Gustavo Quesada, Bogotá, diciembre 6 de 2018
Al amanecer del 6 de diciembre de 1928 en la ciudad de Ciénaga, el general Carlos Cortés Vargas, Jefe Civil y Militar de la Provincia de Santa Marta[1], ordenó disparar contra la multitud de trabajadores bananeros reunidos en la estación del ferrocarril, a la espera de la presunta visita del gobernador del Magdalena, que, decían los rumores, resolvería el pliego de peticiones ocasión de una huelga que ya se prolongaba por casi dos meses. El número de muertos sobrepasó los mil de acuerdo a lo reconocido por la embajada norteamericana y la misma United Fruit Company. En los días siguientes el ejército continuó allanando, apresando y asesinando, lo que subió la cifra de la mortandad a los mil quinientos.
Con esta huelga y esta matanza se abre en Colombia una nueva fase de su historia. Las luchas sociales se orientarán a partir de este momento contra el imperialismo norteamericano. Las anteriores luchas por una revolución democrática burguesa que modernizara el país y propiciara el desarrollo del capitalismo con la dirección de nuestra burguesía se quedaron en el siglo XIX. Al comenzar el siglo XX la Norteamérica de los años posteriores a su independencia, cuando logró contener los ánimos de reconquista de la Santa y Gran Alianza, era cosa del pasado. A partir de ahora los grandes monopolios y el capital financiero se regodean apoderándose de Puerto Rico y las Filipinas, imponiendo a Cuba la Enmienda Platt y desmembrando el territorio colombiano con el rapto de Panamá. Con esta política el gran capital, penetraba hasta el último resquicio del continente dispuesta a desalojar los capitales ingleses y franceses y los precarios capitales nacionales, y de suyo, conquistar los mercados, las materias primas y la fuerza de trabajo del subcontinente. Se inauguraba en Colombia la era del imperialismo y de la revolución proletaria.
Con independencia de los juicios críticos al PSR y a sus dirigentes, que, por supuesto hay que hacerlos, le correspondió a la clase obrera colombiana, que apenas despuntaba en el horizonte político, el honroso lugar de haber iniciado la lucha antiimperialista y por una nueva revolución democrática. Pero no solo esto: en el transcurso de la negociación de los nueve puntos del pliego de peticiones y durante la huelga, alumbró un acuerdo político, para este caso espontáneo, en el que participaron empresarios nacionales del banano, exceptuando los de Santa Marta, sometidos a las exigencias de la Compañía, comerciantes, afectados por los comisariatos, colonos, despojados de sus tierras, campesinos e incluso algunos alcaldes y concejos municipales y veteranos de la Guerra de los Mil Días que prestaron su solidaridad a los huelguistas. Estos dos hechos nos señalan todavía el camino. Igualmente quedó absolutamente claro el carácter cipayo de nuestros gobernantes que desde Rafael Reyes llenaron de ventajas y de garantías a la UFCO y a las restantes empresas que se instalaban en nuestro territorio.
En el libro Las Bananeras del periodista e historiador Gabriel Fonnegra, editado en 1978 y con varias reediciones, el autor desde las primeras páginas nos va guiando por el contexto, mostrándonos con lujo de detalles cómo fue el proceso de asentamiento de la UFCO, el juego de las complicidades y corruptelas antinacionales que lo rodearon y las relaciones expoliadoras que estableció en la Zona Bananera. La United era dueña no solo de la mayor parte de las tierras cultivables (51.000 has.), sino además del ferrocarril de Santa Marta, del telégrafo, de la navegación marítima y fluvial (Gran Flota Blanca), de los teléfonos, la producción del concreto, los canales de regadío y hasta de la fábrica de hielo: un verdadero enclave colonial. Este contexto trabajado por Fonnegra nos permite comprender que más que una simple huelga contra una empresa que negaba los más elementales derechos a los trabajadores, fue una verdadera lucha por la defensa de la soberanía nacional.
En su libro el autor no solo parte de la bibliografía que circulaba por la fecha de la primera edición, sino que acude a las fuentes primarias: la prensa, las entrevistas con los lugareños y los trabajadores sobrevivientes e incluso con los sindicalistas de la UFCO sobrevivientes. La investigación histórica, sin ninguna mistificación, demuestra taxativamente lo que venía diciendo la teoría.
Este libro se nos presenta como un ejemplo de la investigación histórica rigurosa y comprometida, constituyéndose de hecho no solo en una defensa de la memoria histórica de los desposeídos de Colombia sino en un modelo para quienes aspiran a ser instructores de historia y para los nuevos investigadores: no basta con las muy precisas explicaciones políticas, hay la necesidad de que estas explicaciones tengan carne y hueso y que puedan ser contrastables. Si bien en la economía contamos con trabajos tan rigurosos como los de Jorge Robledo, Aurelio Suárez y Cedetrabajo y en la política con los irrefutables debates de Jorge Robledo y Manuel Sarmiento, además de una amplia bibliografía sobre temas muy precisos, incluido el agrario, y con un movimiento estudiantil de jóvenes diestros que no le temen a la controversia con el Estado y sus ministros, y que han demostrado firmeza e inteligencia en las negociaciones del actual conflicto, es hora de que quienes asuman el relevo en la investigación y la enseñanza de nuestra historia, el tiempo no perdona, no solo recopilen y estudien lo que ya ha sido publicado, que no es poco, comenzando por los trabajos de José Fernando Ocampo y del mismo Gabriel Fonnegra, sino que asuman esta tarea con cientificidad y espíritu revolucionario, de tal modo que podamos adelantar los debates frente a una disciplina a la que nuestras oligarquías tratan de menoscabar o tergiversar y los posmodernos, hegemónicos en los ámbitos académicos, le niegan objetividad y condenan a lo micro, a lo que no tiene significación más allá de los datos positivos. Tal es el mensaje que presento a ustedes a nombre del Grupo de historia de Colombia de la Escuela Nacional de Cuadros.
Notas:
[1] El general Carlos Cortés Vargas, nombrado como jefe militar de la provincia de Santa Marta desde noviembre 12 de 1928, amparado en la Ley 69 de octubre 30 de 1928 o Ley heroica, en el Decreto Legislativo Número Uno de diciembre 5 de 1928 que declaraba turbado el orden público en la provincia de Santa Marta y le nombraba como jefe civil y militar de esta provincia, a las 11 de la noche del 5 de diciembre expidió el Decreto Número Uno que ordenaba la disolución de toda reunión de más de tres personas y se disparase sobre la multitud si fuese el caso. La ley heroica había sido expedida en medio de las dificultades económicas de Abadía Méndez y la paranoia anticomunista desatada por la gira del PSR de 1927 y las huelgas de la Tropical Oil Company, de Bavaria, de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y de los braceros de Puerro Colombia.