Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, noviembre 19 de 2020
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define que “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana” (1).
De manera evidente esta situación no se está presentando en Colombia ni en muchos países del mundo, sobre todo de los llamados en vías de desarrollo, la inmensa mayoría de la población mundial. Pero las cosas en este campo se han desmejorado en nuestro país desde principios de la década de 1990, cuando los gobiernos de turno impusieron a rajatabla la apertura económica y luego los tratados de libre comercio. Las cifras sin incontrastables: hasta 1990 Colombia importaba menos de un millón de toneladas de productos del agro para pasar en la actualidad a más de catorce millones de toneladas. Dichas políticas aperturistas llevaron a que la producción de alimentos y materias primas del campo de empresarios nacionales, campesinos e indígenas se viera reemplazada por productos extranjeros. Además de dejar de producir millones de toneladas de alimentos, se perdieron también millones de empleos. Una política pierde-pierde.
El Censo Agropecuario del DANE muestra las crudas cifras que dejaron dichas políticas: de cinco millones de productores en el campo para atender 43,1 millones de hectáreas de uso agropecuario, el 91% no tiene acceso al crédito, el 83% no recibe asistencia técnica, el 83% no cuenta con maquinaria agrícola, el 66% no usa sistema de riego, el 54% carece de título de propiedad y el 42% no ha recibido educación básica primaria. La tenencia de la tierra ha empeorado desde el censo anterior de 1970, ya que el 73,2% de las unidades productivas posee menos de cinco hectáreas y ocupa el 2,3% del área censada. Las áreas de siembra de los productos principales también se han visto disminuidas. Partimos de un área agropecuaria total de 43,1 millones de hectáreas, de la cual se destinan para pastos 34,4 millones de hectáreas en ganadería extensiva (79,7%) y para el sector agrícola 8,6 millones de hectáreas (20,1%).
En este contexto debemos mirar la crisis de la producción de papa de los últimos días, agudizada por las importaciones de papa congelada de Francia, Holanda y Belgica, que no se requieren en el país por cuanto tenemos suficiente producción papera para abastecer el mercado interno. El gobierno se negó a adelantar un plan de compras públicas que permitiera adquirir el producto a precios remunerativos y repartirlo entre miles de familias que hoy no comen papa y tampoco otros productos de la dieta básica porque no hay dinero con qué pueden comprarlos. Sucede con la leche, la carne, el maíz, el arroz y otros productos. El DANE ha informado que, durante los próximos meses, nueve millones de colombianos dejarán de comer tres comidas al día para limitarse a solo dos.
Es tan grave la situación que, en las carreteras del Atlántico, de la Costa y del país se apostan campesinos para ofrecer productos alimenticios a los viajeros, asumiendo riesgos de seguridad y de sanidad por el clima y la pandemia que todo lo ha agravado, y tratar de aliviar su situación.
No existe una política pública que beneficie la producción nacional agraria y también industrial. Deben echarse atrás las políticas y medidas contraproducentes que le hacen daño al país y, en especial, renegociar los Tratados de Libre Comercio para cortar con las ataduras que no permiten respaldar a nuestros campesinos, indígenas y empresarios del agro. Colombia necesita acceder a la verdadera seguridad alimentaria para los cincuenta millones de colombianos.
Notas:
http://www.fao.org/elearning/course/FC/es/pdf/trainerresources/learnernotes0531.pdf