*Al gobierno colombiano no le importa permitirle a los grupos guerrilleros y paramilitares que extorsionen y les cobren impuestos a los mineros locales.
*Sin distinguir entre los mineros ilegales y los informales, el Gobierno colombiano continúa arrinconando a mineros inocentes con el propósito de favorecer sus intereses y facilitarle las operaciones a las compañías mineras multinacionales.
*Las compañías mineras multinacionales pueden estar patrocinando grupos paramilitares en un esfuerzo por reubicar poblaciones locales.
Con precios del oro a casi 1.600 dólares por onza, Colombia está empeñada en un esfuerzo por estimular la inversión extranjera en el sector minero. (1) En consecuencia, el Gobierno colombiano ha favorecido las compañías mineras multinacionales en contra de los medianos mineros locales. Al mismo tiempo que esta nueva fiebre del oro representa una fuente significativa de inversión que puede servir para financiar el gobierno central, también ayuda a financiar la larga guerra civil de cuatro décadas. Después de años de una política gubernamental de erradicación, los ejércitos de la guerrilla y de los paramilitares han comenzado a abandonar la producción de coca y están cambiándose hacia las minas de oro, así como a la extorsión de las comunidades mineras para generarse nuevas fuentes de ingresos. Aún más, como resultado del favoritismo gubernamental, las corporaciones mineras multinacionales están utilizando el ejército nacional y los paramilitares para amenazar las poblaciones nativas, los mineros locales y los trabajadores sindicalizados, en un esfuerzo por obligarlos a abandonar sus tierras repletas de oro.
Impuestos ilegales sobre la minería informal
La protección del ejército nacional a los sitios de trabajo esta estipulada en los contratos entre el gobierno colombiano y las compañías mineras multinacionales. Sin embargo, el funcionamiento de la minería informal, la mayoría de la cual ha sido heredada por las familias por generaciones, está siendo abandonada sin protección para defenderse de las prácticas extorsivas de los paramilitares y la guerrilla. Además, sin una clara distinción entre los mineros informales y los ilegales frente a la ley, los mineros locales se enfrentan a las mismas medidas punitivas que los mineros paramilitares.
Los grupos paramilitares y guerrilleres, como los Rastrojos, los Uribeños, los Paisas, las FARC, y la Oficina de Envigado, obligan a los mineros locales informales en sitios ricos en oro como Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca a pagar cuotas de seguridad e impuestos por los equipos de minería. Estos pagos rápidamente se convierten en una gran fuente de ingresos para los desertores de grupos militares. Por ejemplo, las FARC cobran $ 3.800 por una restroescavadora y una renta mensual y una tarifa de protección del sitio de minería hasta $ 141.000. (2) En el norte del departamento de Antioquia, el frente treinta y seis de las FARC cobra de tres a ocho millones de pesos por cada buldózer que opere en el territorio que está bajo su control. Verdad Abierta, un equipo de pensamiento independiente especializado en la guerra civil colombiana, calculó la existencia de 2.000 buldózeres en un área de 8.500 Kms sólo a lo largo de la región del Bajo Cauca, controlada principalmente por las bandas paramilitares de los Uribeños y los Paisas. (3) (4) Con esta bonanza del sector minero, todo parece que los grupos paramilitares y guerrilleros han encontrado un nuevo aire para su guerra.
Bogotá ha adoptado una postura de línea dura contra la minería ilegal—término general que incluye paramilitares, guerrilla y minería informal. Jim Wyss del Miami Herald informó que a los mineros informales les están cobrando para financiar a los grupos paramilitares y guerrilleros. (5) La cacería minera indiscriminada que favorece a las grandes compañías mineras, ha colocado a los mineros colombianos pobres entre la espada y la pared.
El actual Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, y la presidenta de la compañía minera Mineros S.A., Beatriz Uribe, están de acuerdo en que por lo menos la mitad de las minas de carbón y oro en Colombia son ilegales. (6) (7) Solamente en Antioquia el 84 por ciento de la minería no tiene aprobación del gobierno. (8) La Cámara Colombiana de Minería ha calculado que la industria de la minería perderá un millón de pesos, debido a la minería ilegal. (9) Los habitantes pobres de la zona son atraídos por la minería ilegal por su rentabilidad. Los mineros locales entonces se encuentran en una sinsalida. Sin protección del gobierno, los mineros locales se ven obligados a pagar un impuesto de protección a los grupos paramilitares y guerrilleros, y el gobierno los coloca fuera de la ley por ayudarle a estos grupos rebeldes.
Las multinacionales atacan
En su empeño por reubicar a las comunidades de afrocolombianos y a los mineros locales, las compañías multinacionales mineras han adquirido mala fama por sus tratos por debajo de la mesa con el gobierno colombiano, los militares y paramilitares. En especial, las compañías mineras canadienses Greystar Resources, B2Gold y la sudafricana Anglo Gold Asanti no son sino unas pocas de las multinacionales que no se paran en usar su extrema riqueza para amenazar, extorsionar, desplazar, secuestrar y asesinar a colombianos comunes y corrientes en su cacería del oro.
