El departamento del Cesar es el único de la Costa Atlántica que no tiene acceso al mar, sin embargo, los sistemas montañosos que lo circundan (Sierra Nevada de Santa Marta- Serranía del Perijá), lo hacen hidrográficamente rico y le dan una importante variedad de pisos térmicos1. De sus 2.290.500 Hectáreas de extensión, el 75% era cultivable durante la segunda mitad del siglo XX y de ésta porción, el 52% era utilizado para el algodón. A inicios de los noventa, y pese a la caída de la bonanza algodonera por los estragos de la apertura económica, se seguía cultivando 61 mil hectáreas, que sumadas a los demás cultivos permanentes y transitorios alcanzaban en total 234 mil hectáreas del departamento para la agricultura. Las otras tierras eran generalmente ocupadas por la ganadería. Para el 2012 el cultivo de algodón alcanzaba apenas 3.600 hectáreas y la agricultura total del departamento empleaba sólo 75.900 hectáreas, lo que groso modo representa una caída general del sector en un 67%2.
La principal razón de esta vertical caída es la presencia de empresas multinacionales como Drummond, Glencore y Colombian Natural Resources en el Cesar, cuya actividad económica es la minería a gran escala. Para el año 2012 se les había otorgado más de 370 mil títulos mineros, correspondientes a 382 mil hectáreas; o sea, cinco veces lo que utiliza la agricultura actualmente. Sin contar con los más de 80 títulos que recientemente aprobó la Agencia Nacional Minera y los que quedan pendiente3.
Gran parte, si no toda, de esta actividad se realiza en el centro del departamento, en el denominado Distrito Minero La Jagua, conformado por los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná y parte de Curumaní y Codazzi4. Todo este territorio está entre La Serranía del Perijá y el Valle del río Cesar, lo que lo hace fundamental para la agricultura regional por la calidad del suelo y la abundancia de agua. Pero estas tierras también son ricas en carbón, por ello y por el modelo económico adoptado por el Gobierno nacional no se realiza actividad agrícola sino minera. En el 2011 había más de doce proyectos, dentro de los que se hallaban Descanso norte y oriente, Rincón hondo, Cerro largo centro; Calenturitas, La Jagua, la Victoria, etc. Muchos de estos proyectos pertenecen a una misma multinacional pero los títulos mineros aparecen registrados por otras empresas; estrategia que emplean las multinacionales para evadir el pago de impuestos al Estado y pagar regalías con los beneficios de la pequeña minería, como es el conocido y denunciado caso de Glencore, que en una sola e inmensa mina actúa a través de tres sociedades distintas5.
En 1990 el departamento produjo 800mil toneladas de carbón, diez años después aumentó a 13 millones y ya para 2011 era el primer productor de carbón, con 44 millones de toneladas que representaban el 51% del carbón nacional. Sumado a otras producciones, estos datos alegres inspiraron a Juan Manuel Santos para hablar de “Locomotora minera”, a Mauricio Cárdenas a jurarles felicidad a los dueños de las transnacionales mineras y a una gran cantidad de entidades del Estado a especular desde sus oficinas que la economía en Colombia está creciendo por encima de países como Argentina. Lo que no mencionaron fueron las consecuencias sociales, ambientales y económicas que eso trajo al país.
En el Cesar, el precitado Distrito Minero La Jagua fue declarado Área fuente de contaminación, debido a que la concentración de material particulado en el aire superaba por un amplio margen los niveles que afectan la salud humana.6
Ríos de gran importancia como el Calenturitas han sido desviados en varias ocasiones por las multinacionales y están en peligro de correr con la misma suerte el Tucuy y el Maracas, de allí que los niveles freáticos de las cuencas hídricas de ese sector del departamento hayan descendido hasta 140 metros en los niveles de agua que abastecen pozos y acueductos municipales y rurales, que en los municipios tradicionalmente pesqueros haya una invaluable lesión y que aumente, cada vez con mayor velocidad, la pérdida de la capacidad de uso de las tierras para la agricultura.7
El río Cesar, que recorre el departamento en dirección norte-sur, al pasar por los municipios del corredor minero, recibe aportes de un conjunto de ríos que por su ubicación están obligados a recoger toda la sedimentación y elementos tóxicos que generan las explotaciones de carbón; al continuar su rumbo, el río Cesar arrastra todo ese material hasta la Ciénaga de Zapatosa, sin que hasta ahora haya una intervención por parte del gobierno que busque la protección de una de las más importantes ciénagas de América del Sur. En 1976, no había una sola área que se utilizara para la minería y en cambio 466 Hectáreas eran ocupadas por ciénagas, para el 2012 estas últimas se redujeron a cero (0) y el área para minería llegó a superar las 380 mil.8
Ninguna de estas afectaciones han sido observadas al momento de sacar cuentas sobre los beneficios reales que le genera la gran minería al país.9 Ni siquiera se puede hablar de beneficios laborales porque sólo el 1,5% de las personas que trabajan en Colombia lo hacen en el sector de minería, en un país que tiene aproximadamente 4 millones de desempleados. En el caso Cesar la agricultura aporta el 32,5%, Servicios el 30,1%; el comercio 25,3 y la minería sólo 0,7% del empleo.
