La Federación Colombiana de Educadores cumple cincuenta años de lucha. Es la historia durante medio siglo, en medio de las grandes transformaciones del país y del mundo, de la defensa de la educación pública, de las condiciones laborales y profesionales del magisterio colombiano, de una pedagogía al servicio del desarrollo del país. Esta historia tiene que ver con el Frente Nacional, con los períodos de la violencia, con la Constitución de 1991, con los auges y caídas de las grandes potencias. Pero también con toda clase de intentos de apoderarse de la educación por parte de gobiernos reaccionarios y antinacionales, de imprimirle una orientación y un contenido en contra de los intereses nacionales y de la formación de la niñez y la juventud colombiana. Así mismo, Fecode se ha desenvuelto durante estos cincuenta años en medio del debate, de la controversia, del enfrentamiento pacífico entre las distintas tendencias políticas que han figurado en su dirección. Un desarrollo, un trabajo, un discurrir que siempre ha tenido presente los intereses del magisterio, de la educación y de la Nación.
En medio de esta gran riqueza organizativa, sindical y política, divido la historia de la Federación en seis etapas. Tomo como aspecto determinante para esta división histórica las grandes conquistas de la organización y sus grandes fracasos. Todos ellos han determinado su verdadero desarrollo y su significado histórico en este medio siglo. Una primera etapa va desde su fundación en 1959 hasta el paro nacional de 1977 que obligó al gobierno de Turbay a negociar el Estatuto Docente. Una segunda etapa abarca desde el Estatuto Docente en 1979 hasta el paro nacional contra la municipalización impulsada por la ministra Doris Eder de Zambrano en el gobierno de Belisario. Enseguida el magisterio desarrolla la lucha por un Fondo Nacional de Prestaciones y se extiende hasta la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 que da vía libre a la Ley General de Educación. La cuarta etapa se caracteriza por toda la negociación de las dos leyes fundamentales de la educación colombiana, la ley 60 y la ley 115 de 1993, la ley de competencias y recursos de las entidades territoriales y la ley de la educación colombiana en todos sus aspectos. En seguida un período de desarrollo y práctica de las dos leyes que se extiende hasta el año 2001en el que se pone a prueba su aplicación. Y finalmente la última etapa de los gobiernos de Pastrana y Uribe con los actos legislativos que golpean la educación, el magisterio y producen una crisis en la organización. En esta nota me ceñiré a tres etapas, la inicial, la del Estatuto Docente y la de la Ley General de Educación. Sobre las demás solamente haré alusiones muy cortas.
FECODE siempre ha sido un escenario del debate político y social, reflejo de la situación nacional. No es sino la expresión del carácter avanzado de un sector de la sociedad, que vive la problemática del país y es consciente de ella. Una tradición arraigada en FECODE ha abordado los más candentes debates sobre la situación nacional e internacional que le dan una perspectiva profunda a la problemática propia de la educación y de los educadores. Indudablemente una perspectiva tan amplia permite enmarcar la educación en un contexto que le es propio por su misma naturaleza.
La fundación y las luchas por un Estatuto Docente. 1959-1977
Fecode nace con el Frente Nacional, el fatídico acuerdo de la oligarquía liberal conservadora pactado por los dos partidos tradicionales para gobernar hegemónicamente el país sin posibilidad constitucional de otros movimientos políticos. El país viene del período de la violencia partidista agudizada después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, del único gobierno militar de Rojas Pinilla en el siglo XX y del pacto entre Lleras Camargo y Laureano Gómez en Benidorm. Va a extenderse desde el primer gobierno de Lleras Camargo (1958-62) hasta el fin del gobierno de López Michelsen (1972-78). Allí terminó la llamada “alternación”, es decir, el turno obligado entre los dos partidos en la presidencia, aunque continuaba la paridad en la administración pública que había sido la esencia del acuerdo bipartidista. En el mundo se había agudizado el enfrentamiento de Estados Unidos con la Unión Soviética después del rompimiento de los acuerdos entre las dos superpotencias que había persistido durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses financiaban la recuperación de Europa bajo su hegemonía y la Unión Soviética se acogía a la “transición pacífica” al socialismo bajo la dirección de Kruschev. Las revoluciones china y cubana habían asombrado al mundo y avanzaban en la transformación de sus sociedades.
