En la Ley General de Educación se consagró la autonomía escolar. Fue está conquista la que le confirió a esa Ley su carácter revolucionario. Es decir, un carácter verdaderamente transformador. Le quitó al Estado su poder sobre el método y los contenidos de la educación y le dejó solamente su obligación de financiarla. Había pasado la educación de la supremacía de la Iglesia en la época de la colonia española al predominio del Estado como producto de la independencia nacional y de la revolución democrático-burguesa del siglo XIX, y al mantenimiento de esa predominancia en el siglo XX al entronizarse la dominación imperialista sobre el país. Un poderoso movimiento del magisterio colombiano a principios de la década del noventa del siglo pasado había despojado al Estado de su hegemonía sobre la educación y logrado el triunfo más trascendental de la historia moderna de la educación en Colombia. La política neoliberal había sufrido una derrota histórica. Gurúes de esa doctrina como Rudolph Hommes y Armando Montenegro, pilares del gobierno de César Gaviria Trujillo, lo confesaron abiertamente. La ley 115 de 1994, sustentada en la autonomía escolar, había iniciado una nueva etapa de la educación nacional.
No duró mucho este triunfo estratégico del magisterio colombiano. Los gobiernos siguientes de Samper y Pastrana arremetieron contra la autonomía escolar y fueron despojando la Ley General de Educación de su carácter progresivo, aprovechando aquellos elementos reaccionarios que el Congreso le había introducido y haciéndole modificaciones sustanciales. Bogotá se convirtió en una punta de lanza de la reconquista imperialista en las administraciones de Antanas Mokus y Enrique Peñalosa bajo las secretarías de Educación de Cecilia María Vélez y Margarita Peña, entre quienes se turnó también el Ministerio de Educación Nacional. El golpe más certero propinado a la autonomía escolar lo constituyó la imposición del método de las “competencias” desde el ICFES en los exámenes de Estado. Bajo la dirección de uno de los más radicales propulsores del constructivismo en Colombia, el señor Daniel Bogoya, el Instituto convirtió los cuestionarios del examen obligatorio para ingreso a la educación superior en una aplanadora contra la autonomía escolar, sin reacción alguna por parte de la comunidad educativa nacional. En esta forma la esencia de la reforma educativa del 94 quedaba sin piso. Su desmonte había sido llevado a rajatabla.
La defensa de la autonomía escolar y de la libertad de cátedra es a largo plazo y establece una confrontación permanente con el Estado. Se irán dando avances y retrocesos en una lucha sin cuartel de las fuerzas democráticas contra el intento del imperialismo y las clases retardatarias del país para mantener la hegemonía sobre los contenidos de la educación. Se trata de una lucha permanente y sin cuartel. Los principios fundamentales que sirven de soporte a la autonomía escolar son los siguientes:
1. El Estado no puede seguir siendo el educador del pueblo. En la era del imperialismo el Estado burgués se convierte en un aparato de poder reaccionario. La democracia de la revolución francesa y norteamericana como forma de gobierno deja de ser progresiva y se vuelve reaccionaria. Los respiros democráticos que subsisten sólo permiten el avance de fuerzas que luchan por una nueva sociedad. Por eso, el Estado burgués ya no puede seguir siendo el educador del pueblo como constituyó su papel en época del auge del liberalismo decimonónico. Fue consecuente la Ley General de Educación en haber despojado al Estado de su carácter educativo y pedagógico. No se trata de examinar si los programas oficiales son más o menos adecuados, sino de definir si el Estado mantiene su papel educador como en el siglo XIX. Tampoco lo determina tal o cual gobierno de características más o menos progresistas. La esencia misma de la autonomía escolar consagrada en la Ley General de Educación fue esto lo que resolvió al despojar el Estado de su carácter hegemónico en la dirección y control de la educación nacional. Un gobierno que pretenda abrir canales democráticos lo que debe impulsar es la iniciativa de las instituciones y los maestros y no constituirse en el educador del pueblo bajo el argumento de su carácter progresista.
