Si lo que se quiere es mejorar la Chec, lo primero que hay que hacer es levantar, como una posición de principios, el repudio a su privatización y, además, señalar que el gobierno nacional es el principal responsable de sus problemas.
Las finanzas de la Central Hidroeléctrica de Caldas —CHEC— no están tan bien como se quisiera. Ello se debe, fundamentalmente, a varias razones suficientemente conocidas, vinculadas todas con las políticas neoliberales y con su evidente propósito de crear condiciones para entregarle a menosprecio al capital extranjero cuanta empresa de servicios públicos exista en el país. En los problemas de la Chec cuentan, en primer término, que se le haya impuesto competir en condiciones calculadamente desventajosas con las llamadas “distribuidoras de maletín”, entidades de papel que como pueden vender energía a precios menores le han quitado a la Chec a varios de sus principales clientes. Que el gobierno nacional se ha negado a pagarle a la empresa los 120 mil millones de pesos que le adeuda por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. En tercer lugar, que el manejo dado por el gobierno a las restricciones de transmisión la golpeó en 17 mil millones de pesos en 1999. Y en cuarto término, que el contrato leonino que el gobierno de Gaviria le impuso con Termodorada le ha costado tener que pagar, por una energía que nunca se produjo y que nunca se consumió, 25 mil millones de pesos en 1999 y 30 mil millones en el 2000.
De otro lado, la situación financiera de la Chec no sería tan grave si no existiera, como en efecto existe, el compromiso del gobierno nacional consignado en el Plan Colombia y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de privatizar las 14 electrificadoras regionales del país y si el Ministerio de Hacienda no controlara el 50.04 por ciento de las acciones de la empresa, lo que le da una ventaja ínfima —pero ventaja, al fin y al cabo— con respecto a las que poseen el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y otros entes de la región, que en más de una ocasión han expresado su oposición a la venta de la principal empresa del Eje Cafetero y que, afortunadamente, tienen a su favor los estatutos de la Chec. Y complica la defensa de este patrimonio de los caldenses la posición representada por la Corporación Cívica de Caldas en favor de todo lo que huela a neoliberalismo, entidad que se ha abrogado una representatividad de la que carece, mírese por donde se mire.
Entonces, los caldenses preocupados por la situación de la Chec, y que no pertenecen a la secta neoliberal, deben cuidar sus opiniones para que, ingenuamente, no le carguen agua al molino de los privatizadores, quienes viven colocados, como caimán en boca de caño, a la caza de cuanto pretexto se coloque a su alcance para impulsar sus dogmas o negocios.
Si lo que se quiere es mejorar la Chec, lo primero que hay que hacer es levantar, como una posición de principios, el repudio a su privatización y, además, denunciar que es el gobierno nacional el principal responsable de sus problemas. De lo anterior se deduce exigirle a la administración Pastrana que ponga bajo control a los especuladores disfrazados de “comercializadoras de maletín”, que pague inmediatamente los 120 mil millones de pesos en subsidios adeudados, que le dé un manejo diferente a las limitaciones de suministro de energía y que la compra de Termodorada por parte de la Chec —si es que esa es la mejor manera de quitarse de encima esa enjalma— la pague el Estado central de sus recursos y sin afectar las composición accionaria de la empresa, porque fue al fin y al cabo éste, a través de Gaviria, el que le impuso a la Chec el más descaradamente leonino de los contratos.