En febrero de este año organizaciones como el CINEP hicieron un llamado nacional a medios de comunicación y al gobierno para que atendiera casos tan graves como los que se presentan en el Hatillo (Cesar). Este corregimiento que se halla cercado por enormes montañas de material estéril que arrojan las mineras, se declaró en crisis alimentaria y sanitaria. La aridez de las tierras ocasionadas por la afectación a los ríos como por la contaminación impide que los moradores puedan al menos sembrar, criar animales o pescar. No hay empleos y para mayor desgracia un olor nauseabundo generado por una planta procesadora de palma africana los acompaña todos los días. En la misma situación se encuentran Plan Bonito y Boquerón; los tres esperan desde 2010 ser reasentadas, lo que en realidad significa un desplazamiento forzado, y es responsabilidad de las diferentes multinacionales, quienes conjuntamente contrataron con una entidad llamada RE-PLAN, a quien le corresponde gestionar dicho reasentamiento y que hasta ahora no ha hecho más que dilatar los términos basándose en argumentos relacionados a la obligación que dicen tener ellos con el cumplimiento de estándares de reasentamiento dictados por el Banco Mundial en 1980.
Con todos estos impactos causados por la gran minería es imposible que en Colombia sigamos hablando, entre otras cosas, de Derecho al ambiente sano, partiendo de que no todas las personas que habitan en el Cesar y especialmente en el corredor minero, están gozando de tal. Respirar diariamente polvillo de carbón en grandes cantidades, tomar agua contaminada por las sustancias tóxicas que acompañan la explotación y morirse de hambre no tiene, de ninguna manera, coherencia con este derecho. Sobre la participación de las comunidades, queda un enorme interrogante, las comunidades no participan, a ellas sólo se les socializa y eso cuando cuentan con suerte porque de lo contrario se les ocupa la casa y la vida sin que aparezca un Estado que cumpla con sus soberanas funciones.
Al Cesar le queda una reserva de carbón, aproximadamente, de 6 mil millones de toneladas; después de que se acabe el futuro es incierto. Pero con certeza le quedarán unos enormes huecos, unas inmensas montañas de mentiras y un aire totalmente ennegrecido que el sólo pensarlo hace que uno se traslade a uno de los sueños de Kurosawa. Sin duda nos estamos acercando a un final horrible al que sólo es posible detener si quienes somos afectados nos unimos para evitarlo.
Urge, pues, la creación de una política minera que ponga en manos del Estado la administración de esta actividad, que se estudien y paguen los daños causados por las transnacionales mineras, que se declaren zonas de reserva ambiental los ríos y demás cuerpos de agua, que se renegocien los contratos mineros actuales y se niegue cualquier prórroga; que se impida la tercerización laboral y sean aplicadas las consultas previas autónomas a las comunidades que pudieran ser afectadas, entre otras. Porque no se trata de negar la minería sino de aceptarla sólo bajo unos términos de desarrollo real para el país y de beneficios para la gente y el medio ambiente.
Bibliografía:
1. Plan frutícula nacional. Desarrollo de la fruticultura en el Cesar. Ministerio de Agricultura 2006
2. Estadísticas a tu Alcance. Edición 1 marzo 2013 Cámara de Comercio de Valledupar.
3. Aprobaron 81títulos mineros para el Cesar. El Pilón. Mayo 24 de 2013.
4. Unidad de planeación minero energética – UPME. Plan de infraestructura de transporte y portuaria para el desarrollo minero en Colombia. 2004.
5. Gobernador Monsalvo pide intervención del gobierno nacional para que multinacional minera no “haga conejo” en pago de regalías. Junio 25 2013.
6. Por contaminación, freno a locomotora minera en el Cesar. El Espectador. 2012
7. Medio Ambiente y la Guajira. Julio Fierro 2012.
8. (A parte de la Zapatoza)- Foro Impactos de la Gran minería en el Cesar. Senador Félix Valera. 2013.
9. La minería colonial de Siglo XXI. Aurelio Suárez. 2013