Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios Región Costa Atlántica, Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, septiembre 22 de 2020
La suerte está echada es una expresión que se le atribuye a Julio César al cruzar el Rubicón con sus tropas, para significar que los dados habían sido lanzados y marcaban el destino de su acción. En nuestro caso significa que el gobierno de Duque se salió con la suya y dejó a la Región Caribe sin una empresa propia de distribución y comercialización de energía. Los perdedores, los millones de habitantes, ya que Electricaribe fue segmentada en dos, perdiendo economía de escala, entregando Caribe Mar (Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar) a EPM de Medellín y Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) al Consorcio de Energía de la Costa, cuyo principal accionista, Alberto Ríos Velilla, fue socio del Grupo Nule. Las nuevas empresas iniciarán operaciones el primero de octubre de 2020.
APORTES ESTATALES DE TODOS LOS COLOMBIANOS) A ELECTRICARIBE
Los aportes estatales a Electricaribe, de acuerdo con la respuesta de esta empresa a los senadores Jorge Enrique Robledo y José David Name para el debate en la Comisión Quinta del Senado de la República, realizado en mayo de 2020, son los siguientes:
Subsidios totales del Estado (Ley 142 de 1994 y FOES) entre los años 2005 y 2020: $7.15 billones de pesos
Inversiones después de la intervención en 2016-2020: $442.365 millones
Asunción del pasivo pensional por Ley 1955 de 2018: $1.53 billones
Deudas adquiridas durante la intervención 2016-2020: $3.9 billones
Total: 13 billones de pesos
Pérdidas acumuladas a 2016-2019: 3.9 billones
Buena parte de esta suma ha salido de las tarifas eléctricas y de los impuestos de los colombianos.
También habría que agregarle el valor de la demanda que descaradamente puso la española Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano por 1.650 millones de dólares, unos seis billones de pesos más si el fallo internacional es contrario al país. Las erogaciones totales del Estado podrían sobrepasar los veinte billones de pesos, suma superior al mayor desfalco conocido hasta ahora, el de Reficar (4.000 millones de dólares, unos 14.8 billones de pesos).
Para aumentar la incertidumbre de lo que viene, Duque, su gabinete ministerial y otros altos directivos del gobierno central aprobaron el Documento Conpes 3985 de 2020, para que el Estado asuma el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe y del Fondo Empresarial de la Superservicios. Pero además, en la página 19 del mismo, Duque abrió una tronera para seguir apalancando con fondos públicos las finanzas de los compradores de Caribe Mar y Caribe Sol: “La FDN recomendó que Electricaribe o el Fondo Empresarial de la SSPD depositen recursos líquidos que sirvan de garantía frente a potenciales contingencias que puedan afectar a las nuevas sociedades, máxime teniendo en cuenta el estado de liquidación en que entrará Electricaribe una vez se complete la transacción. Se recomienda, que el Fondo Empresarial pueda prestar el apoyo financiero que se requiera”. La inaudita largueza para con los nuevos dueños quedó estampada en las Recomendaciones finales del mismo Conpes, página 28.
TARIFAZOS A MÁS NO PODER
El Gobierno de Iván Duque hizo aprobar de las mayorías parlamentarias el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2018), en el cual se incluyó un capítulo sobre Electricaribe. De él han emanado, hasta ahora, cuatro alzas tarifarias, así.
- Sobretasa de cuatro pesos el kilovatio hora mensual, vigente desde hace más de un año para todo el país (artículo 313)
- Incremento de una contribución adicional para el Fondo Empresarial de la Superservicios, que según cuentas de Celsia es de $9,39 el kilovatio hora para todos los usuarios de servicios públicos domiciliarios del país (artículo 314)
- Establecimiento de un régimen especial tarifario a las actividades de distribución y comercialización de energía, para que la Costa Caribe tenga las variaciones por lo menos iguales al promedio nacional (artículo 318). Este régimen ya quedó establecido en la Resolución de la CREG 010 de 2020 para la actividad de la distribución, que tendrá dos aumentos, uno con el cobro en la tarifa del plan de inversiones futuras y otro que incorporará las pérdidas de energía en la tarifa, antes limitadas al 13% y ahora al 26%, aproximadamente
- El Ministerio de Minas acaba de expedir el Decreto 1231 de 2020, por medio del cual aprobó un aumento del 20% en el 2021 para el ítem de comercialización, que impactará el 4% del costo unitario del kilovatio hora para los usuarios de la Costa, según lo notificó el ministro Diego Mesa Puyo.
