente se ocultan en los informes, sirven de mentís a las jerigonzas y cuñas con las que se intenta tapar el sol con las manos. En diciembre de 1994, una familia de estrato uno de Pereira, pagó $ 10,55 por un metro cúbico básico de agua, en 1997, en enero, el costo había ascendido a $ 27,17 y en mayo de 2003 ya pagaba $ 352,35. Si a lo pagado en 1997 se le aplica la inflación ocurrida entre ese año y el mes de mayo de 2003, el valor debería ser de sólo $ 56. Es decir, el incremento es de más del 500% (¡!) en pesos reales. ¿Qué diría de esto la Contraloría General de la República, que en reciente informe alertaba porque en el mismo periodo en Bogotá para el mismo estrato el alza fue del 223%? Y también para los estratos medios y altos: el estrato 4 en 1997 pagó por metro cúbico básico $ 74,86 y, en mayo de 2003, $704,69, un alza efectiva, en pesos reales, de más del 350% y para el estrato 6, que pagó en 1997, por metro, $357,7 y, en mayo de 2003, $ 986,57, significa un aumento, sobre la inflación, de más del 35%. Ésa es la causa real de las publicitadas utilidades de la empresa AGUAS y AGUAS. En los libros, folletos, poesías al agua y reportajes que tanto reparte la gerente actual nada se menciona al respecto.
Lo peor es que pese a lo anterior, merced a los costos del préstamo del BID, no está garantizada hacia el futuro la viabilidad de la Empresa; así reza en la página 66 del Informe de Gestión de junio de 2003: “El margen de error por exposición a variables externas y de política económica y social que por ende no permiten prever con exactitud la definición del futuro más cercano, debe minimizarse a través del seguimiento permanente a la viabilidad de la Empresa”, ello es debido a que, como también lo menciona el documento, “el endeudamiento financiero muestra una tendencia en el periodo a crecer dados los compromisos del recurso del crédito externo con el BID…” y eso que hasta ahora se ha recibido algo menos del 40% del préstamo en dólares. Un quebranto serio en la tasa de cambio podría dar al traste con todo y tendría como contrapartida única mayores alzas en las tarifas.
Y, más serio todavía, es que el espíritu privatizador del préstamo del BID no ha sido contrariado por ninguno de los gobiernos; continua vigente la orden de “contratar un gestor comercial”, de otorgar a una firma privada con las respectivas entradas la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales y, para garantizar esa orgía privada y la honra del crédito, “transformar la naturaleza de la Empresa en empresa mixta”. He ahí la verdadera intención de vender acciones a los usuarios, así sea a valores inferiores a los consignados en libros, y entregar a dedo “a los gremios” el gobierno de la entidad a la luz de un ingenioso código para tales fines. A eso, con cinismo, la gerente llamó “fantasmas inventados” cuando se denunció así en el Concejo. Algo que por fortuna fallidamente también se quiso hacer en Manizales.
En cuanto a la Telefónica, la joya perdida, el asunto es tan o más lamentable. Sus utilidades vienen principalmente de los escandalosos aumentos en las tarifas y en el cargo fijo. Así, en diciembre de 1998 un hogar de estrato 3 pagaba $ 18,53 por impulso, en diciembre de 2002 pagó $48,12 por todo impulso cuando se superaban los primeros 250 y para el 4 también en ese tiempo pasó de $20,42 a $ 48,12. Si a lo pagado en 1998 se le aplicara la inflación el valor del impulso para el estrato 4 debió ser en 2002 de $ 28,44. El incremento real fue entonces de más del 70% por impulso. En el cargo fijo es igual. Entre 2001 y 2002 para todos los estratos ascendió más del 15% por encima de la inflación. Aquí cabe preguntar de nuevo: ¿Cuál fue el papel en defensa de los usuarios que han jugado los miembros del municipio en la junta de la empresa frente a tales excesos?
