José Arlex Arias, Cartagena, junio 25 de 2018
El 17 de este mes se realizó la elección, en segunda vuelta, del presidente de Colombia, con un potencial de votantes de 36.783.940 y con una participación del 53,04%, esto es 19.511.108, que es un nuevo récord para este evento; los colombianos decidieron elegir como su presidente al neoliberal Iván Duque Márquez, con Marta Lucía Ramírez como vicepresidente, quienes obtuvieron 10.373.080 votos, correspondientes al 53,98%, mientras Gustavo Petro y Ángela María Robledo consiguieron 8.034.189, el 41,81% de los votos. A nivel nacional, el voto en blanco obtuvo 808.368, un 4,20%; los no marcados: 29.670 (0,15%) y nulos: 265.827 (1,36%). En el caso de Bolívar, ganó Duque con 345.415 votos, 51,18% del total; Petro sacó 316.670 (46,92%), el voto blanco fue 12.725 y la abstención llegó al 56.17%.
El problema estructural en Colombia está en la implementación de un modelo económico neoliberal, una imposición de los Estados Unidos, a través del Consenso de Washington, que ha implicado volver mercancías a los derechos fundamentales de la población, tales como: salud, educación, servicios públicos, seguridad social, justicia, la vida, la comunicación, el empleo, etc., pero también arrasa con el aparato productivo del país, en aras de cumplir con los compromisos adquiridos en los Tratados de Libre Comercio, convirtiéndonos en importadores netos de los productos más necesarios para la supervivencia de los colombianos. En este sentido, ni Duque ni Petro se desligaron de este Consenso de Washington; es más, no rechazaron que en plena campaña electoral, en las postrimerías de su Gobierno, el pasado 30 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos haya firmado la adhesión de Colombia al “tanque del pensamiento neoliberal”, como es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico –OCDE– y al brazo armado gringo, que es la Organización del Tratado de Atlántico Norte –OTAN–, con la que invade países para saquearles sus recursos, actitud que justifica con su “modelo de democracia, paz y justicia”.
Por lo tanto, en ambos Planes de Gobierno, las propuestas presentadas a los colombianos no pasarían de ser promesas maquilladas que los grandes circuitos financieros no están dispuestos a permitir que se lleven a cabo. Es que es el sector financiero el que maneja y saca los grandes réditos de las sumas astronómicas, como en el caso de la Salud, donde maneja un presupuesto anual de cerca de $50 billones, con los cuales los gerentes de las EPS hacen fiestas; o el presupuesto de la Educación, que equivale a cerca de $40 billones; o en general, la forma en la que se han apropiado de casi todo el presupuesto de la Nación, aforado en $235 billones. Es entonces el designio del Fondo Monetario Internacional, a través de la banca multilateral, el que orienta el manejo de nuestra economía y los sucesivos Planes de Desarrollo. Esta es una diferencia de fondo, de principios, acerca del respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los colombianos, en la cual se fundamentó una gran franja de quienes votaron en blanco. ¡Mientras los colombianos no resolvamos a nuestro favor la contradicción antagónica reflejada en este modelo neoliberal, siempre tendrá que haber una oposición al gobierno de turno!