A este grave panorama hay que agregarle que tanto EPM como el Consorcio de Energía de la Costa han anunciado que iniciarán los cobros prepagos de energía a los usuarios de menos recursos económicos, como para dejarlos en la oscuridad.
MEDIDORES INTELIGENTES Y NUEVO ÍTEM ELÉCTRICO
El Ministerio de Minas ha dispuesto cambiar casi 15 millones de medidores de energía eléctrica de todo el país para poner a funcionar la tecnología inteligente digital (AMI). Para ello la CREG expidió la Resolución 131 para recibir comentarios antes de aplicarla, que tiene fuertes implicaciones:
- Con los nuevos medidores digitales, la lectura del consumo y los cortes del servicio son remotos y, por lo tanto, habrá despido de operarios
- Permiten los cobros prepagos
- Crea un nuevo ítem en la cadena eléctrica llamado GIDI, gestión de datos e información, que implica otro cobro adicional, distinto a los de generación, transmisión, distribución y comercialización, elevando la tarifa aún más.
¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS DUEÑOS?
EPM de Medellín y sus problemas con Hidroituango. Por los problemas de los últimos días con cambios de junta directiva y demás, el BID le acaba de negar la entrega de parte de un préstamo que faltaba por cumplirse.
Consorcio de Energía del Norte, cuyo principal accionista es Alberto Ríos Velilla, quien de tiempo atrás controló la electrificadora Enerpereira con el grupo Nule y luego quedó con el 49% de las acciones, con las cuales maneja la empresa, a través de la cual compró Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) a precio de gallina flaca: $285.000 millones cuando los activos se acercan a tres billones de pesos. También asumió el control de Enertolima con el Grupo Nule, quedándose con la misma por los problemas de sus socios encarcelados. En 2019 se la vendió a Celsia, del Grupo Argos, por $1.7 billones de pesos, según informes de prensa.
Yulliet Porras, encargada de recibir a Caribe Sol a nombre de Ríos Velilla, en entrevista con el diario El Heraldo, dice que los barrios subnormales de Barranquilla se parecen a los barrios estratos uno y dos de Pereira, por lo que solo necesitan ponerles contador a cada vivienda. Además, anunció como gran cosa el cobro prepago en esos sectores. Si una familia no tenía sino diez mil pesos, pues que comprara esa plata en energía. ¿Y el resto del mes? En las tinieblas.
QUÉ HACER ANTE TAN GRAVES DENUNCIAS
Lo primero, alertar a todas las fuerzas vivas de la región, usuarios residenciales y del sector productivo, entidades territoriales, gremios, centrales obreras, sindicatos, juntas comunales, medios de comunicación, comunidades religiosas, entre otras.
Segundo, impulsar pronunciamientos rechazando las descaradas alzas, que harán impagables las facturas de energía.
Tercero, exigir al Gobierno nacional que, al asumir los pasivos de Electricaribe, asuma también los $200.000 millones de pesos que se embolsilló la empresa de 2011 a 2016 de los subsidios del FOES, según hallazgos de la Contraloría General de la República, suma que esta le imputó por cargos fiscales en septiembre de 2019. Con estos recursos se pueden cruzar y cancelar las deudas que tienen los usuarios de los barrios mal llamados subnormales, después de auditarlas y depurarlas.
Cuarto, impulsar el cumplimiento del parágrafo primero del artículo 318 de la Ley 1955 de 2018: “Con recursos del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica (de la Región Caribe), como aportes que no incidirán en las tarifas”. Esto aliviaría los cobros a los usuarios.
Quinto, exigir a las autoridades nacionales que los cobros de los servicios públicos a las comunidades religiosas sean en calidad de entidades sin ánimo de lucro y que no les sigan cobrando injustamente la contribución del 20% sobre la tarifa de energía y agua, como si fueran del estrato seis.
Sexto, declarar la alerta sobre el manejo del servicio eléctrico en la Región Caribe exigiendo a los nuevos operadores un servicio de calidad a precios módicos y pagables.
LIGA NACIONAL DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
REGIÓN COSTA ATLÁNTICA
Norman Alarcón Rodas