EL ‘CONTAMINADO’ CAPÍTULO AMBIENTAL DEL TLC

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el Alca, Recalca. Marzo, 2007

En el TLC con Estados Unidos se incluyó un capítulo ambiental con la finalidad de que en las exportaciones hacia ese país no se usaran recursos naturales cuyo costo no se refleje en el precio de las mercancías, configurando lo que se ha denominado dumping ambiental.  

El partido demócrata estadounidense ha exigido este capítulo para proteger aún más la producción de su país frente a la competencia de los países con los que firman tratados. De esta manera, por ejemplo, los precios de la madera exportada por Colombia no solamente deben reflejar el costo de la tala, sino de la reposición y la reforestación, de tal manera que no compita con la madera producida allí.  

El capítulo no busca la protección del medio ambiente y se limita a exigir al gobierno colombiano que cumpla con su propia legislación ambiental, bastante laxa, reformada regresivamente en los últimos años y emitida por un Estado incapaz de aplicarla, comprometido en privatizar los recursos ambientales en aras de atraer la inversión extranjera, por depredadora que sea. 

Lo negociado en el capítulo ambiental del TLC entre Estados Unidos y Colombia no garantiza de forma alguna la protección de la biodiversidad y los recursos naturales. El capítulo es explícito en afirmar que los países deben asegurar que “las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente”(1), es decir, que la legislación ambiental no afecte el comercio. Los niveles de protección ambiental están circunscritos exclusivamente a los definidos por la legislación interna y en Colombia esta es cada vez más débil.  

El Tratado le imprime un carácter comercial al medio ambiente, permitiendo que los recursos naturales sean vistos como un mercancía, tal como lo define el capítulo 10 del texto, donde se otorgan derechos a la inversión para su “explotación, extracción, refinamiento, transporte, distribución o venta”(2). Esto les permite a las transnacionales actuar aún por encima de la legislación ambiental del país, la cual podrían denunciar –eventualmente– como una innecesaria barrera no arancelaria.  

De la misma forma, el capítulo sobre Propiedad Intelectual le abre la puerta al patentamiento de seres vivos y recursos naturales. En efecto, el mismo indica que las naciones realizarán “todos los esfuerzos razonables” para otorgar patentes a plantas y animales(3).

El TLC tampoco establece normas ambientales avanzadas de acuerdo con estándares internacionales. Sólo reconoce los acuerdos ambientales multilaterales “de los cuales todos son parte”(4), lo cual indica que deja por fuera los principales acuerdos internacionales referidos al medio ambiente, que Estados Unidos no ha suscrito, como el Protocolo de Kyoto, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), el Convenio de Basilea y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Estados Unidos es además una de las 13 naciones con armas nucleares que no ha ratificado el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, firmado por 164 países(5).

Con respecto al Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB, Colombia, como miembro del Grupo de Naciones Megabiodiversas y en concordancia con la Decisión Andina 486, debería haberse negado a contemplar la posibilidad del patentamiento de plantas y animales y así ejercer su obligación a salvaguardar y respetar el patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.  

El gobierno de Uribe se ufanó de haber logrado compromisos de Estados Unidos en el tema de biodiversidad por medio de una Carta de Entendimiento respecto a Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales(6), anexa al TLC, donde las partes “reconocen su importancia”, pero en cambio abre la posibilidad de suscribir contratos entre privados, que reflejen “términos mutuamente acordados entre usuarios y proveedores”, con el simple requisito de tener “consentimiento informado de la autoridad pertinente” y la “distribución equitativa de los beneficios”, lo cual es tan solo una astucia para legalizar la biopiratería. En Colombia son las comunidades étnicas las dueñas de los territorios donde se encuentra la mayor biodiversidad del país y estas comunidades locales, que carecen de capacidad de negociación, estarían presionadas a entregar la biodiversidad, el germoplasma y los conocimientos asociados, patrimonio de los pueblos y de la nación, a las multinacionales y sus laboratorios en su labor de bioprospección. 