2. Las instituciones educativas y los maestros tienen que retomar en sus manos los contenidos de la educación. Quienes deben tomar el campo del Estado en la fijación de los contenidos y de la metodología son las instituciones y los maestros en lugar del Estado. Sobre la base de unos parámetros generales mínimos, como lo dejó establecido la Ley General de Educación, instituciones y educadores son los que definirán los contenidos, escogerán los métodos, seleccionarán los textos, puntualizarán los criterios de la enseñanza y de la pedagogía. En esta forma dependerá de la autonomía escolar la definición del curso de la enseñanza y serán las instituciones en forma orgánica las encargadas de aplicarla. No será el Ministerio de Educación el que determinará por obligación lo que las instituciones y los maestros deban enseñar, ni serán obligatorias las guías oficiales que pretendan imponerse desde el gobierno. Los dos últimos gobiernos, el de Pastrana y Uribe, revirtieron los avances logrados por la autonomía escolar después de aprobada la Ley General de Educación en 1994, porque no logró consolidarse el proceso de implantación de la autonomía iniciado por la Ley. Una política agresiva de recuperación del control de los contenidos se impuso desde el Ministerio de Educación como consecuencia del neoliberalismo reinante en el gobierno. Lo que deja claro este proceso de recuperación es que para el neoliberalismo resulta clave controlar la educación y ponerla al servicio de la globalización imperialista, del libre comercio, de la privatización de la economía y de todas las recetas neoliberales. El magisterio logró derrotar esta política neoliberal con el paro nacional indefinido de 1992 y obligar al gobierno de César Gaviria, caracterizado neoliberal, a aceptar la autonomía escolar. Se impone, entonces, por parte del magisterio, la tarea estratégica de recuperar la autonomía escolar que se logró con la lucha en la Ley General de Educación.
3. Los planes de estudio deben ser definidos por las instituciones educativas. Por dos siglos el gobierno de turno impuso los planes de estudio a las instituciones educativas. Era un currículo único. Era obligatorio. Era uniforme. Durante dos épocas completamente distintas, es decir, la del siglo XIX de auge de la revolución democrática, y la del siglo XX de desarrollo y predominio de la dominación imperialista norteamericana, funcionó el currículo único, obligatorio y uniforme. El Ministerio de Educación diseñaba el currículo y lo imponía a toda la educación por igual, a la pública y a la privada y vigilaba estrechamente su aplicación y cumplimiento. No significaba lo mismo que lo impusiera en el siglo XIX del período de ascenso de la revolución burguesa a que lo hiciera en el siglo XX durante la dominación imperialista sobre el país. En el siglo XIX el Estado debía recuperar el contenido de la educación controlado por la Iglesia, lo que le permitió jugar un papel democrático e ideológico de avanzada. Al revertirse el proceso en el siglo XX, especialmente, en la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, ya el Estado no podía jugar un papel democrático en el terreno de la educación. El currículo estatal perdió la posibilidad de jugar su papel democrático. Es necesario distinguir entre el proceso general de desarrollo del Estado y las eventuales condiciones concretas de los gobiernos de turno que pueden, en circunstancias especiales, dadas las contradicciones generadas de una lucha por la soberanía, jugar un papel democrático en su lucha contra la dominación imperialista, especialmente en el terreno educativo. Debido al proceso general y a las condiciones circunstanciales, es a las instituciones educativas a las que corresponde definir el currículo. Pueden hacerlo por aparte cada institución o en coordinación con otras instituciones o en cada entidad territorial, dependiendo de cada caso y de las posibilidades concretas. En este terreno, el papel de las instituciones educativas resulta definitivo. Desafortunadamente, el embate neoliberal de los últimos años ha anulado el esfuerzo de las instituciones y de los maestros y la ofensiva del Ministerio de Educación ha predominado con una política del terror para imponer lenta pero seguramente de nuevo un currículo único, obligatorio y uniforme.
4. El gobierno escolar tiene que retomar su papel de definir los planes de estudio. El embate neoliberal sobre la educación colombiana desvertebró la estructura democrática de dirección que había introducido la Ley General de Educación en el gobierno de las instituciones educativas. De acuerdo a ella correspondía al Consejo Académico definir el contenido de los planes de estudio en cada institución. Constituía esta nueva forma de dirección la verdadera antítesis del currículo único, obligatorio y uniforme impuesto desde el Estado. Se erigían los Consejos Académicos en los definidores de los contenidos y de la tendencia pedagógica y metodológica de cada institución o grupos de instituciones. Sin duda una consecuencia lógica de la entrega de los currículos a las instituciones derivaba en una variedad pedagógica, metodológica y de enseñanza. No se imponía ni una escuela pedagógica, ni una tendencia metodológica, ni un plan de estudios uniforme. Así, en forma concreta, era como el Estado dejaba de ser el educador del pueblo. Que el Ministerio de Educación recuperara el control sobre el currículo y los contenidos de los planes de estudio se debió en cierta medida a la respuesta lenta y demorada de las instituciones en tomar bajo su dirección la elaboración de los planes de estudio en forma autónoma. Pero, más que nada, fue producto de la derrota sufrida por la organización sindical del magisterio, FECODE, por el Acto Legislativo 01 de 2001. Ese triunfo de la política neoliberal en todos los campos ha tenido hondas repercusiones en toda la educación y, especialmente, en la adecuación de los currículos a las necesidades de la política económica neoliberal del gobierno de Uribe. De todas maneras la Ministra de Educación de su gobierno, Cecilia María Vélez, es uno de los cuadros más eficientes y efectivos de la política neoliberal del imperialismo norteamericano.
