Jorge Mejía Martínez, El Mundo, Medellín, abril16 de 2008
A algunos analistas les dio por buscar al ahogado TLC, aguas arriba. Sus miradas inquisidoras, en busca de responsables, se dirigen a todas partes, menos donde debe ser: Bush y su errático manejo ante el Congreso estadounidense. A sabiendas de la postura reacia de los demócratas, mayoría indiscutible en la Cámara, el gobernante decidió someter el proyecto a una votación perdida, no para su aprobación, sino para esgrimir su intención como una muestra de buena voluntad con un gobierno aliado como el de Colombia.
El propósito, más que atender las expectativas pro TLC internas y externas, era el de suministrarle artillería a la candidatura republicana en el debate por la Presidencia de la república. Más cálculo electoral que gestos amistosos para el aliado.
Para opinadores como Carlos caballero Argáez y Alfredo Rangel, la razón del fracaso no hay que buscarla en el errático manejo del tema por parte del Gobierno y el Congreso norteamericanos, sino en los sindicalistas colombianos. Con conceptos desobligantes como el de que el asesinato de sindicalistas es politiquería barata de los demócratas y sus candidatos presidenciales o de que el TLC es un ejemplo de manipulación del internacionalismo proletario. Su frustración la descargan contra el eslabón más débil de la cadena, para evitar cuestionar las estrategias oficiales hechas trizas por las realidades políticas.
Por más que intenten minimizar las cifras de sindicalistas asesinados, no podrán minimizar la gravedad del riesgo que su ejercicio implica en Colombia. Durante el año 2001 fueron ultimados 213 líderes obreros: 18 cada mes. Cinco años después la cifra se redujo a 60 y en 2007 el Ministerio de la Protección Social reconoce el asesinato de 26. Pero lo que más alarma en el exterior, por que aquí nos acostumbramos, no son solamente las estadísticas de los homicidios contra representantes de trabajadores, sino la inveterada impunidad. Consecuencia de la gran presión internacional y del afán de darle una presentación más decente al TLC, las autoridades nacionales hicieron un gran esfuerzo por aplicar justicia –se nombraron 13 fiscales y 78 auxiliares investigadores- y lograron esclarecer y judicializar 25 casos. ¡25 casos! Rangel tocó tambores de regocijo en El Tiempo del domingo, por que la Justicia de Colombia actúo sobre 25 de los cientos de asesinatos de sindicalistas acumulados impunemente en nuestra patria.
Pero el panorama de hoy no aparece tan despejado. Según la Escuela Nacional Sindical, entidad respetada entre trabajadores y empresarios, en el primer trimestre del 2008 se han asesinado 17 personas afiliadas a organizaciones sindicales, con un incremento del 89% respecto a los asesinatos en igual período del año anterior. Nueve de los 17 asesinados eran directivos sindicales. En 2007 uno de los 10 casos era directivo. El panorama tiende a empeorar. En los tres primeros meses 13 organizaciones sindicales fueron afectadas y tan solo en tres asesinatos se logró la identidad de los presuntos responsables. La ENS encuentra como una intención deliberada por parte de los victimarios, para ocultar los verdaderos móviles, el reemplazo del arma de fuego por arma blanca. La mitad de los asesinatos del primer trimestre ocurrieron en el mes de marzo después de la jornada nacional del 6 contra los delitos del paramilitarismo y la violencia en general. Antioquia aportó 4 homicidios.
Caballero Argaez y Rangel coinciden en su señalamiento antisindical como el principal factor de muerte –señalamiento de Bush- del TLC, recurriendo a artificios estadísticos como comparar la tasa de homicidios del país, 33 víctimas por cada 100.000 habitantes, y la de los sindicalistas que es de 4. E incluso reclaman el reconocimiento de privilegiados para los representantes obreros dado que su tasa de homicidios está muy por debajo de la de los policías que es de 86. El miembro de la fuerza pública tendría un riesgo 21 veces mayor que el sindicalizado. Pero eso es natural: policía es policía, sindicalista es sindicalista. Roles sociales totalmente distintos, encontrados, el primero debe proteger al segundo. Mucho más en un país con un conflicto armado como el nuestro. Así cierren los ojos.
Ser sindicalista en Colombia es un riesgo. Rangel reconoce que 1.900 sindicalistas fueron incluidos en el programa de protección del gobierno. E ingresar en ese programa no es nada fácil. Y el riesgo arranca desde el inicio del proceso de la conformación del mismo sindicato, a pesar de que la Constitución Nacional pregone el derecho de asociación y negociación de los trabajadores. O si no que lo digan los asalariados de una empresa llamada Bochica en el oriente de Antioquia, víctimas del acoso y hostilidades violentas, porque fueron pillados cuando intentaban conformar el sindicato. Sobraron las demandas penales contra los culpables, pero la justicia continúa en silencio. Riesgo es riesgo.