Pero a los maestros en Colombia quedaban debiéndoles su sueldo por meses. Los maestros de la costa organizaron la famosa “marcha del hambre” de Santa Marta a la capital de la República en 1965 que se convirtió en un símbolo de las luchas magisteriales. En el Congreso de Ibagué de 1973 se inicia un vuelco total en la dirección sindical de la Federación. La dirigencia liberal, conservadora y demócrata cristiana que predominaba casi desde su fundación, había empezado a ser desplazada por la izquierda. Fortalecer el movimiento sindical, procurar unificarlo, tratar de sacarlo del sindicalismo amarillo y gobiernista, quitárselo a los partidos tradicionales que conformaban el Frente Nacional, derrotar a las camarillas de la UTC y la CTC que agenciaban las políticas antiobreras del oficialismo, era una aspiración de todos los sindicalistas de izquierda y constituía una preocupación prioritaria de los nuevos dirigentes de FECODE.
El vertiginoso avance de la izquierda en las organizaciones de educadores durante la primera mitad de la década del 70 se debió a la intensa lucha que los maestros colombianos libraron contra el gobierno frentenacionalista de Pastrana Borrero en los paros de 1971, 1972 y 1973 por salarios y por un estatuto docente. El paro más significativo de todos fue el de 1972 contra el joven ministro de Educación, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien intentó imponerles a los educadores un estatuto regresivo. El magisterio logró derrotarlo. Fueron los activistas de izquierda quienes garantizaron el éxito de la lucha. En el Congreso de Cúcuta de 1975 la dirección de Fecode dio un vuelco total hacia la izquierda de diferentes tendencias. Bajo su dirección el magisterio salió al paro de 1977 cuyo principal objetivo lo constituía la consecución del Estatuto Docente. El gobierno de Turbay destituyó más de mil maestros, siendo ministro de Educación Durán Dussán. Pero un relevo en el Ministerio con Rodrigo Lloreda Caicedo abrió el camino a la negociación del Estatuto Docente. Fecode negoció con el gobierno sin personería jurídica, con maestros destituidos y con un gobierno que perseguía los trabajadores y las organizaciones sindicales. En ese entonces no se les devolvía el salario a los maestros que hubiesen estado en el paro.
Fecode había sido un protagonista de primera fila en la constitución de la Unión Nacional de Oposición—UNO—que se constituía en la primera coalición electoral de izquierda entre el Partido Comunista, el MOIR y el Movimiento Amplio Colombiano—MAC—para las elecciones presidenciales de 1974. Profundas divergencias frente al gobierno de López Michelsen y frente a la política mundial de la URSS, China y Cuba dividieron la UNO y produjeron un enfrentamiento en el Congreso de Fecode en Cúcuta. No obstante la nueva dirección de Fecode logró unificar el magisterio para el paro de 1977 que determinó la negociación del Estatuto Docente.
El Estatuto Docente y su desarrollo. 1979-1984
El 12 de septiembre de 1979 Fecode y el ministro de Educación Rodrigo Lloreda Caicedo suscribían un acta de acuerdo de cinco puntos y treinta y cinco apartes. Quince días después el presidente Julio César Turbay Ayala lo convertía en el Decreto Extraordinario 1278 que pasaría a la historia como el Estatuto Docente, En su calidad de presidente de la Federación firmaba Abel Rodríguez Céspedes, como secretario general Javier Darío Vélez, como fiscal Héctor Fajardo Abril. A mi me tocó hacerlo como secretario de asuntos de Educación Universitaria. Se habían desarrollado 17 reuniones formales con la Coordinación Operativa del Ministerio y 20 reuniones con el ministro Lloreda de abril a septiembre del mismo año. El Estatuto se constituía en un ejemplo y modelo para el magisterio de toda América Latina.
