Aurelio Suárez Montoya; Asesor Liga deUsuarios de Servicios Públicos, Pereira.
El presente artículo fue escrito antes de que la CRA expidiera la resolución por medio de la cual se fijan las nuevas fórmulas tarifarias para los servicios de acueducto y alcantarillad. El análisis realizado por el doctor Suárez recoge lo que sin lugar a dudas son los componentes fundamentales de las nuevas fórmulas tarifarias que significarán mayores sufrimientos para los usuarios.
Desde hace más de dos meses, la Comisión Reguladora de Agua Potable ha iniciado una serie de “audiencias públicas” para “socializar”, como se dice en la jerga neoliberal, las nuevas fórmulas que regirán para las tarifas de agua potable y, por ende, para el alcantarillado como un derivado de las mismas. En todas las ciudades se han presentado los tecnócratas de la CRA a mostrar a los asistentes -en términos matemáticos que requieren cierto nivel académico- sus “genialidades”. El tema es presentado de manera eminentemente técnica para cumplir con el requisito de haberlo difundido “sin que nadie por todo el país lo hubiera podido objetar”.
No obstante, y a pesar de tales intenciones por parte de los expositores, es posible detectar que en esas nuevas fórmulas existen graves afectaciones para los ciudadanos en el consumo del elemento natural más necesario para su vida. Dichas afectaciones podrían resumirse en:
1. La preocupación principal de las fórmulas es la eficiencia de las empresas, entiéndase por ello garantizar la rentabilidad y utilidad de las mismas. Para lograrlo, reconocen sin sonrojarse que se fundamentan en un modelo para INGLATERA llamado DEA. Olvidan que allá el ingreso por habitante es de 30 .000 dólares por año y en Colombia es apenas de 1.800 dólares.
2. Para cumplir con el objetivo propuesto, la variable principal de dichas fórmulas para el COSTO DE OPERACIÓN es el COSTO PROMEDIO de producción de un metro cúbico de agua. Pretenden ocultar que al tratarse de monopolios naturales, como es el de un servicio prestado por un solo operador, el costo real no es ese costo promedio sino lo que se conoce como COSTO MARGINAL; es decir, lo que le cuesta a la empresa ir dotando a cada nuevo usuario que se conecta al sistema. Es claro que no le cuesta a la empresa lo mismo la cobertura de los primeros usuarios que surtir al usuario número cien mil. Cada vez que se aumenta el número de usuarios, el costo se va reduciendo. Y, si bien, en ciertos momentos, por razones de ampliación, puede valer algo más, en el largo plazo ese costo volverá a estabilizarse en torno al costo marginal. Por eso, en las fórmulas no se incluyen abiertamente las ganancias de las empresas, ellas están ocultas tras la variable COSTO MEDIO.
3. En cuanto a los costos de administración hay dos novedades: calcularlos como si se tratase en todos los casos de empresas desintegradas; es decir, como empresas que sólo son para agua potable y alcantarillado, cuando lo mejor para los ciudadanos es una empresa integrada, donde se presten los cuatro servicios en conjunto, con ello los costos de administración están compartidos por el conjunto de todos los usuarios, lo cual hace la administración más barata. Lo otro es incluir a cargo exclusivo de las tarifas los costos de las pensiones de los trabajadores, lo cual crea además una contradicción entre unos y otros.
4. Con relación a los subsidios es claro que el proyecto se enmarca dentro de la meta de eliminarlos por parte del gobierno nacional a partir de 2005. Simplemente este componente se remite a lo que aporten los municipios y departamentos, entes que están casi todos con graves quebrantos fiscales que no les permiten cumplir debidamente con dicho rubro.
5. Al respecto, debe recordarse que tanto en el ALCA como en el TLC con Estados Unidos los subsidios a empresas estatales están prácticamente prohibidos y, así mismo, que, cuando hay operadores públicos y privados, los subsidios deberán transferirse en igualdad de condiciones.
6. La preocupación de los comisionados de la CRA no es lo que en la Teoría del Bienestar se conoce como la eficiencia externa de la empresa, que no es una cosa diferente a prestar un servicio con bajo costo, amplia cobertura y bajas tarifas, que redunde en beneficio de la comunidad. La CRA entiende la eficiencia no para ser trasladada al pueblo y a la sociedad sino para que se llenen las arcas de los grupos, nacionales o extranjeros, que sean propietarios de las empresas o, según se está implantando ahora, de quienes sean los operadores comerciales de ellas, que estos agentes tengan buenos beneficios y ganancia máxima. Y, como dijo un comisionado en Pereira: “Si así no sobrevive una empresa, entonces que desaparezca”.
¿Estará pensando en el 60% de los colombianos que son pobres y que hoy ya muestran evidencias de su incapacidad de pago de las facturas? No se necesita ser muy suspicaz para darse cuenta que las fórmulas de la CRA van adecuando el sector a su privatización total, bajo cualquier forma que se dé, en el marco del ALCA o del TLC con Estados Unidos. Ésa es la manera como otorgan plenas garantías, como dan la razón a la máxima famosa del Representante Comercial de USA, mister Zoellick, “el capital es cobarde, no va sino donde se siente seguro”. No les importa sino cumplirle al respecto, así sea que -como también está previsto en el ALCA- hasta las Comisiones de Regulación vayan a ser eliminadas.