Ambas, la AngloGold Ashanti y la B2Gold Company de Toronto, poseen sitios industriales de minería por todo el sur del departamento de Bolívar que hace parte de la región del Magdalena Medio. Esta área volátil ha estado asediada por la violencia y el desplazamiento desde el apogeo de la producción cocalera en los años 80. Según el Proyecto de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, 116.453 personas fueron desplazadas por la fuerza entre 1994 y 207, además de 53.202 de los civiles desplazados del sur de Bolívar. (10) En estos años, los paramilitares fueron responsables por el 75% de las violaciones de derechos humanos, con un 5% de crímenes atribuidos a las FARC, 4% al Ejército y 2% al grupo guerrillero marxista del ELN (11) La cifra desproporcionada de violencia y desplazamiento en el sur de Bolívar es indicativo de la presión que las compañías multinacionales multinacionales han puesto sobre las comunidades colombianas.
A pesar de que no se encuentran vínculos oficiales palpables entre las compañías mineras internacionales, los paramilitares y el ejército, las estadísticas de los sindicatos y de los miembros de la comunidad cuentan otra historia. Los grupos de derechos humanos MiningWatch de Canadá, Inter Pares y CENSAT-Agua Viva han denunciado que los paramilitares y los soldados colombianos les dicen a los residentes de la zona que “sus operaciones están dirigidas a protegen los intereses de las compañías mineras multinacionales en el área.” (12) Los paramilitares y los soldados simplemente están encargados de cumplir la política del gobierno colombiano—una política dirigida a proteger los intereses de las compañías mineras multinacionales a expensas de las comunidades locales.
Los mineros y los sindicatos son los que están principalmente en la mira. Después del asesinato del líder sindical Alejandro Uribe por el Batallón Anti Aéreo Nueva Granada en 2006, Teófilo Acuña, presidente de la Federación de Agricultura y Minería del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), fue arrestado por acusaciones falsas, debido a la organización de mítines en los cuales se expresaron opiniones contra las multinacionales. (13) Más aún, las Aguilas Negras, grupo paramilitar de extrema derecha, han enviado amenazas a nueve personas y organizaciones, incluida FEDEAGROMISBOL, porque están “contra la presencia de las multinacionales y contra la presencia del Ejército.” (14) El colombiano común no está recibiendo una protección adecuada debido al favoritismo de Bogotá por las corporaciones multinacionales. O porque ignoran o porque apoyan las amenazas, los desalojos forzados y el asesinato tanto de líderes de los sindicatos locales como de miembros de las comunidades, son la señal de que el gobierno colombiano y las compañías multinacionales no protegen las garantías civiles y pueden ser las directamente responsables por los abusos de derechos humanos contra los disidentes.
Otra compañía minera canadiense, la Greystar Resources, ha llevado a cabo una extensa exploración de oro con el proyecto Angostura, a 55 kilómetros de distancia de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. Este año, Greistar ha venido rechazando la presión de los activistas ambientalistas, pequeños mineros, y agricultores como consecuencia de su decisión de expandir la mina a cielo abierto de Angostura; se cree que este depósito contiene más de 11 millones de onzas de oro. (15)
El informe Tierra y Conflicto elaborado por MiningWatch Canada, Inter-Pares y CENSAT-Agua Viva da detalles de la estrategia de ocupación utilizada por Greystar: primero, la multinacional llega a un acuerdo con el Ejército para asegurar el área, “delimita el área que ocupa la mina, coloca una base militar financiada por la compañía, y compra la tierra señalada”. (16) El Centro Nacional por la Cooperación Indígena afirma que este método lo utilizan todas las multinacionales que operan en el área. Los paramilitares generan ingresos tomándose el control de la tierra y coludiéndose con las compañías multinacionales y hasta con el mismo gobierno (ver el escándalo de la “parapolítica” en 2006) (17)
En la misma línea, un informe investigativo elaborado por Faultlines de AlJazeera ha revelado la aparición de amenazas de muerte del grupo paramilitar de extrema derecha, la Nueva Generación de Águilas Blancas, contra residentes de una pequeña comunidad afroamericana minera de oro en el Cauca. (18) Esta amenaza coincide con el recién descubierto interés de la AngloGold Ashanti en la exploración del oro en la región, lo que plantea el interrogante de si la multinacional esta orquestando estos ataques entre bastidores.
El “oro de los tontos”
Si bien debería darse una campaña contra la minería ilegal, el gobierno colombiano y las fuerzas armadas tienen que hacer una distinción diáfana de la minería ilegal que hacen los paramilitares y la guerrilla de la minería informal. Hasta que Bogotá no coloque los intereses de la gente por encima de los de las compañías mineras multinacionales, la población colombiana seguirá siendo víctima en esta frecuentemente sanguinaria búsqueda de “El Dorado”.
NOTA: Todas las referencias son a htpp://www.coha.org/colombia-gold-rush-the-silver-lining-for-paramilitaries-and-guerrillas
Traducción de José Fernando Ocampo T.