El Estatuto estableció la primera carrera docente de la historia de la educación colombiana para todos los maestros. No se podía ejercer el magisterio sin estar escalafonado y no podía escalafonarse sin un título docente. Para entonces numerosos docentes sólo habían cursado la primaria. Se logró un escalafón sin discriminación para los maestros de primaria a quienes se les asignaba un salario inferior a los de secundaria. Por primera vez la licenciatura y el magíster en educación se convirtieron en metas de formación y capacitación del magisterio. El salario empezó a fijarse de acuerdo al grado del escalafón determinado por el título y la experiencia docente. Se eliminó la destitución por capricho de los alcaldes y de los gobernadores al establecerse un régimen disciplinario único, unas causales de mala conducta determinadas, un proceso con reglas claras, y, en esencia, la estabilidad en el cargo bajo condiciones de conducta y capacitación. Había quedado la carrera docente, la estabilidad en le cargo, la cualificación académica, el régimen disciplinario y la profesionalización.
Fecode dejó una constancia que acompañó la firma del acuerdo con el gobierno de Turbay. El magisterio siguió sometido al régimen antidemocrático de empleado público al que se le limitaban los derechos sindicales y políticos, aunque se superaban las normas de libre nombramiento y remoción. No se logró la inclusión de la contratación colectiva de las condiciones de trabajo para “el libre ejercicio de la cátedra” y se prohibió la participación libre en la política nacional. Quedó un régimen de traslados que resultó desventajoso para el magisterio y que posteriormente sufrió modificaciones cada vez más perjudiciales para el gremio. A los educadores privados solamente se la aplicaron las normas sobre escalafón y capacitación y quedaron excluidos de las prerrogativas del Estatuto y de la carrera docente. El magisterio quedó con carácter nacional y así se derrotaba la municipalización que resurgiría en 1984 durante el gobierno de Belisario y se iría entronizando a medida que se fuera imponiendo el régimen neoliberal de la década siguiente. La nacionalización instituida por la ley 43 de 1976 bajo el Ministerio de Durán Dussán quedaría como un recurso del magisterio contra los posteriores intentos de municipalización.
En medio de un gran debate interno sobre el rumbo de la Federación el Congreso celebrado en Bucaramanga en 1982 puso sobre el tapete el proyecto de movimiento pedagógico. Fue una iniciativa de Fecode. Tanto el Congreso como el Foro por la Defensa de la Educación Pública celebrado en diciembre de 1984 desarrollaron una candente controversia en torno al papel de la pedagogía y su relación con la lucha sindical. Tenía que armonizarse el papel del magisterio como enseñante y formador con la misión sindical de defender los derechos de los educadores como trabajadores y como ciudadanos que conducía a un enfrentamiento con el Estado y los gobiernos de turno. La revista Educación y Cultura, surgida igualmente como iniciativa del Congreso, contribuyó en forma decisiva a la integración de la pedagogía con la lucha sindical.
Los Congresos de Cúcuta, Pasto y Bucaramanga tuvieron lugar durante un período de grandes acontecimientos internacionales que repercutieron permanentemente en las actividades y políticas de la Federación. La derrota de Estados Unidos en Vietnam, la invasión de Vietnam a Kampuchea y Laos, la intervención del ejército cubano en África y las invasiones de la Unión Soviética a Afganistán y Polonia así como la de Estados Unidos a Granada hicieron parte del debate y de las orientaciones de Fecode en esta etapa. Así mismo, los avatares de la política de los movimientos de izquierda que determinaban las orientaciones del Comité Ejecutivo, especialmente la división de la Unión Nacional de Oposición durante el gobierno de López Michelsen y las orientaciones de los grupos insurgentes sobre la política nacional. Fecode siempre fue un foro abierto y un escenario de debate sobre la política nacional e internacional que determinaban el rumbo de la educación en el país y en el mundo.
La Ley General de Educación. 1990-1994
Una vez sancionada la Constitución de 1991 surgió la idea en la dirección de Fecode de presentar al Congreso una ley de educación que le diera un marco democrático a la educación colombiana. Estaba en auge la “apertura económica” de César Gaviria y el neoliberalismo se había convertido en la política económica que dirigían el ministro de Hacienda Rudolf Homes y el director de Planeación Armando Montenegro. Se derrumbaba la Unión Soviética después de la caída del Muro de Berlín y Gorvachov se había inventado la Perestroika para darle el puntillazo final. Se había recuperado Estados Unidos de la crisis de los ochenta con Ronald Reagan y George Bush, padre, había lanzado la Iniciativa para las Américas con una nueva política de dominación. Estados Unidos quedaba como la potencia hegemónica sin un rival de consideración en el mundo. Así se impondría en América Latina el neoliberalismo económico y todos los gobiernos de la región lo irían adoptando.
