Jorge Enrique Robledo Castillo, Asesor Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Manizales
El caso de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) permite ilustrar, en detalle, las distintas medidas tomadas por los neoliberales para imponer las privatizaciones de las empresas de servicios públicos del país.
Cualquier análisis que se haga sobre la Chec debe partir de cinco verdades irrefutables: que esa empresa logró extender la redes de energía al 95 por ciento de los habitantes de la región, incluidos casi todos los de sus áreas rurales; que sus tarifas fueron relativamente bajas hasta hace pocos años; que funcionó por casi seis décadas sin graves problemas financieros; que es la más importante fuente de acumulación de riqueza industrial de la región y que, más digno de resaltarse aún, los logros anteriores se dieron porque pudo funcionar como un servicio y no como un negocio, en razón de su carácter estatal. Además de que es notorio que sus problemas son recientes y que ha servido bastante bien, falta a la verdad quien diga que la Chec hubiera podido cubrir la gran extensión que ha cubierto y cobrar las tarifas que cobró si hubiera sido un monopolio privado.
Los actuales problemas de la Chec y de sus usuarios empezaron en 1990, cuando Virgilio Barco decidió someter el país a la apertura. A los pocos días de esa decisión, el ex ministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama denunció que esa política obedecía a un chantaje del Banco Mundial y que le causaría graves perjuicios al país2 . Después, el director del Cider de la Universidad de los Andes explicó que la privatización tenía como propósito mejorar las tasas de ganancias de las transnacionales que comprarían las empresas estatales de los países atrasados3 . Y Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, afirmó: “la globalización es, en realidad, otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”4 .
La conspiración
El primer paso en las políticas de privatización fue imponer grandes alzas en las tarifas de los servicios públicos, pues éstas debían dispararse para poder atraer al capital privado, el cual, como se sabe, sólo se interesa por las altas ganancias, aun a costa de someter al hambre y de dejar sin luz, agua y teléfono a quien sea, según lo ilustra lo ocurrido en Manizales. En esta ciudad, por sus costos, el consumo de agua disminuyó en 10 por ciento el año pasado, y resultaría más barato enviar las basuras por Servientrega. Además, Emtelsa, la antigua telefónica, ha subido las tarifas hasta el punto de obtener utilidades netas por 13.150 millones de pesos en el 2000, con un aumento en sus ganancias del 73 por ciento con respecto a 1999, a pesar de que las líneas devueltas por sus clientes son millares y que las llamadas disminuyeron en casi 39 millones de impulsos (La Patria, 8 de febrero del 2001).
Pero como el neoliberalismo no es una equivocación sino una conspiración, también decidieron poner en entredicho las finanzas de las empresas públicas para justificar su venta. El primer paso en ese sentido fue el Decreto 700 firmado por César Gaviria, que le montó al capital privado el negociado del PPA de las térmicas, esperpento que les impuso a las electrificadoras regionales pérdidas que pueden llegar a 450 mil millones de pesos anuales y que ya le ha costado a la Chec 58 mil millones. ¿Cuál es el secreto de esta ignominia? Que los contratos tienen una cláusula leonina en extremo que señala que a los monopolistas propietarios de esas empresas hay que pagarles no la energía que produzcan sino la que puedan producir, con lo que están desarrollando un capitalismo en el cual ciertos personajes hacen todas las ganancias calculadas en sus negocios aun cuando no haya quien les compre las mercancías que producen. Cómo contrasta este tratamiento de privilegio con el sufrido por decenas de miles de colombianos que han sido arruinados en la última década. Y que no vengan los gaviristas a decir que no sabían que esto podía pasar, porque Planeación Nacional usó cifras amañadas para engañar a los funcionarios que firmaron esos contratos en las regiones.