Esa situación ha llevado a que en Pereira, al revés del pasado, se tenga una de las más caras tarifas telefónicas del país. Las jugosas ganancias que obtiene EPM al actuar aquí como una empresa privada le ha permitido haber rescatado ya lo invertido en la compra de la mayoría de las acciones y además trasladar recursos para su portafolio en otras ciudades y negocios, amén de favorecer no pocas acciones corruptas. Una ratificación de la causa de sus utilidades a punta de alzas se encuentra en que la demanda, en número de impulsos, en estos años ha disminuido o ha crecido por debajo de la inflación, como entre 2000 y 2001 cuando el consumo del estrato 3 sólo creció un 2,5% y en el sector comercial – industrial decayó -0,6%. Todo se ha arreglado a punta de mayores tasas en contubernio con la autoridad local.
En Energía basta decir que no se ha emprendido un solo proyecto de inversión serio que le permita defenderse de la voracidad del oligopolio generador. Ni siquiera la construcción de la subestación Pavas, cuyos benéficos efectos se han demostrado una y mil veces, se emprendió. En octubre de 1995, los pereiranos pagaron el kilovatio/ hora por debajo de ciudades como Bucaramanga y Manizales, en los últimos años han sido víctimas de los mayores incrementos a nivel nacional, verbigracia, cerca del 20% en promedio para 2002, más del doble del índice de precios. Y es curioso que al indicador de “eficiencia” (trabajadores por usuario) no se le sumen los costos de los contratistas que los reemplazaron, como en corte y reconexión donde por tal concepto la firma del ex-gerente de campaña de la alcaldesa facturó varios cientos millones en este trienio.
Las pregonadas utilidades de Aseo y Multiservicios son artificiales. En el primer caso, si se descuentan de la utilidad operacional (EBITDA) tanto los traslados recibidos del municipio como la cartera irrecuperable, el saldo sería distinto al de la propaganda. El segundo caso, el propio informe del gerente de la empresa de Energía, Albeiro Ríos, aparecido en La Tarde (23/12/2003) ayuda a esclarecerlo, al afirmar que: “En el tema de Multiservicios es indispensable continuar con las políticas que tiendan a disminuir los costos de prestación del servicio y hacer más eficientes sus procesos, evitando que la Empresa de Energía experimente pérdidas al cancelarle más de lo que la reglamentación del sector reconoce vía tarifa”. Más claro no canta un gallo: Multiservicios subsiste porque, como antes se señala, las empresas le pagan más de lo reglamentado, así está dicho por voces oficiales. Si a todo le sumamos que el alumbrado y la licencia para operar el sistema de telefonía móvil “TRUNKING” se feriaron a la barata y que los beneficiarios de tales maniobras gracias a ello hoy obtienen enorme lucro, el cuadro no puede ser más patético.
Quienes nos opusimos a todo este absurdo proceso muchas veces recomendamos seguir el ejemplo de Medellín y Cali. Allá conservan las empresas como estatales e integradas, y hasta el gobierno central tuvo que colaborar con la situación de EMCALI ante la firmeza de su pueblo y sus gobernantes en contra de la privatización. Pero es más, literatura reciente de organismos multilaterales ante los múltiples fracasos hablan de retroceder en los procesos privados en agua y energía. Respecto al sector eléctrico: “Modelos que funcionaron en Europa y en Estados Unidos, basados en la apertura total o parcial del mercado, demostraron ser inconsistentes con la situación institucional y tecnológica de los países latinoamericanos”, concluye un reciente estudio del BID. Por su parte, The Wall Street Journal en julio de 2003 informa que “El Banco Mundial (BM) está cambiando sus recomendaciones financieras luego de reconocer que la privatización de servicios públicos no siempre funciona… el otrora apóstol de la privatización, atraviesa una crisis de fe y actualmente duda en aconsejar a los países en desarrollo vender las empresas estatales que producen a inversionistas privados La antigua idea de las privatizaciones ya no parece tan obvia, especialmente cuando se refiere a energía y gestión de aguas”.
Definitivamente Juan Manuel Arango es un hombre de suerte, la vida no da a todos una segunda oportunidad para corregir los yerros cometidos, es como si el profesor Víctor Frankenstein hubiera podido hacerlo con su monstruosa criatura ¡Amanecerá y veremos!