La política neoliberal de la “apertura” impuso en el país medidas contra el movimiento obrero y fue estableciendo una serie de normas que golpearon las condiciones de los trabajadores. El auge privatizador de César Gaviria y de Ernesto Samper cayó sobre Telecom y la Caja Agraria a pesar de la lucha que los trabajadores desarrollaron en ellas contra las medidas neoliberales. No era un momento propicio para una lucha estratégica como la que Fecode había concebido por una ley de educación. Sin embargo, el ministro de Educación Carlos Holmes Trujillo abrió la posibilidad de una negociación que culminó en dos proyectos de ley, el de las competencias y recursos de las entidades territoriales que tenían que ver con la distribución que la nueva Constitución les había asignado para educación y salud principalmente, por una parte, y con el de la reforma de la educación, por otra. Hacienda y Planeación se opusieron radicalmente a la propuesta de Fecode que rechazaba la municipalización propuesta por los neoliberales del gobierno. Un cambio en el Ministerio de Educación llevó al magisterio a decretar un paro nacional indefinido en la primera mitad de 1993. La más grande manifestación de la historia de la Federación el 26 de mayo que había sido precedida por la movilización nacional de octubre de 1992 obligó al gobierno a una negociación con la nueva ministra de Educación Maruja Pachón de Villamizar. Fecode estaba presidida por Jaime Dussán Calderón y en la Comisión Negociadora lo habían acompañado Boris Montes de Occa, Tarcisio Mora Godoy y José Fernando Ocampo.
En agosto de 1993 se aprobaba la Ley 60 y en diciembre la Ley 115. Nunca en la historia de Colombia se había aprobado una reforma educativa tan comprensiva y tan profunda como la de estas dos leyes. En el camino se había derrotado la política neoliberal que imponía el gobierno de César Gaviria y que se había plasmado en el Plan de Apertura Educativa y consignado en el proyecto de ley 120. Cinco propósitos fundamentales se había planteado la Federación en este movimiento consignados en el número 22 de la revista Educación y Cultura: 1) la defensa de la educación pública gratuita, estatal y a cargo de la nación; 2) la autonomía escolar contra el control por el Estado de los contenidos de la educación; 3) una nueva organización académica de la educación sin inferioridad con la educación privada; 4) un sistema público de administración y financiación para la selección, vinculación, traslados y pago de los educadores; 5) la defensa de los derechos de los educadores. Sobre la autonomía escolar se planteaba que se imponía el rescate de la iniciativa escolar de las instituciones y del magisterio para eliminar el monopolio estatal sobre los contenidos. Los maestros serían la base fundamental del desarrollo de los programas de estudio y las escuelas y colegios se convertirían en las palancas de la innovación pedagógica, de la formación académica y del desarrollo del contenido de los programas de estudio. Un punto crucial resultaba el sistema de administración y financiación contra la municipalización con el propósito de eliminar las facultades discrecionales que la Ley 29 de 1989 les había adjudicado a los alcaldes, lo cual se plasmó en la institución de las Juntas de Educación departamentales y en los Fondos Educativos Regionales, FER.
La educación pública quedaba a cargo del Estado y era gratuita en sus instituciones. La responsabilidad financiera pasaba a la Nación y se le quitaba a los municipios y a los departamentos. Esto significaba una nómina única y un régimen laboral y prestacional únicos. Los maestros nombrados de acuerdo a la ley 40 quedaron a cargo de los municipios pero cobijados por todas las normas del Estatuto Docente. Porque el decreto 2277 de estatuto fue preservado en ambas leyes. Se estableció la administración colegiada en las Juntas y descentralizada a los departamentos. Y quedó consagrada la libertad religiosa, es decir, que la religión sería una asignatura que debía figurar en el pensum de las instituciones pero que no debía exigírsele a los estudiantes como obligatoria. Así mismo, los profesores en su cátedra gozaban de libertad para orientarla, pero ciñéndose al programa de la institución educativa en aplicación de la autonomía escolar.
