EL USUARIO:
¿Qué balance puede hacer de la privatización de los servicios públicos domiciliarios en Colombia?
Luego de una década de la Ley 142, ya nadie puede tener dudas: la privatización ha aumentado en grado sumo el padecimiento de los sectores populares y de las capas medias del país. Millones de Colombianos están comiendo menos, vistiéndose menos y educándose menos para poder pagar una tarifas que suben y suben a pesar de que, al mismo tiempo, los colombianos cada vez consumimos menos servicios públicos. El ahorro se hace, entonces, en beneficio de nuevas alzas en las tarifas. Y esto ha ocurrido en el mismo lapso en el que han aumentado el desempleo y disminuido los salarios, lo que multiplica el sufrimiento.
¿Por qué suben las tarifas de la manera escandalosa en que lo hacen?
Porque los servicios públicos domiciliarios dejaron de ser un derecho ciudadano que obligaba al Estado a prestarlos a precios menores y con buena calidad. Ahora son un negocio que debe, primero que todo, generarle ganancias monopolistas a sus propietarios, así los colombianos deban reventarse para pagarlos o, incluso, tengan que renunciar a ellos. Y lo de ganancias de nivel monopolista no es un decir. La propia Ley 142 establece que la tarifa tiene que asegurar lo que llaman la “suficiencia financiera”, la cual no es otra cosa que utilidades propias de los monopolios. Quedó también demostrado que la cantinela neoliberal contra los monopolios estatales no apuntaba a generar competencia sino a sustituir los monopolios públicos por los privados, y en especial por los de los extranjeros.
¿Y en qué queda la Superintendencia de Servicios Públicos?
Su labor es una farsa para despistar incautos. No solo no controla nada, sino que, si se mira con cuidado lo que hace, está dedicada a presionar las privatizaciones de manera descarada. Basta con observar su esfuerzos para privatizar a Emcali.
¿Cuál es la política del actual gobierno al respecto?
Más de lo mismo. Si se lee el Plan de Desarrollo aprobado por la mayoría uribista en el Congreso encontrará que la política se reduce a más privatizaciones, más alzas en la tarifas y seguir desmontando los subsidios que todavía quedan. Inclusive, decidieron desarrollar otra forma de privatización que no se conocía y que ya están aplicando. La medida consiste en entregarle el control de las empresas a los inversionistas privados y, además, obligar a los usuarios a que inviertan obligatoriamente en esas empresas, a través de incrementos en las tarifas. En Emcali, por ejemplo, las tarifas tendrán un sobrecosto del 2 por ciento. La demagogia consiste en decirles a los esquilmados por esas alzas disfrazadas en las tarifas que es que ahora “son accionistas de las empresas”. ¡Qué tal la desfachatez!
¿Y en la salud qué ha pasado?
Algo parecido. De servicio a negocio y de usuarios a clientes, para felicidad del capital financiero. En este caso, el negocio es la intermediación. Mientras antes cada peso que el Estado y la gente pagaba para salud iba a médicos, drogas y hospitalizaciones, ahora el capital financiero cobra una especie de peaje disfrazado de administración de los recursos. Y los resultados están a la vista: nunca se había invertido más plata en salud en Colombia, y nunca esta había estado peor. La mitad de los colombianos son los llamados “vinculados” al sector salud, calificativo irónico porque su característica es que no están vinculados ni a las EPS ni a las ARS, es decir, carecen de cualquier derecho en salud. Y la atención que reciben los que tienen algún derecho cada vez es peor. Ya hasta anunciaron la pretensión de disminuir las drogas a las que se tienen derecho y eliminar la odontología. Y el negocio cada vez lo controlan más, como estaba calculado, los inversionistas extranjeros. Además, estos negociantes de la salud actúan como modernos negreros, imponiéndoles a los médicos, enfermeras y demás especialistas que trabajan para ellos condiciones laborales inicuas.
¿De la educación qué decir?
Es bárbara la arremetida privatizadora. Las condiciones laborales de los maestros son cada día peores y a los muchachos los están amontonando en los salones peor que a gallinas en los gallineros, todo lo cual induce a un deterioro notable en la calidad de la educación de los hijos del pueblo, que son los que requieren de la educación oficial. Y el cerco contra las finanzas de las universidades públicas también es evidente, así como es notorio que cada día son más los estudiantes que tienen que matricularse en las instituciones de educación superior privadas.
¿Qué proponer frente a la privatización?
Que se elimine. Es cierto que Colombia es un país capitalista en el que existe la empresa privada y el derecho a buscar ganancias. Pero hay áreas, como lo servicios públicos domiciliarios, la salud y la educación, en las que no se puede aceptar que funcionen como negocios porque se sacrifica a los colombianos y el progreso del país. En esta caso la ganancia es sinónimo de caros y malos servicios.
¿Qué pasará en todos estos sectores con el Alca y el TLC?
Esos acuerdos que tiene decidido firmar el presidente Uribe Vélez con Estados Unidos son la profundización, a la enésima potencia, de la medidas neoliberales de apertura y privatización que se aplican en Colombia desde 1990. Luego el resultado inevitable serán mayores sufrimientos para los colombianos. Más quiebras de la industria y el agro ante unas mayores importaciones y más control del capital extranjero sobre los llamados servicios. Es decir, lo que los monopolios gringos no arruinen, se lo toman en su beneficio, lo cual conducirá inevitablemente a más privatizaciones y a mayores tarifas en los servicios públicos, peores condiciones de salud y educación, más desempleo, más pobreza, más miseria, etc., etc. Y en lo político es la recolonización, la definitiva pérdida de la soberanía nacional, porque lo que buscan es que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se parezcan cada día más a las que se tuvieron con España.
Si esa política es tan negativa para los colombianos, ¿por qué la aprueban?
Porque es buena para los monopolistas gringos y para los socios menores, empleados y comisionistas criollos que trabajan para ellos en el país. Por eso la diseña y la impone el Fondo Monetario Internacional. Es la clásica operación aritmética de suma cero: lo que ellos ganan lo perdemos los colombianos.
¿Qué hacer?
Ya se sabe que van a hacer ellos. La pregunta es que vamos a hacer nosotros, los colombianos que tenemos amarrada nuestra suerte a la de nuestra nación. Y no tenemos sino dos opciones: nos sometemos o resistimos. Lo que hay que hacer es organizar la resistencia civil al Alca y al TLC, para derrotarlos. Enfatizo el carácter civil de la resistencia, pero enfatizo también que de lo que se trata es de resistir. Unirnos y luchar para decir “No”. Unir a todos los sectores populares y a las capas medias, así como a los empresarios que vayan a ser golpeados o que tengan sentimientos patrióticos, en la defensa de la nación amenazada. Esta es la tarea más urgente de la hora, porque de ella depende que podamos tener un país democrático y próspero o que este se siga hundiendo en la pobreza y la miseria. Yo estoy convencido que esta batalla la podemos ganar.