Patricia Cifuentes, Bogotá, noviembre 18 de 2017
El Páramo de Santurbán es un ecosistema que surte de agua a más de 2,5 millones de personas en el departamento de Santander. Desde el 2010 se ha visto gravemente amenazado por el interés de multinacionales mineras de hacer explotación de oro en el territorio.
Afortunadamente, la movilización de la comunidad y ejemplos de organización como el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, han servido para frenar las intentonas. En 2011 se logró detener el proyecto minero Angostura y obligara Greystar a retirar la solicitud de licencia ambiental. En 2013, el movimiento 100.000 Voces por el aguadenunció que persistía la amenaza sobre el Páramo a pesar de haber sido declarado Parque Natural.
En 2014, el Ministerio delimitó menos del 80% como área protegida. Por considerarlo una burla, la comunidad santandereana instauró en 2015 una tutela, porque “sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, la igualdad, a la información, la salud, al consumo de agua potable y a la vida digna –relacionada con el ambiente sano y el derecho de participación– fueron vulnerados”.
Como respuesta, la Corte Constitucional tumbó el pasado 6 de noviembre la resolución e instó al Estado a que en el término de un año abriera procesos verdaderamente incluyentes. La movilización continúa, acaba de hacerse una multitudinaria movilización encabezada por el alcalde de Bucaramanga.
Mientras todo esto estaba sucediendo, aparece en escena la Sociedad Minera de Santander –MINESA, propiedad de la multinacional Mubadala Development Company, del gobierno de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. MINESA solicitó en septiembre a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, autorización para extraer 450.000 onzas anuales de oro en una zona que, según la delimitación del Minambiente –justamente la que acaba de tumbar la Corte–, no pertenece al páramo. El área está situada entre los municipios de California y Suratá.
El capítulo que sigue es humillante. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, acaba de anunciar que el Gobierno de Abu Dabi donó US $45 millones para el posconflicto, además de 7 millones de dólares para la tragedia de Mocoa. Entregó también mil millones de dólares a MINESA, que se destinarían principalmente a la explotación minera en el Páramo de Santurbán.
Alguien que se ha caracterizado por ser el ojo avizor ante estas situaciones es el senador Jorge Enrique Robledo, que sobre el tema dijo: “Cómo a Santos se le puede ocurrir irse para los Emiratos Árabes Unidos a vender a Colombia, como si estuviéramos en venduta, algo así como denme unos dólares y yo les entrego el Páramo de Santurbán […] es una agresión al pueblo de Bucaramanga y de Santander, que lleva años defendiendo su páramo. Yo he estado en distintas movilizaciones, la última fue presidida por el propio alcalde de la ciudad. Así de indignado está el pueblo. […] Con esa actitud lo que hace Santos es notificar al país que se pone de ruana la ANLA […] Aquí no hay la autonomía que ordena la Constitución. Es el Jefe del Estado el que impone la suerte de los proyectos relacionados con el medio ambiente”.
Según voceros de la comunidad, “El hecho de que el proyecto no esté sobre la delimitación de páramo no significa que no afecte a este ecosistema, que es muy frágil. Primero, porque esa delimitación del Ministerio de Ambiente para muchos no está bien trazada y, segundo, porque ellos están hablando de hacer una minería por túneles que apuntan al páramo. Aquí hay que entender que, desde el nivel del mar hasta los nevados, se trata de un solo ecosistema”.
Según Mario Valencia, director de Cedetrabajo y profesor del CESA, “extraer 14 millones de gramos de oro al año representaría no más de 70.000 millones de pesos en regalías para la Nación y tan solo 500 empleos”, y según algunos expertos con el tratado de doble tributación que firmarán los dos países, los árabes no pagarían impuesto de renta en Colombia. Podrían buscarse proyectos más productivos, con menos afectaciones ambientales y que generen más empleos y movilidad social.
Este es un negocio en el que con cara pierde Colombia y con sello también. No hay ganancia para el pueblo colombiano, ni para los santandereanos, en alto riesgo de quedarse sin agua. Será la movilización la que como en ocasiones anteriores, les hará mantener los derechos al agua potable, la salud y la vida digna.