Se dice que el cambio de año es una época propicia para la reflexión y los buenos propósitos. No estamos seguros de que la mayoría comparta esta convicción, sin embargo, la llegada del año 2005 sí resulta oportuna para una reflexión. En efecto, uno de los argumentos que con más frecuencia se nos opone es el que hemos llamado el de la fatalidad de la globalización, y de algunas de sus manifestaciones como el ALCA y los tratados de libre comercio, que según muchos constituirían algo así como una ley natural, frente a la cual sería insensato oponerse. Pues bien, se cumplió el plazo casi sagrado para la entrada en vigencia de muchas de estas propuestas y la “ley” que no es otra cosa que una imposición por la fuerza, dejó de operar gracias a la acción de fuerzas opositoras. La historia de la globalización sigue siendo una historia de decisiones políticas.

Después de cuatro años de preparación, contados a partir de abril de 1998, 34 países de América iniciaron formalmente las negociaciones para constituir el Área de Libre Comercio de las Américas. Durante el proceso se realizaron tres cumbres presidenciales, ocho cumbres ministeriales y quince reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales presidido por los viceministros de comercio. Esto sin contar con decenas de reuniones de los comités temáticos y la elaboración de tres borradores del tratado.

En todas las reuniones se reiteró que el plazo para suscribir el acuerdo sería enero de 2005 y que se pondría en vigencia a más tardar en diciembre de 2005.

Las declaraciones de las delegaciones gubernamentales y de los apologistas del tratado sentenciaban que era inevitable, que el cronograma se impondría fatalmente y que este acuerdo constituía la única salvación para las deterioradas economías del sur del Río Grande.

Ya prácticamente se vencieron los plazos previstos y las negociaciones están paralizadas, las reuniones hechas para desentrabarlo han fracasado y no se ve en el horizonte una perspectiva de su reiniciación. Diversos factores determinaron este resultado. En primer lugar la obstinación estadounidense en mantener e incrementar los subsidios a su agricultura, así como la protección de su industria, al tiempo que exigía que los demás países las liberalizaran unilateralmente y que además aceptaran unas normas en materia de propiedad intelectual, compras estatales, inversión y otros temas que dejaban a los países de América Latina en la incapacidad de defender su agro, su industria, el papel de los Estados en el desarrollo económico, los bienes públicos y el desarrollo tecnológico.

Varios países no aceptaron estas leoninas condiciones y objetaron diversos aspectos del proyecto. Algunos como Venezuela manifestaron desacuerdos fundamentales, otros como Brasil y Argentina consideraron que Estados Unidos pedía mucho y daba poco, otros como los del Caribe consideraron que no se tenía en cuenta la debilidad de sus economías. Por otra parte, reuniones como la reciente de países suramericanos, muestran que en esto de los procesos de integración económica puede haber muchas variantes y que en América Latina se entrecruzan diversos intereses mundiales y regionales.

En todas las rondas de negociación se hicieron grandiosas movilizaciones populares de protesta. En todos los países se hicieron manifestaciones, campañas educativas, se imprimieron miles de materiales educativos explicando los peligros del ALCA y se constituyó una alianza entre los movimientos sociales, fuerzas políticas y organizaciones no gubernamentales de la región, de proporciones nunca vistas antes.

Por esas razones el ALCA se detuvo, lleva más de un año agonizando y la realidad desmintió a quienes aseguraban su inevitabilidad. En realidad el proyecto era producto de decisiones políticas, tomadas bajo la presión norteamericana y la obsecuencia de muchos gobiernos. Era un proceso secreto y antidemocrático y su esencia se limitaba a asegurarle a Estados Unidos el control de la región y a establecer una especie de constitución supranacional en la cual todos los derechos eran para las multinacionales y ninguno para los pueblos.

No hay ninguna ley económica ni física que condene a los pueblos a este destino. El fracaso, al menos temporal del cronograma del ALCA demuestra que los pueblos de América no aceptarán dócilmente esta suerte.

La lección debe ser aprendida para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Andino. Los plazos perentorios de este ya han comenzado a relajarse y si los pueblos de la región libramos una vigorosa batalla contra este intento de introducir el ALCA región por región, se puede detener el proyecto. El año 2005 será la ocasión de mostrar la decisión popular de no dejar pisotear la soberanía nacional, los derechos de los pueblos y la producción nacional.

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