Haber obtenido por la lucha del magisterio la autonomía escolar se constituyó en la conquista estratégica más importante de la historia de la educación colombiana. El Estado no seguiría imponiendo los contenidos. Durante la Edad Media la Iglesia impuso en Occidente lo que se debía enseñar. Con la revolución democrática el Estado tomó el control de la enseñanza y se lo quitó a la Iglesia. Así fue en Colombia. En la colonia una educación para las élites minoritarias era controlada por la Iglesia. Solamente la Expedición Botánica bajo la dirección de José Celestino Mutis rompió la hegemonía de la Iglesia y enseñó a Galileo, a Copérnico, a Kepler y se reivindicó a la ciencia. Allí se formaron Pedro Fermín de Vargas, Antonio Nariño y muchos otros rebeldes de la Independencia. Pero en el primer período de la República el Estado tenía que tomar en sus manos la educación para arrebatársela a la Iglesia. Así lo hizo Santander con su reforma educativa y la introducción de Bentham en las escuelas. Y lo mismo hicieron los radicales con su reforma educativa de 1870 hacia una educación científica y al servicio de los intereses nacionales, erradicada por Núñez en el concordato con la Iglesia en 1887 y entregada a su control. Los liberales de las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo XX no se atrevieron a despojar a la Iglesia del monopolio sobre la educación. Cuando ya la sociedad colombiana había adquirido condiciones de vida laicas y la Iglesia había perdido de hecho su control sobre la educación, López Michelsen acordó con el Vaticano su devolución al Estado. Pero la religión siguió siendo obligatoria. La Constitución del 91 dejó sin definición el problema religioso en la educación. Fue lo que asumió la Ley General de Educación en su artículo setenta y siete.
La autonomía tiene varias limitaciones. La primera es que la ley establece unos parámetros mínimos sobre lo que se debe enseñar con el propósito de mantener la unidad nacional. La segunda es que se refiere a las instituciones y no a los profesores. Entonces la ley define unos fines y objetivos de la educación de carácter democrático, establece unas áreas y asignaturas obligatorias para el proceso general educativo que no para cada grado. Y se complementa con el gobierno escolar en el cual participan los estudiantes y el gobierno académico que es el que define el currículo de las instituciones. Y elimina la promoción automática. Ni la Iglesia como en la época de la colonia, ni los gobiernos como en la República son los que definen el contenido de la educación colombiana. Son las instituciones y en ellas los maestros, no los rectores. Por eso la autonomía escolar, los fines y objetivos y el gobierno escolar se constituyen en los logros más profundos de la historia de la educación colombiana. Por eso, también, los gobiernos neoliberales desde Gaviria hasta Uribe han entendido que la autonomía escolar debe ser desmantelada para retomar el control de los contenidos de la educación. Es allí en donde se libra la verdadera batalla de la educación colombiana y, en parte, del futuro de la Nación. Por esto me he atrevido a defender que la autonomía escolar constituyó una revolución educativa.
Se trató de una reforma democrática y antiimperialista. Democrática por que le entregó a las instituciones, a los maestros y a los estudiantes el control de los contenidos y al Estado su responsabilidad de financiación adecuada. Antiimperialista porque enfrentó la política de la “apertura económica” impuesta por el Consenso de Washington a toda América Latina. Ni los gobiernos pro norteamericanos de Pastrana y Uribe, ni la política continental de Estados Unidos sobre la educación para apuntalar el “libre comercio” soportaron semejante atrevimiento e iniciaron una ofensiva sistemática y bien planificada para desvertebrar la revolución educativa de la ley 60 y la ley 115. El modelo fue el gobierno de Bogotá con la secretaría de Educación en manos de Cecilia María Vélez y Margarita Peña. Y de allí a los Ministerios de Educación de Alvaro Uribe Vélez en manos de Peña y Vélez quienes, sistemática y agresivamente, han ido desmantelando la revolución educativa de la Ley General de Educación.