5. Hay que defender la libertad de cátedra en las instituciones educativas. Así como la autonomía escolar corresponde a las instituciones educativas, individual o colectivamente, en la misma forma la libertad de cátedra constituye una reivindicación de los maestros en su calidad de educadores. El desarrollo de los programas, la orientación de la cátedra, la selección de las lecturas o de las lecciones, el método de las pruebas, el orden de los temas de enseñanza, pertenecen al fuero de la libertad de cátedra del maestro. Su eficacia, su pertinencia, su aceptación, será sometido al cuerpo magisterial y a la dirección de la institución educativa, así como al veredicto de los estudiantes. En este sentido es indispensable hacer referencia a las pruebas periódicas impuestas por el Ministerio de Educación a los estudiantes de varios grados. Resulta totalmente absurdo y arbitrario que estas pruebas a los estudiantes en proceso de aprendizaje y formación determinen la eficacia de la enseñanza de los profesores. Ese tipo de pruebas estandarizadas pueden llegar a constituirse en un elemento de referencia del proceso educativo, pero una medición del rendimiento o eficacia de los profesores. Ninguna garantía existe para concluir que esas pruebas demuestren el verdadero estado de la enseñanza ni de un maestro ni de una institución. Y se comete un verdadero atentado contra los maestros validarlas como determinantes de la calidad de una institución educativa determinada. El derecho a la libertad de cátedra es un derecho fundamental del maestro en su calidad de educador, especialmente, en su carácter de transmisor del conocimiento acumulado por la humanidad y de estimulador de la investigación hacia el avance del conocimiento. La autonomía escolar y la libertad de cátedra se determinan y se complementan mutuamente.
6. Los exámenes de Estado del ICFES que impusieron una metodología y un contenido sumados a la dictadura de los rectores enterraron la autonomía escolar. Nunca fue la idea de los exámenes de Estado la de imponer un método educativo o una tendencia pedagógica, a la cual tuvieran que someterse las instituciones educativas. Pero la necesidad de los gobiernos neoliberales después del 90 de adecuar la economía nacional a la apertura económica y, en consecuencia, la educación a sus nuevos requerimientos, condujo a un cambio radical en ellos. Se trataba de introducir el método de las competencias, inspiradas en la teoría constructivista, en la educación colombiana e imponerlo cómo el método obligatorio a las instituciones educativas. Simplemente convirtieron los cuestionarios en un examen de competencias de inspiración constructivista y en esta forma determinaron la selección del método pedagógico por parte de las instituciones. Así el ICFES se convirtió en el instrumento eficaz de la imposición de un método que determinó la orientación del currículo y lo volvió un currículo por competencias. Los exámenes de Estado obligatorios para el ingreso a la educación superior elaborados por el ICFES devinieron en una bomba contra la autonomía escolar. No se trata de una discusión sobre la pertinencia o no del método de las competencias pedagógicas o de la validez del constructivismo en educación, sino de la imposición política desde el Ministerio de Educación de un método único en la educación colombiana y de unos contenidos uniformes utilizando los exámenes de Estado para lograr que la inmensa mayoría de las instituciones educativas lo adopten. A ello se suma la transformación de los rectores en gerentes administradores con facultades dictatoriales otorgadas por el Acto Legislativo 01 de 2001, con lo cual quedó destruido el gobierno escolar y sepultadas la democracia, la autonomía escolar y la libertad de cátedra. En esencia, la transformación de los exámenes del ICFES y la instauración de rectores policías enterraron la autonomía escolar.
La autonomía escolar fue herida de muerte con al Acto Legislativo 01 del 2001 y sus normas reglamentarias, especialmente la Ley 715 de 2002. Este es un llamado a retomar una lucha histórica por la autonomía escolar. Solamente el magisterio colombiano puede librar esa lucha y llevarla a conquistas significativas como las de la Ley General de Educación. A pesar de los exámenes del ICFES y de la política agresiva del Ministerio de Educación, es posible avanzar en la práctica de la autonomía y en la reivindicación de los elementos originales de la Ley de Educación de 1994. La organización gremial del magisterio tiene una responsabilidad fundamental en esta tarea histórica y es ella la que puede iniciar esta reconquista.