Después, y al amparo de la Constitución del 91, se expidieron las leyes 142 y 143, auténticos arietes en el propósito de garantizarle al capital privado ganancias fabulosas y de presionar la privatización de las empresas de servicios públicos. Por esas normas, la Chec ya ha perdido los 27 principales compradores de energía de la región con las llamadas “comercializadoras de maletín”, las cuales son empresas de papel que pueden especular con precios menores porque no tienen que cargar con el pésimo negocio que es llevar la energía a los pueblos y a las zonas rurales ni atender usuarios de los estratos uno, dos y tres. Esas normas son también las que le han trasladado a la Chec costos por 31 mil millones de pesos producto de las restricciones impuestas por las voladuras de torres, platas que debieron ser asumidas por el gobierno nacional. Y mediante la suma de los vacíos dejados en esas leyes y la actitud despótica de la alta burocracia oficial propia del neoliberalismo, el gobierno nacional se ha negado a pagarle a la Chec más de cien mil millones de pesos que le adeuda por subsidios desde el gobierno de Samper. Por último, las garantías a los monopolios privados generadores de energía llegan a tanto, que éstos pueden cobrarles a sus deudores con un método que parece extraído de las historias de mafiosos, y que consiste en quitarles la luz, durante 1, 2, 3 y cuatro horas diarias, a municipios y departamentos enteros, así sus usuarios hayan pagado puntualmente sus facturas, “restricción de suministro” con la que el gobierno nacional ya atentó contra San Pedro de los Milagros, Caucasia y el Chocó, motivando los conocidos y muy justos paros cívicos con que esos compatriotas derrotaron ese acto de barbarie neoliberal.
Y entonces ahora, cuando los gobiernos nacionales llevan años tomando las medidas que tienen en crisis a la Chec —mediante el PPA con Termodorada, las comercializadoras de maletín, las restricciones de suministro y el no pago de los subsidios adeudados, así como las deudas en dólares y la devaluación del peso, otra herencia de la apertura—, la administración Pastrana sale con la desfachatez de que todo el problema es la “ineficiencia” en la administración de la empresa y que su “solución” consiste en privatizarla. Esto, preciso en el momento en que para venderla habría que regalarla por ahí por el 5 o el 10 por ciento del valor de sus activos. Se configuraría así otra más entre las muchas ventas a menos precio de empresas estatales, enajenaciones que se han justificado con galimatías que ocultan que los compradores imponen tasas de descuento —ganancias— tan altas que hasta triplican a las normales en Estados Unidos. El asalto al patrimonio público se configura así: en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos de Colombia se comprometen a vender las empresas a cualquier precio, y los monopolistas privados, conocedores de ese compromiso, pagan por ellas lo que se les da la gana, lo que no impide que los neoliberales criollos posen de estadistas y expresen su agradecimiento por tanta “ayuda”.
Pero los exponentes del neoliberalismo en Caldas, haciéndose los ciegos ante la década de destrucción del aparato productivo y el brutal empobrecimiento del país que han generado la apertura y la privatización, siguen planteando sus baratijas ideológicas como si nada hubiera pasado y el país fuera el de 1990, cuando unos cuantos vivos, los colombianos que se lucrarían del viraje económico, lo metieron en la peor encrucijada de su historia. Y entonces insisten en cuatro necedades que si no fueran tan dañinas sonarían chistosas: que la privatización consiste en acabar con los monopolios estatales y establecer la libre competencia, que no importa quien sea el dueño de las empresas mientras sigan operando, que el nacionalismo es un concepto trasnochado y pernicioso y que los trabajadores del Estado son demasiados y ganan mucho. Juzguémoslas una a una.
Los pretextos
Si algo se confirmó hasta la saciedad es que los monopolios públicos no fueron reemplazados por la libre competencia sino por los monopolios privados y que éstos, como también se sabía desde hace más de un siglo, se aprovechan de la falta de competidores para esquilmar a sus clientes sin contemplaciones, y más cuando se trata de servicios a los que resulta muy doloroso renunciar. Para nada es casual que los cuatro o cinco monopolistas de la generación de energía se aprovecharan de las voladuras de las torres para subir la tarifas entre 400 y 750 mil millones de pesos, suma distinta a los 40 mil millones que cuesta reparar los daños. A tanto llegó su descaro que este gobierno, neoliberal como el que más, debió intervenirles sus precios de venta. Pero que nadie se haga ilusiones. Ya el ministro de Minas, Ramiro Valencia Cossio, el encargado de hacer demagogia amarrando los gatos con longaniza, aclaró que de lo que se trata es de impedir que sigan cobrando penaltis a dos pasos y que, como si fuera gran cosa, en adelante deberán seguir pateándolos a doce, distancia a la que se sabe también entran en el 99 por ciento de los casos.
