José Arlex Arias, Cartagena, septiembre 12 de 2022

En la campaña electoral que condujo al Solio de Bolívar al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, algunos sectores tuvieron la “osadía” de advertir que dicho candidato no podría desarrollar la serie de cambios que estaba proponiendo, ni representar el interés nacional mientras estuviera atado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– y menos cuando reconoció que ya tenía los acuerdos y compromisos con el Fondo Monetario Internacional –FMI–. La borrachera petrista, que aún enguayaba a la Nación, no permitió ver con objetividad la importante advertencia. Cumplido un mes de gobierno, ya son varias las propuestas de cambio incumplidas y el electorado sigue expectante en que se cumplan las demás.

Un tema que es trascendental para la Nación es el que tiene que ver con sus impuestos: Quiénes los pagan, cómo se recaudan y en qué se gastan. Por eso es importante conocer desprevenidamente quién orienta la política económica del país: Si el presidente de forma autónoma, en defensa del interés nacional, o los organismos multilaterales que obedecen a las necesidades del capital financiero trasnacional, que, a través de muchas formas, entre ellas, la onerosa deuda externa, vuelve de perentorio cumplimiento el “honrar sus compromisos”.

El artículo “Reforma tributaria Petro-FMI-OCDE”, del analista Aurelio Suárez, publicado en Semana el pasado 20 de agosto, revela que “es la vigésima en 32 años, en línea con el FMI y los parámetros de la OCDE. En abril de 2022, el FMI le trazó a Colombia la política fiscal para reducir “los déficits gemelos” (fiscal y externo) y garantía de la sostenibilidad… Planteó “recalibrar” las finanzas públicas con “reformas más profundas”: 1) Impuestos verdes (aumento de tasas impositivas al carbono y vehículos); 2) comida chatarra y bebidas azucaradas; 3) eliminación de regímenes tributarios preferenciales; y 4) impuestos a la riqueza y dividendos. Estimó recaudar así el 1 % del PIB, 12 billones de pesos… La OCDE hizo “evaluación detallada” del costo de los tratos preferenciales. Identificó 106, por 17,4 billones de pesos anuales, para personas naturales; 123, por 15,4 billones, para empresas y 142 beneficios para IVA… Las personas naturales pondrán 8,1 billones de pesos… Las empresas pondrán 5,1 billones… Grava la canasta familiar como la de Carrasquilla. Busca 4 billones de pesos, con IVA ataviado de “saludable y ambiental”, en bebidas azucaradas, ultraprocesados, plásticos, gasolina y ACPM, y los combustibles en frontera”.

El diseño de la Reforma Tributaria, como las del FMI y la OCDE, recae en impuestos indirectos que son regresivos y reaccionarios, como todos los que se le imponen al consumo: El 54 % –$94 billones– del total del recaudo sale de impuestos indirectos. También es regresivo con la tasa de renta de las empresas, puesto que se aplicará el 35 % tanto para las pequeñas y las medianas como para las grandes, supergrandes y las multinacionales, con lo cual se golpea más a la producción nacional; es regresivo, además de inconstitucional, el gravamen a las pensiones, que inicia en $10 millones, pero en el futuro lo pagarán todas. “La reforma Petro-FMI-OCDE apapacha a ultrarricos, pero exprime sectores medios urbanos y rurales, desguaza a Ecopetrol y ahonda la inequidad entre empresas, en pro de las trasnacionales”, dijo Suárez. ¡El Congreso tiene la palabra!