Jaime Montoya y Jorge Aristizábal Corresponsales en Antioquia.
La doble calzada hace parte de la Troncal Occidental, una vía de carácter nacional que fue recibida por el departamento y el área metropolitana en la administración del gobernador Álvaro Uribe Vélez, siendo director de Invías el anterior gobernador Guillermo Gaviria Echeverri. Es una vía por la que transitan alrededor de 22 mil vehículos al día, entre ellos, 7000 camiones; es vital para el transporte de carga que requieren el comercio interno y externo. Por allí se moviliza la mitad del café que Colombia exporta. Además, comunica al centro occidente del país con la Costa Atlántica y sus puertos, y a Cali y Buenaventura con Cartagena.
Inicialmente se contrató la realización de la obra mediante una concesión, suscrita en 1997, con la empresa Hatovial S.A., por un valor de $172.000 millones. A comienzos del 2004, como consecuencia de los intereses que el capital financiero cobra, el valor de la obra ya ascendía a $250.000 millones, a pesos constantes. En junio, informaron que la obra valía $373.386 millones y ahora (en julio) dicen que la obra vale $400.000 millones para que llegue hasta Barbosa. La financiación de la obra está concebida con los recaudos por unos años de los peajes de El Trapiche (Girardota) y Pandequeso (Don Matías), más el derrame de valorización y el nuevo “peajito social”, ubicado en Navarra, entre Copacabana y Bello.
La política de realizar obras por el sistema de valorización obedece a una imposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con el propósito de descargar en los propietarios de predios urbanos y rurales, obligaciones que corresponden a la nación. Mediante este mecanismo, los municipios se ven abocados a decretar impuestos y contribuciones a sus pobladores, al ver disminuidas las transferencias que debe hacer el gobierno central. La gobernación y planeación departamental cohonestan esta imposición sin considerar la situación económica de sus pobladores y de la industria, ni el hecho de que ya se han pagado suficientes impuestos para la realización de estas obras.
El norte del Valle de Aburrá presenta un alto índice de desempleo, además de soportar altos incrementos en impuestos como el predial, el IVA, el 4 por mil y en las tarifas de alumbrado y servicios públicos. La población se encuentra sometida a altas cargas impositivas directas e indirectas; los habitantes de la zona, los comerciantes, las comunidades religiosas y los industriales no aguantan más contribuciones a riesgo de quebrar sus empresas e instituciones.
Por otra parte, el “peajito social” no existe jurídicamente; es una figura que se inventó Uribe para atrapar incautos. Primero dicen que cobrarán $1000 y luego $1500 “pesitos”, pero Uribe Vélez expresó en la Asamblea Departamental que luego de 8 años de este cobro, se nivelaría a lo que cobran los demás peajes nacionales. El “peajito” no será provisional como lo afirman, esa no es la política neoliberal; así ocurrió con el peaje de El Trapiche, dijeron que era por tres meses y ya van tres años de recaudo.
La doble calzada estuvo paralizada desde el 15 de abril de 1999 cuando la comunidad de la zona norte, Copacabana principalmente, se negó al montaje del primer peaje sobre la Troncal. En aquella oportunidad, se llegó al acuerdo, del que no participó la comunidad propiamente dicha, de instalar un peaje en el sector de El Trapiche por tres meses, sin cobro para los habitantes de Barbosa y las veredas de Girardota afectadas, y realizar el cobro de la “valorización social” a los predios rurales de los cuatro municipios. Claro debe quedar que el ministro de Transporte no se comprometió a realizar ningún aporte directo de la nación para la financiación de la obra. Ahora, como producto de las protestas, hablan de comprometerse con la pírrica suma de $25.000 millones.
Toda la nación se enteró de levantamiento de los habitantes de la zona norte contra la imposición del “peajito social” y la “valorización “social”. Copacabana inició la movilización el martes 18 de mayo con una concentración en el parque principal a las 6:30 a.m. y salió marchando pacíficamente hacia la autopista, donde fueron reprimidos por el escuadrón militar anti-disturbios (ESMAD), que golpeó a muchos manifestantes y detuvo a varios. Esto provocó la reacción de la población que se tomó la entrada principal del municipio, cerró los comercios y suspendió el transporte interno. Con enfrentamientos a la salida de la población, el movimiento se sostuvo por una semana. Barbosa y Girardota, al tercer día, iniciaron movilizaciones con cierre del comercio y suspensión del transporte, en apoyo a la lucha de los habitantes de Copacabana y de rechazo a la Valorización y al “peajito social”.También allí llegaron más escuadrones del ESMAD, siendo la constante, la brutal agresión a los manifestantes y la detención de muchos de ellos.
Después del escándalo provocado, la posición de desprestigio en la que quedó el gobierno de Uribe Vélez y la puesta en entredicho de su reelección, algunos senadores y representantes se ofrecieron como mediadores para una reunión con el presidente. Se pactó una tregua y nos dispusimos a las conversaciones, como muestra de la posición de diálogo que desde antes del conflicto, había manifestado la comunidad. Al final de una prolongada reunión celebrada en la Casa de Nariño, con Uribe Vélez, parlamentarios, alcaldes, concejales, representantes de la Iglesia y miembros del Comité Zonal Antipeajes y Valorización, el gobierno nacional continuó con su posición de intransigencia absoluta frente a los justos reclamos de las comunidades y las autoridades de los municipios del norte del Valle de Aburrá, al no acceder a considerar las muy documentadas y serias propuestas presentadas para la financiación de la obra sin necesidad de recurrir a los cobros confiscatorios de valorización y “peajito social”.
Se demostró que el problema no es financiero ya que solamente con los peajes del El Trapiche y Pandequeso se pueden recaudar en 20 años, un billón veinticuatro mil millones de pesos con un IPC del 6% anual y en 15 años $401.736 millones con IPC de solo el 3% anual.
La comunidad sabe que esta lucha es de resistencia civil y continúa haciendo manifestaciones y concentraciones. Como parte de la movilización, se está tramitando una Acción Popular porque la obra no fue consultada con la comunidad. También se adelanta una Acción de Cumplimiento a la Ordenanza 36 de 1994, que establece que no puede haber peajes a menos de 60 kilómetros del Punto Cero, sitio ubicado en Medellín, distancia en la que ya hay ubicados 3 peajes y que serían 4 con el “peajito social”. Adicionalmente, la gente ha presentado tutelas y ha solicitado investigaciones ante la Procuraduría y la Contraloría por la violación de los derechos ciudadanos y por las irregularidades del contrato.
Este es un movimiento que merece el respaldo del pueblo y que sirve de ejemplo de las luchas que por todos los rincones de la patria se dan en contra de las imposiciones neoliberales del imperio norteamericano y que acolita el gobierno de Uribe Vélez cuando adelanta obras de infraestructura por el sistema de concesión, valorización y peajes.