De la derrota a una lucha por la reconstitución. 2001-2009
No podía esperarse menos. Habíamos conquistado la reforma educativa democrática y antiimperialista en medio del auge del neoliberalismo en el mundo y en el país. Ya desde el gobierno de Samper en el ministerio de María Emma Mejía se había iniciado un desmonte sinuoso de la Ley aprovechando su reglamentación con el decreto 1860. Pero fue el acto legislativo 01 de 2001 el que condujo a la derrota más dura de la historia de la Federación Colombiana de Educadores. De allí surgió la Ley 715 que desmanteló la educación colombiana y toda una serie de normas que la han llevado a la peor crisis de su historia. El magisterio resistió, salió a paro, se movilizó por todo el país, se opuso con toda su fuerza a tamaño atentado.
La educación se convirtió en un blanco de la política neoliberal cuyo punto estratégico lo constituía la Ley General de Educación. El magisterio, los sindicatos regionales, los CEID no tuvieron la fuerza suficiente para detener la avalancha. En medio de esta contraofensiva el desarrollo de los Proyectos Educativos Institucionales fue muy desigual y, en muchos casos, dejado a la deriva. Con la conversión de los rectores en administradores y en represores por la Ley 715 el gobierno escolar fue perdiendo consistencia. En muchos casos se prefirió seguir dependiendo del Ministerio de Educación en metodología, contenidos y planes de estudios que aplicar la autonomía escolar en la elaboración libre en cada colegio. Por lo general se desconocieron los artículos de la Ley sobre el plan de estudios, sobre los objetivos de cada nivel educativo y sobre los fines y objetivos de la educación allí establecidos. Lenta pero seguramente se fue regresando al control hegemónico y dictatorial del gobierno por intermedio del Ministerio de Educación sobre los contenidos de la educación, objetivo estratégico de la política neoliberal del imperialismo.
Dos elementos significativos en torno a la retoma de la educación desde el gobierno, especialmente desde los dos de Alvaro Uribe Vélez y el ministerio de Cecilia María Vélez. Uno, la defensa de la promoción automática restablecida por el decreto 230 del ministro Lloreda Mera. Había sido introducida desde el gobierno de Belisario durante el Ministerio de Antonio Yepes solamente para primaria. Aquí se amplió a toda la educación primaria, secundaria y media. Fecode ha sido en este punto completamente opuesto desde el principio a la promoción automática y en la Ley 115 fue eliminada. En el debate sostenido durante casi veinte años ha quedado claro que la pérdida de grado no es un castigo sino un esfuerzo por recuperación, corrección y ayuda a los estudiantes que, por distintas razones, no han rendido lo suficiente para avanzar un grado. Pero aún más grave resulta ser el atentado contra la autonomía escolar con la imposición de los estándares y competencias desde el Ministerio de Educación y desde los exámenes del ICFES. Son los dos elementos que han ido socavando la autonomía escolar y la tienen al borde de la desaparición.
Esta historia de la Federación y del magisterio colombiano es necesario completarla con los elementos que aquí no han sido desarrollados. He tomado como guía las grandes conquistas del magisterio, el Estatuto Docente, la Ley General de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones. Pero Fecode ha trabajado toda una orientación pedagógica, ha profundizado en las diversas escuelas metodológicas y teóricas, las ha tratado con la colaboración de pedagogos y escritores en la revista Educación y Cultura, ha promovido a nivel nacional y regional el Movimiento Pedagógico, ha organizado los foros y los congresos pedagógicos. Una educación pública, una educación al servicio de la Nación, una educación de alto nivel, una educación que contribuya decisivamente al desarrollo económico y social del país. Ese es y ha sido su objetivo permanente.
Fecode, la revista Educación y Cultura, el Movimiento Pedagógico auspiciado por la Federación, tienen por delante una tarea estratégica de recomponer los enormes daños que la política de los gobiernos neoliberales le han causado a la educación colombiana. Retomar la autonomía escolar de la Ley General de Educación, reunificar el estatuto docente del magisterio, detener la municipalización de la educación, defender las garantías salariales y prestacionales del magisterio, derrotar la promoción automática, restablecer la jornada única en las instituciones educativas, impedir la imposición de los estándares y competencias desde el Ministerio y por intermedio de los exámenes del ICFES, aglutinar a todo el magisterio en una sola organización sindical, .
Cincuenta años de lucha de grandes avances y de muchos retrocesos. Fecode tiene la fuerza y el prestigio histórico para salir adelante y ser garante de su responsabilidad ante el país, la educación y el magisterio.