El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con los supuestos de “transparencia y participación bajo los cuales se llevan a cabo las negociaciones” del TLC, ha creado el espacio denominado “Cuarto de Lectura” donde pueden asistir los representantes de organizaciones gremiales, empresariales, entidades académicas, sindicales, a hacer valer su legítimo derecho de informarse sobre el avance de las negociaciones para adoptar la mejor posición para sus organizaciones.
En este espacio se encuentran las propuestas de Borrador de Acuerdo enviadas tanto por Estados Unidos como por los países andinos, y las solicitudes y ofertas de desgravación hechas por todos.
Sin embargo, como todos los documentos son confidenciales, a los asistentes se les hace firmar un “COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE RESERVA” en donde se compromete a: “mantener durante el término establecido en la ley, el carácter reservado de la información que suministre el Gobierno Nacional o cualquier otra entidad o integrante del mencionado Equipo, en el proceso de la negociación del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos de América”, aceptando las presiones del gobierno estadounidense quien entregó las propuestas de articulado del TLC “bajo expresa solicitud de confidencialidad”.
¿De qué sirve, entonces, que un representante de una organización conozca estos documentos si no puede compartir la información con sus afiliados? ¿Cómo hacen estos afiliados para saber si lo que está negociando el Gobierno colombiano los beneficia o los perjudica si no tienen acceso a los documentos? Tendrán que confiar en que la habilidad negociadora y la “malicia indígena” de Hernando José Gómez y su equipo superarán la estrategia imponente de Regina Varco y su experto grupo que ha negociado decenas de Tratados de Libre Comercio en el mundo. Pero finalmente, si cuando deban concluir las negociaciones no hay acuerdo ¿cuál posición se impondrá, la de Colombia o la de Estados Unidos con sus exigencias?
¿Por qué tanto secretismo en estas negociaciones? Cómo será lo que les está pidiendo a los andinos el gobierno estadounidense, que exigió que no se hicieran públicos los documentos. Si con la poca información disponible el Gobierno colombiano está sintiendo cada vez más fuerte la presión de sus ciudadanos, quienes son conscientes de lo perjudicial que será para el país la firma de este tipo de tratados, si se mostrara todo, le quedaría cada vez más difícil al presidente Uribe reprimir expresiones democráticas de protesta como las que se dieron en Cartagena y en todo el país el 18 de mayo. Lo que hay detrás de esto es la necesidad de ocultarle a la población las peticiones arbitrarias como la de patentar plantas, animales y procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales, además de las ya conocidas patentes en medicamentos para nuevos usos o métodos, que aunque el ministro Botero diga que esas no van, lo cierto es que los Estados Unidos están presionando para lo contrario.