Juan Carlos Henao Mejía, Apartadó y miembro de la Asociación de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos de Antioquia.
Muchos temas suscitan interés e inquietud en nuestra región, pero tratándose de los servicios públicos domiciliarios, éstos han sido, son y serán, tema de primer orden porque tienen que ver directamente con el bienestar de la comunidad.
Para nadie es un secreto que los servicios públicos domiciliarios dejaron de ser servicios para convertirse en jugosos negocios. Según estándares internacionales, una familia normalmente gasta en servicios públicos entre 5 y 8% del ingreso que percibe en relación con el salario mínimo; en nuestro país, el gasto llega al 25 ó 30% de lo que capta un hogar de salario mínimo. Los servicios públicos se convirtieron en nuevo arriendo que debe pagarse mes a mes, y todo por obra y gracia de las leyes 142 y 143 de 1994, que al privatizarlos provocaron alzas desmesuradas en las tarifas por la vía del recorte de los subsidios y de un proceso de estratificación amañado.
Comencemos señalando que la Ley 142 establece que los estratos 1, 2 y 3 son susceptibles de recibir subsidios, hasta 50%, 40% y 15% respectivamente, pero sólo en los llamados consumos de subsistencia, que para el caso de Edatel son los 250 primeros impulsos. No obstante, la empresa sólo subsidia los estratos 1 y 2, en 15 y 10% respectivamente, en llamadas locales y cargo fijo, mientras que les cobra un 20% de contribución a los estratos 5, 6 y no residencial. En tanto que las tarifas para los estratos 3 y 4 son iguales.
Veamos las variaciones porcentuales de la estructura tarifaria de Edatel entre los años 1999 y 2003:
Es curioso observar que en derechos de conexión, los mayores descuentos son para los estratos 5, 6 y no residencial; en tanto que en cargo fijo e impulsos (llamadas locales) las mayores alzas son para los estratos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Lo anterior tiene su razón de ser en la eliminación paulatina de los subsidios para los estratos bajos en los últimos años, que, cumpliendo de manera ejemplar la ley privatizadora, Edatel aplica juiciosamente.
La explicación de que las mayores alzas sean para los estratos bajos es sencilla: al aplicar el régimen tarifario para cualquier servicio se toma como base la tarifa correspondiente al estrato 4, que debe cubrir los costos de producción del servicio, los costos financieros y de inversión, y generar una ganancia adecuada. Dado que las tarifas base de los servicios (es decir, las de estrato 4) se incrementan anualmente alrededor del índice de precios al consumidor (IPC), las de los estratos bajos no sólo suben lo respectivo a las del estrato 4, sino que también deben subir para eliminar progresivamente el llamado “rezago tarifario”.
Para los años 2003 y 2004, las tarifas de los impulsos y cargo fijo han permanecido congeladas (¡ya era hora!) y las tarifas de llamadas de local extendida (entre municipios del mismo departamento) disminuyeron. Llama la atención el hecho de que sea proporcionalmente más barato llamar a Europa, que se encuentra a más de 6 mil kilómetros de distancia ($1500/minuto), que llamar de Apartadó a Carepa (15 km), o de Carepa a Chigorodó (10 km), de Andes a Jardín (19 km), o entre dos municipios del departamento.
El mayor exabrupto es que desde una casa de estrato 4, un impulso (tres minutos) cueste $70, mientras desde la cabina de Edatel los mismos tres minutos cuesten $450, es decir, una diferencia del 543%. Pero hay más, ese mismo impulso desde un teléfono público vale $240, una diferencia del 243%. Y si nos vemos en la necesidad de llamar desde un teléfono público en la cabecera municipal a cualquier vereda o corregimiento, por ejemplo, de Apartadó a El Reposo, nos cobran como si llamáramos a Medellín, Andes o Caucasia, así ese corregimiento se encuentre a 10 kilómetros del casco urbano.
A lo anterior hay que agregarle el hecho de que a partir del 1º de agosto de este año, el consumo básico de subsistencia ya no será de 250 impulsos sino de 200, además de que también están disminuyendo los subsidios. El subsidio en el cargo fijo para el estrato 1 pasó de 15% a 10.5% y en el estrato 2, pasó de 10% a 5.5%.
En el municipio de Apartadó, desde 1999, se cobra un impuesto ligado al servicio telefónico, para el mantenimiento del cuerpo de bomberos, atendiendo una estipulación de la llamada Ley Bomberil. No obstante, según esta ley este impuesto aplica para la telefonía móvil y no para la fija, y en Apartadó se cobra para esta última, como si un teléfono inalámbrico fuera igual a un celular. Este impuesto nos cuesta a los apartadoseños alrededor de 300 millones de pesos anuales, de los cuales, Edatel se embolsilla por gastos de administración 52 millones de pesos al año.
En el caso de Edatel, se agrava el entuerto porque la empresa, a aquellos usuarios que incumplen con el pago de la factura, además de cobrarles recargos por el valor del servicio, les cobra recargo al impuesto al teléfono e IVA sobre el recargo al impuesto al teléfono. De manera “legal” se está cobrando un recargo sobre un impuesto. Y como si lo anterior fuera poco, Edatel tiene convenio con agentes que realizan el cobro jurídico que implica honorarios del 10% sobre el valor total de la deuda. Valor que es cobrado directamente en la factura.
¿Cómo se explican las diferencias y las exageradas alzas?. La explicación se encuentra en la Ley 142 que garantiza, en su artículo 87.4, la suficiencia financiera -alma y nervio de la privatización- y la generación de utilidades, ya que el artículo en mención establece que ningún servicio público se puede cobrar por debajo de lo que cuesta producirlo y debe garantizar la ganancia respectiva.
Edatel es una empresa de capital mayoritariamente público que aplica criterios financieros de carácter privado y esta situación se agravará en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, TLC, porque éstos exigen, como lo señaló la negociadora de la metrópoli americana, Regina Vargo, en la segunda reunión del TLC en Atlanta, que las empresas de capital estatal se abran a la inversión privada extranjera, en especial, las del sector de las telecomunicaciones.
De concretarse este proceso de recolonización sobre nuestro país, los colombianos nos veremos privados, cada vez más, de este importante servicio, ante lo cual sólo queda luchar para arrancarle al gobierno nacional el derecho a disponer de servicios públicos, y que éstos no sean un negocio del capital privado. El logro de este objetivo implica que nos opongamos al ALCA y al TLC con los Estados Unidos.
Organicémonos en Ligas de Usuarios de Servicios Públicos a lo largo y ancho de Urabá y Colombia y reversemos la política neoliberal que tanta hambre, pobreza, desempleo y encarecimiento de los servicios públicos ha generado.