Además, es obvio que el extranjero que compre la Chec no se llevará los cables y transformadores de la región, pero sí exportará del país, nada más ni nada menos, que las utilidades que produzca la empresa, luego de someternos a las exacciones que se le antojen, y obteniendo la potestad de dejarnos sin energía eléctrica cuando le plazca. Y cualquiera sabe que la clave del desarrollo de las naciones es la acumulación de riqueza en el interior de sus países, porque ella es la que genera las nuevas fuentes de acumulación, el empleo y el progreso general, así como se conoce de las agresiones de las que son capaces los imperios.
De otro lado, que estos personajes que tanto puyan contra el nacionalismo, contra el patriotismo, contra el amor a Colombia, agradezcan que no nacieron y viven, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque si un gringo se refiriera así a esos valores sagrados en su patria sería sometido al ostracismo. Que nos muestren un solo país capitalista desarrollado en el que se le entregue a los extranjeros la definición de las políticas económicas fundamentales, las principales fuentes, la acumulación de capital y en el que no se le inculque a todos sus habitantes la defensa de la patria como su principal virtud.
Montarle un pleito al número de trabajadores y empleados que tiene la Chec, y a sus sueldos y salarios, para explicar los problemas de la empresa, no pasa de ser una mezquindad que apenas intenta ocultar la verdad de lo que ocurre. Si el país lleva diez años echando a millones a la calle y bajando salarios y cada vez está peor, en buena medida porque ya no hay ni quien compre lo que producen el agro y la industria nacionales. ¿Cuándo entenderán los dirigentes colombianos, los que no les dictan su pensamiento desde Washington, que los engañan cuando les aúpan el instinto de clase que los lleva a responsabilizar de los problemas del país a lo mucho que supuestamente ganan los de abajo? ¿Cuándo aceptarán que si bien el esclavismo y el feudalismo fueron viables en la pavorosa miseria de los trabajadores de ese entonces, así no resulta posible el desarrollo capitalista?
Y los que inocentemente creen que la privatización acabará con las corruptelas, perdieron el contacto con la realidad, les cargan ladrillo a intereses contrarios a los nacionales y son idiotas útiles de unos corruptos tan grandes como no se conocían. Al respecto, lo primero es señalar que cada pillo, cada caco, en el Estado tiene por lo menos un socio en la empresa privada, así éste ponga cara angelical y no haya medio de comunicación que lo desenmascare sin contemplaciones. Lo segundo es que la privatización ha llevado las raterías a sumas astronómicas, y no en pesos sino en dólares, según lo sabe cualquier persona medianamente informada. Y lo tercero es que los grandes centros de la corrupción mundial son precisamente los mismos centros del capital financiero internacional, ese capital al que los neoliberales colombianos le están entregando el país. En un libro de su autoría publicado recientemente, George Soros, el más conocido de los financistas del mundo, y famoso porque fue capaz de tumbarle dos mil millones de dólares en una semana al Banco de Inglaterra, contó cómo es que funcionan las cosas. “Los mercados financieros —dice— no son inmorales, son amorales. (En los negocios), la moralidad puede llegar a ser un estorbo. En un entorno sumamente competitivo, es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan peores resultados que las que están libres de todo escrúpulo moral. De este modo, los valores sociales experimentan lo que podría calificarse de proceso de selección natural adversa. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Este es uno de los aspectos más perturbadores del sistema capitalista global. La amoralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquéllas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella”. Y a propósito, ¿no es el colmo el desfile de tantos ex altos burócratas colombianos hacia cargos en las agencias internacionales de crédito y las direcciones de las transnacionales que operan en el país? ¿Cuánta fue la comisión que cobró Fabio Villegas, el ex ministro de Gaviria que en nombre de la banca de inversión Rotshild firmó el negocio de privatizar las catorce electrificadoras regionales, incluida la Chec?
