Recogiendo la valiosa lección que dejó la campaña unificada contra el referendo uribista, el pasado 4 de mayo, las organizaciones políticas, sociales, sindicales, cívicas y populares de Antioquia que hacen parte del acuerdo nacional Gran Coalición Democrática, decidieron crear un capítulo especializado para organizar y orientar la lucha de los usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de esta región del país.
El drama que viven los usuarios de Medellín y de Antioquia es verdaderamente crónico como lo reflejan las siguientes cifras: el 55% de los usuarios de Empresas Públicas de Medellín paga más de 120 mil pesos mensuales por su factura de servicios públicos, mientras que el 45% gana menos de un salario mínimo mensual y el 55% gana menos de 500 mil pesos mensuales, es decir, que a estos usuarios la cuenta de servicios públicos se les devora entre el 25% y el 30% de sus ingresos. Crisis que es mayor si se mira el resultado de una reciente encuesta realizada por la propia empresa de servicios públicos de Medellín, según la cual el 58% de los usuarios que están en mora no tienen empleo y el 32% carece de ingresos suficientes. Y a mayo de 2004, se encuentran sin sus servicios de agua y energía más de 65.000 hogares y sin teléfono más de 100.000; servicios cortados por falta de pago.
Previo señalamiento de la responsabilidad de todos los gobiernos de los últimos 14 años y de su política de privatizaciones, en la generación de este dramático cuadro, la Gran Coalición Democrática de Antioquia, presentó al Alcalde de Medellín un pliego de peticiones que sintetiza las aspiraciones más sentidas y urgentes de los medellinenses y de los antioqueños en servicios públicos.
Entre otras exigencias se destacan: reconexión inmediata, sin costo alguno, de los servicios públicos a todos los desconectados y condonación total de su deuda, rebaja sustancial de tarifas a todo el sector residencial mediante la merma de la rentabilidad de EPM a la mitad, reducción generalizada de los estratos, antes del 30 de noviembre de 2004, eliminación del cobro del alumbrado público a los usuarios, cobro de tarifa especial, no comercial, a las famiempresas, microempresas y pequeñas industrias y comercios y exoneración del cobro de servicios públicos a las instituciones educativas y hospitales estatales, a las Juntas de Acción Comunal y a los Hogares de las Madres Comunitarias del ICBF.
Para defender el pliego se programó una intensa agenda de movilizaciones:
Julio 15 a las 5 p.m. concentración popular en el Parque de Berrío.
Agosto 19 a las 6 p.m. marcha de antorchas.
Septiembre 17 de 9 a.m. a 6 p.m. Tomas de los parques principales de los municipios del Departamento.
Octubre 14 Foro en el Teatro de ADIDA con los Parlamentarios de la Gran Coalición Democrática.
Octubre 15 desde las 9 a.m. Concentración departamental en el Parque de los pies descalzos, frente al edificio inteligente de EPM.