Moción de los diputados Heike Hänsel, Annette Groth, Jan van Aken, Christine Buchholz, Sevim Dağdelen, Dr. Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke, Inge Höger, Andrej Hunko, Harald Koch, Stefan Liebich, Niema Movassat, Thomas Nord, Paul Schäfer, Alexander Ulrich, Katrin Werner y el Grupo Parlamentario de La Izquierda.
Incluir los derechos humanos en la agenda política – Parar el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia
Se somete al Bundestag para su aprobación lo siguiente:
I. El Bundestag constata lo siguiente:
La Comisión Europea está a punto de firmar acuerdos de asociación con Colombia, Perú y los Estados centroamericanos integrantes de la SIECA. Estos acuerdos no solo contemplan la extensa liberalización del comercio de mercancías sino que incluyen propuestas sobre la liberalización de los mercados de contratación pública y el derecho de la competencia así como la protección de inversiones y de patentes. Estas propuestas tienen como objetivo el interferir fundamentalmente en la política de ordenamiento de estos países latinoamericanos.
Las relaciones comerciales y económicas que fomenten el desarrollo desigual de las estructuras económicas y refuercen aun más la división neoliberal existente entre países industrializados por un lado y países en vías de desarrollo como suministradores de materias primas por el otro, obstaculizan toda política de desarrollo encaminada a conseguir un orden económico justo que incluya los intereses de los habitantes del Sur.
Sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos se movilizan en contra de la firma de tales acuerdos por considerar que legitiman la actual política del Gobierno colombiano sin contribuir a la mejora de los derechos humanos. El Congreso de los Estados Unidos de América y el Parlamento canadiense han parado recientemente la ratificación de acuerdos parecidos con Colombia en vista de la mala situación de los derechos humanos en este país. De igual modo el Parlamento y el Gobierno noruegos han renunciado a ratificar un acuerdo de libre comercio con Colombia.
En el marco de las negociaciones con Colombia, los derechos humanos juegan un papel secundario para la Unión Europea y Alemania. Aunque la UE lamente en sesiones internas las violaciones de los derechos humanos en Colombia, no ha habido ninguna crítica al Gobierno colombiano, ni por parte del Gobierno Federal alemán ni de la UE, por ejemplo y especialmente sobre las vinculaciones del gobierno de Uribe Vélez con estructuras paramilitares que han extendido su influencia hasta el Parlamento colombiano.
Las conclusiones presentadas por una delegación española tras visitar Colombia del 23 al 30 de enero de 2010 y el informe de Human Rights Watch publicado a principios de febrero de 2010 sobre los años 2007 a 2009 confirman la difícil situación de los derechos humanos en Colombia para todos los grupos sociales y especialmente para sindicalistas y activistas de derechos humanos.
En Colombia existe un conflicto interno social, político y armado que acarrea la violación sistemática de los derechos humanos por parte de todos los actores armados. En este sentido el ejército y la policía colombianos son parte del problema y responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos, como ejecuciones extralegales de civiles. La población civil es la mayor víctima del conflicto ya que se ve cada vez más enzarzada en el mismo a causa de la violencia practicada por los diferentes actores. Sobre todo la violencia sexual contra mujeres, la violencia contra minorías y la participación de menores en acciones armadas forman parte de la realidad cotidiana de este conflicto.
La independencia del sistema judicial como base del Estado de derecho no se respeta. La Corte Suprema de Justicia es blanco de constantes ataques por parte de instancias gubernamentales, sus jueces son objeto de persecuciones, amenazas y escuchas telefónicas y se intenta desacreditarlos públicamente.
En Colombia quien se implica en un sindicato arriesga a menudo su vida. En 2009 fueron asesinados 40 sindicalistas. Líderes sindicales son perseguidos sistemáticamente, arrestados de forma arbitraria y ven obstaculizados sus intentos de fundar organizaciones sindicales. Como consecuencia de ello, menos del 5% de los trabajadores colombianos están organizados en sindicatos, y el porcentaje de los que se benefician de convenios colectivos no alcanza el 2%.
Se estigmatiza a los defensores y las defensoras de los derechos humanos y se les acusa de vinculaciones con grupos rebeldes. Por eso, haciendo valer su derecho legítimo de trabajar en pro de los derechos humanos ponen sus vidas en peligro.
El problema del reparto desigual de tierras es un elemento central en el conflicto colombiano. El 80% del suelo fértil y cultivable está en manos de aproximadamente el 5% de la población. Por el contrario, dos tercios de la población se reparten el 5% de las tierras. Más de cuatro millones de personas han sido desplazadas violentamente como consecuencia del conflicto armado y los intereses de empresas transnacionales. Esta situación afecta especialmente a campesinos, población indígena y comunidades afrocolombianas. La prolongación del conflicto armado ha provocado una continua desintegración socio-económica y una mayor injusticia social.
El Gobierno colombiano no ofrece ningún planteamiento efectivo para solucionar el conflicto armado interno. Sigue apostando por la violencia y desacredita regularmente los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo “Colombianas y Colombianos por la Paz” que intentan resolver el conflicto por vías de la negociación.
La firma de un acuerdo militar entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América que prevé el uso por las fuerzas armadas estadounidenses de siete bases militares en territorio colombiano militariza aun más el país y toda la región, acelera la espiral de rearme de las diferentes fuerzas armadas sudamericanas y amenaza directamente Venezuela y sus esfuerzos integradores en la región.
La evolución democrática en países como Ecuador, Venezuela, Uruguay o Bolivia y los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos por consolidar relaciones económicas solidarias alternativas no deben ponerse en juego por la progresiva militarización en el subcontinente. América Latina no puede convertirse de nuevo en el campo de batalla de un conflicto ideológico de sistemas que se creía largamente superado.
Ante el trasfondo de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, de la presidencia española del Consejo de la UE y de la Cumbre UE – ALC que se celebrará en mayo en Madrid es de suma importancia que se incluyan en la agenda política alemana y europea los derechos humanos en Colombia.
II. El Bundestag insta al Gobierno Federal a que
-abogue en el seno de la Unión Europea por la suspensión de las negociaciones en curso sobre un tratado de libre comercio con Colombia;
-se comprometa a que en el ámbito de la política de comercio exterior de la Unión Europea se dé prioridad absoluta a la cuestión de los derechos humanos en Colombia;
-incite al Gobierno colombiano a garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, establecidos en la OIT y aceptados a nivel internacional, y a velar de forma efectiva por el respeto en Colombia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
-inste para que las partes del conflicto en Colombia cumplan las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas al respecto y busquen una solución negociada al conflicto interno armado;
-abogue en el seno de la Unión Europea por modificar los objetivos de las negociaciones de la Comisión Europea con países o grupos de países del Sur en el sentido de acuerdos económicos solidarios que superpongan el derecho al desarrollo y el fomento de derechos sociales y ecológicos de la población a los intereses del capital de los países europeos;
-se comprometa en pro de la desmilitarización de la región y de la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses de Colombia.