Un grave atentado
La privatización de la Chec, entonces, es una medida inaceptable porque constituye un atentado en contra del progreso de Colombia y su soberanía nacional, porque aumentará todavía más las tarifas de la energía y la pobreza del pueblo, porque enviará al exterior las ganancias de una empresa que es la principal fuente de acumulación de riqueza industrial en la región, porque sacrificará todavía más a quienes con su trabajo la han construido y la mantienen funcionando y porque amenazará en materia muy grave la expansión del servicio a las zonas que no lo tienen y su mantenimiento en los pueblos y en las áreas rurales del departamento que lo poseen, aspecto este último que hay que resaltar porque habría que ser muy despistado para pensar que el capital privado va a llevar o a mantener la energía a donde resulta más costoso entregar las facturas que lo que se paga por ellas. De ahí que, cuando cada caldense decida con qué camiseta va a librar esta batalla, no quepan las consideraciones oportunistas, por muchas que sean las diferencias políticas que tengamos entre los que podemos unirnos en la defensa de la empresa y por muy tentador que pueda parecer pescarse unos votos disparando para donde no es o recibir las baratijas que el gobierno nacional pueda mandarles a los que actúen como quintacolumnistas.
Y los reclamos en torno a los que hay que unirse son evidentes: el rechazo a la privatización de la Chec y a la venta, a quien sea, de las acciones que posee el gobierno nacional; el desmonte, por parte del Estado, del PPA de Termodorada, así como el pago de lo que adeuda por subsidios y el aporte de las sumas que sean necesarias para mantenerla funcionando adecuadamente. Deberán también capitalizarse los aportes regionales, respetarse los intereses de empleados y trabajadores y eliminarse las normas legales que golpean a la Chec. Es obvio que también estamos porque no sigan subiendo las tarifas y porque la empresa se administre de la mejor manera y en contra de que el gobierno nacional vaya a agredir a los caldenses provocando apagones generales en el departamento, amenaza ante la que no nos debemos amilanar pues es obvio que, a la hora de nona, no sería capaz de imponerla.
Afortunadamente, ha sido tan exitosa la historia de la Chec hasta cuando el neoliberalismo clavó sus garras en ella, que los caldenses tenemos a flor de piel un arraigado sentimiento en su defensa; y han sido tantos los desastres de la apertura y la privatización, que ya los neoliberales han perdido mucho de su capacidad de engaño. Por otro lado, los estatutos y la composición accionaria de la empresa impiden que el gobierno nacional pueda proceder a su antojo, así posea una ventaja accionaria ínfima, salvo que quienes nos representan en su junta directiva cambien de bando5 . Y más importante todavía, existe y puede crecer un gran consenso tendiente a defender este patrimonio regional de las asechanzas a que está sometido, acuerdo que si se mantiene se constituirá en un dique de un millón de caldenses que podrá impedir que los privatizadores se salgan con la suya. Si cada dirigente político y social, si cada alcalde, diputado y concejal, si cada líder de gremio, de sindicato y de barrio, si, en fin, la casi totalidad de los habitantes del departamento expresamos nuestro repudio a la privatización de la Chec, no habrá en Colombia quien se atreva a insistir en ella, por muy poderosos que sean los que quieren metérsela en sus bolsillos.
Lo que resta es seguir avanzando en el proceso de organizar la resistencia, porque ninguna lucha puede darse con éxito si no se cuenta con un centro de dirección que tenga claros los objetivos que se buscan y si no se orienta en detalle los pasos para lograrlos. Como lo planteamos ya públicamente, y como lo ratificamos hoy aquí en este importante evento, nuestra consiga es Unidad en defensa de la Chec.
1 Ponencia en el Foro sobre la Central Hidroeléctrica de Caldas —Chec—, convocado por la Asamblea Departamental de Caldas y el Concejo de Manizales, Teatro Los Fundadores, 28 de marzo de 2001.
2 . “La mal llamada apertura”, por Abdón Espinosa Valderrama, El Tiempo, 27 de febrero de 1990, p. 5A.
3 . Cuervo, Luis Mauricio, “Encuentro de usuarios y consumidores de servicios públicos domiciliarios en Colombia”, 25 de junio de 1999, Bogotá, multicopiado.
4 . Kissinger, Henry, Conferencia en Trinity College, Dublin, 12 de octubre de 1999.
5 Unas semanas después de presentada esta ponencia, el gobernador de Caldas y el alcalde de Manizales aceptaron modificar los estatutos de la empresa, de forma tal que, el gobierno nacional adquirió la mayoría legal para proceder a su antojo.