Este verano pasado, el presidente Obama anunció que había firmado un acuerdo con Colombia para permitirle a los militares estadounidenses el acceso por lo menos a siete bases militares—tres de la fuerza aérea, dos navales y dos del ejército—que van desde el Pacífico hasta el Caribe. Y estas bases podrían recibir hasta ochocientos militares y seiscientos contratistas civiles de Estados Unidos. Como lo explicó el periódico Guardian, este anuncio causó extrañeza en las naciones latinoamericanas vecinas y “perjudicó el intento de Obama de arreglar las relaciones con la región.”
Este anuncio indignó a los defensores de derechos humanos y de derechos laborales tanto en Estados Unidos como en Colombia, por el hecho de que, con esto, Estados Unidos estaría solidificando su alianza militar con el país que es considerado como el mayor abusador de los derechos laborales y humanos en el Hemisferio Occidental. La pesadilla de los derechos humanos en Colombia, alimentada por billones de dólares de la asistencia militar estadounidense, incluye el desplazamiento forzado dentro del país de unos 4 millones de civiles—la segunda más numerosa población desplazada en el mundo, ya que Sudán ocupa la primera posición—el asesinato extraordinario de más de 2.700 sindicalistas desde 1986 (por mucho, el mayor número en el mundo), de los cuales 35 han sido asesinados solamente en 2009; y la matanza extrajudicial de casi 2.000 civiles por los militares colombianos desde que Uribe entró a la presidencia.
En lo que se refiere a los asesinatos extrajudiciales a manos de los militares colombianos, estos se han realizado en lo que se ha denominado el escándalo de los “falsos positivos”—una controversia que envuelve el asesinato a manos de los militares de civiles a los que se viste de guerrilleros con el fin de aumentar la cuenta de insurgentes muertos, con el propósito de garantizar la continuidad de la ayuda de Estados Unidos. Este escándalo aumentó el último mes, cuando 31 soldados colombianos que estaban siendo procesados por su papel jugado en los asesinatos, fueron puestos en libertad, gracias a la falla del gobierno colombiano de no inculparlos en el plazo fijado por el proceso.
Aunque Estados Unidos ha aseverado durante años que está combatiendo una guerra contra la droga en Colombia, si bien tímidamente ha tenido que admitir, año tras año, que sus esfuerzos no han obtenido en Colombia ninguna disminución, hasta el momento, en el cultivo de coca o en la exportación de cocaína a los Estados Unidos, la verdadera razón para esta guerra ha consistido en el control de los ricos recursos del petróleo colombiano. Precisamente en una audiencia del Congreso de Estados Unidos en el 2000, titulada “Drogas y Política Social en Colombia,”—una audiencia para debatir los méritos relativos del entonces nuevo Plan Colombia de Clinton—uno de los testigos claves invitado a testificar en apoyo de esta política fue nada menos que Lawrence Meriage, el vicepresidente de la Occidental Petroleum. Para nadie fue una sorpresa que el Sr. Meriage no tuviera nada que decir sobre las drogas o sobre la política social en Colombia, pero sí mucho sobre la necesidad de asistencia militar para proteger sus oleoductos.
Ahora, según un artículo en la cadena de televisión Bloomberg del 19 de enero de 2010: “El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos [una agencia del gobierno estadounidense] anunció el 19 de enero su aprobación de mil millones de dólares como un compromiso preliminar para ayudar a financiar la venta de bienes y servicios de varios exportadores estadounidenses a Ecopetrol, la compañía de petróleo colombiana.” Téngase en cuenta que Ecopetrol es socio de la Occidental de Los Ángeles.
Citando un experto en industria, el artículo de Bloomberg sigue explicando que “Ecopetrol es ahora muy agresivo en exploración y producción,” y que, con la financiación del Banco de Exportación e Importación, “Ecopetrol doblará su producción a un millón de barriles diarios para 2015 cuando la compañía perfore más pozos en Colombia y en sus vecinos de Suramérica.”
El grupo de derechos humanos Amazon Watch explicó en un comunicado de prensa el 12 de noviembre de 2009 que Ecopetrol está explorando actualmente en la tierra sagrada de los indígenas U´wa en contra de su voluntad. Un portavoz de los U´Wa explicó que, como es el caso invariablemente, con la exploración y perforación de Ecopetrol, llega el ejército colombiano y, también, los paramilitares, a proteger las operaciones de la empresa colombiana.
Como lo indica el sitio de Internet de Ecopetrol, la empresa está involucrada en exploración de petróleo en Perú y Brasil. En lo que toca a Perú, Survival Internacional, un grupo del Reino Unido de derecho humanos que defiende los derechos de las tribus indígenas, le advirtió que la exploración de Ecopetrol en la selva amazónica peruana amenaza tribus indígenas hasta ahora no contactadas cuya misma existencia se verá amenazada por estas operaciones. Survival Internacional explica que estas tribus que aún no tienen contacto con el exterior son extremadamente vulnerables a cualquier relación con los forasteros, debido a la falta de inmunidad frente a las enfermedades.” Contactos anteriores entre las compañías y estas tribus aisladas han resultado en una mortalidad del 50% de la tribu.
La actual administración de Estados Unidos parece decidida a profundizar sus lazos mortíferos con Colombia por el interés del petróleo, pero todavía existe una oportunidad para impedir esta política. Consecuente con el estatuto que creó y regula el Banco de Importación y Exportación, el presidente de Estados Unidos (quien delegó esta potestad por medio de una orden ejecutiva de 1979 en la Secretaría de Estado) puede, precedido de una consulta a los Comités de Política Bancaria en el Congreso, definir que una solicitud de crédito deba ser negada por el Banco, si la concesión del crédito “en forma clara y de manera importante” entra en colisión con “la política de Estados Unidos en las áreas de terrorismo internacional, proliferación nuclear, protección ambiental y derechos humanos” (12 U.S.C. Sec. 635 (2) (b) (1) (B)).
Claramente, la decisión preliminar de extender el crédito a Ecopetrol impacta de manera negativa los derechos humanos y el medio ambiente y, como resultado, debe revertirse. Un movimiento para detener esta extensión del crédito con estas condiciones sería un esfuerzo que vale la pena, a favor de las buenas relaciones de Estados Unidos y de los grupos de solidaridad. Así mismo, existe una oportunidad de impedir la decisión de Estados Unidos de tener acceso a las siete nuevas bases militares en Colombia. Con un gobierno que busca recuperarse de los resultados electorales de Massachussets la semana pasada [el Partido Demócrata de Obama perdió un puesto estratégico en el Senado con el Partido Republicano], es el momento de intentar un escarmiento, modificando el rumbo de la que podría convertirse en una política devastadora para Colombia y el resto de América Latina.
*Daniel Kovalik es un abogado laboralista y de derechos humanos en Pittsburgh, Pa.
Traducción de José Fernando Ocampo T.