José Arlex Arias, Cartagena, enero 15 de 2018
Nadie niega la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de una ciudad o del país, la consolidación de una red vial con las obras técnicas de infraestructura y unas empresas prestadoras de un buen servicio esencial para la movilidad. Con base en esta necesidad, la ola neoliberal de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos –y su ministro Vargas Lleras– lanzaron su “revolución vial”, cuyos ejes fueron las concesiones de las vías y el impulso a los Sistemas Integrales de Transportes Masivos, SITM. La estructuración financiera de estos mega-negocios corre a cargo de los recursos de los usuarios –vía presupuestos, peajes y tarifas– y de créditos onerosos con los que le llenan los bolsillos al sistema financiero. Así se realizaron los negociados, muchos llenos de corrupción, como en el caso Odebrecht. En estos proyectos se mueven billonarios recursos; a guisa de ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura informó que entre enero y septiembre de 2017 se recibieron $2,3 billones en los 122 puntos de peajes que tiene concesionados, o sea, que a este ritmo cierran el año 2017 con más de $3 billones recaudados, con los cuales se puede construir toda una vía 4G. Estos dineros se van a una fiducia que después los gira a los consorcios, durante los 25 o 30 años que dura la concesión, según el proyecto. Por ejemplo, la vía Bogotá-Barranquilla-Cartagena tiene 18 peajes, cuyo costo total es de $158.700 por vehículo, mientras que en la vía Medellín-Cartagena-Barranquilla: por El Carmen de Bolívar, el valor en peajes es de $69.800 o por San Onofre, cuestan $88.300. Según la Contraloría en los peajes urbanos de Cartagena, al 20 de junio de 2016 la concesión ha recaudado $240 mil millones.
También los SITM fueron diseñados con esa fórmula financiera. Transcaribe se decidió en un paquete con Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Soacha; fue presupuestado en $270 mil millones y terminó en cerca de $800 mil millones, sin contar contingencias por demandas.
Tanto las concesiones de las vías e infraestructuras como los SITM fueron montados como negocios para beneficiar a unos pocos accionistas cercanos al poder. Ahí encontramos las razones de las protestas de los cartageneros contra Transcaribe por el aumento de las tarifas. El derecho de petición del exconcejal del Polo Democrático, David Múnera, al alcalde interino Sergio Londoño, además de respaldar las manifestaciones ciudadanas, le dice que con el último aumento, la tarifa ya ha sido incrementada un 27,5%, siendo la más cara del país; pero además, también le pide que: “revoque el incremento de la tarifa, que fue del 9,75% y solo se aumente en el 4,09% en que cerró la inflación en 2017; se atienda la solicitud de los grupos de poblaciones vulnerables de crear la tarifa diferencial; que los concesionarios agilicen el aumento del número de vehículos en operación que les corresponde, de 660; se detengan la cantidad de cláusulas nuevas u otrosí que le vienen añadiendo a los contratos para beneficiar a los operadores privados; y se les exija a los operadores privados el cumplimiento de todos los compromisos contractuales”. ¡Transcaribes y Concesiones: negociados privados contra el bolsillo de los colombianos!