El gobierno colombiano quiso asumir la menor cantidad de compromisos en materia ambiental, tanto que en su defensa al Tratado mostró como una victoria el hecho de que el TLC solamente afectará aquella parte de la legislación que es elaborada y aplicada por entidades de carácter nacional, cuando en Colombia la mayor parte de la política ambiental está descentralizada y depende de la legislación expedida por entidades regionales, a las cuales, según el gobierno, no se les aplicará lo estipulado en el TLC. Con esta astucia el gobierno busca eludir las incipientes definiciones ambientales del Tratado y presentar como un logro la autonomía en este campo. En su momento el gobierno colombiano acudió a un pretendido nacionalismo y defensa de la soberanía en esta materia, que no defendió en los demás capítulos.  

La legislación ambiental colombiana 

Con la aplicación de la política de apertura económica, el país presencia un paulatino desmonte de la legislación ambiental. Se introdujeron reformas que estimularon la inversión y la exportación de los recursos naturales, lo que condujo a que los gobiernos recientes entregaran con prisa a capitales privados el manejo de la exploración, extracción y exportación de los recursos naturales.  

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la política ambiental ha sufrido cambios que continúan su deterioro, en la medida en que el capital privado ejerce mayor influencia que el Estado, los movimientos ambientalistas y la academia. El gobierno ha reducido sustancialmente la inversión pública; fusionó el Ministerio de Ambiente con el de Vivienda y Desarrollo Territorial; promovió que se redujera el personal en las corporaciones regionales encargadas de la política ambiental, descuidando la labor de vigilancia y control que ellas deben ejercer; ha expedido proyectos de ley para someter los recursos naturales al libre comercio y entregarlos a inversionistas privadas, como el proyecto de ley de aguas, la ley de bosques y la entrega de los parques nacionales naturales al sector privado para que los administre y usufructúe, y ha estado promoviendo proyectos agroindustriales, como los de biocombustibles, carbón , palma de aceite y los hidroeléctricos, que deterioran significativamente el medio ambiente.  

En el mismo sentido, se propone un plan para el año 2019, conocido como Visión Colombia II Centenario, donde se consolida el tema ambiental como una política para su explotación económica, en el que priman los intereses empresariales sobre la salud del planeta, y dirigido a “vender el país y sus bienes a posibles inversionistas extranjeros”(7).   

Existen múltiples casos en los cuales las irresponsables medidas gubernamentales tienen un impacto ambiental negativo. Por ejemplo, el gobierno ha otorgado a la transnacional estadounidense Drummond Co. la licencia ambiental para el proyecto de explotación carbonífera en varias áreas del departamento del Cesar, lo que afectaría importantes regiones y desplazaría numerosos municipios(8). 

Otro caso de importancia es el que guarda relación con las comunidades u’wa. En 1991 se le otorgó la autorización a la transnacional estadounidense Occidental Petroleum Co., OXY, para explorar y extraer el petróleo hallado en territorio u’wa, que incluía tierras sagradas y parques nacionales. En 1995, tras la problemática causada por la explotación petrolera en estas comunidades, los u’wa demandaron a la compañía. En 2000, la comunidad fue víctima de la violencia por parte de soldados colombianos, lo que llamó la atención de la comunidad internacional y llevó a la financiera Fidelity Investments a deshacerse de las acciones de Occidental, por las presiones de los activistas. Finalmente, en mayo de ese mismo año la compañía anunció su retiro de la región(9). Seis años después, el pasado 15 de diciembre de 2006, el gobierno del presidente Uribe anunció su decisión de reiniciar actividades de exploración petrolera, con el proyecto Sirirí-Catleya, de nuevo en territorios u’wa. Esta comunidad posee títulos coloniales entregados en 1802 a la nación por la corona española, que confirman su propiedad terrenal, los cuales han sido reafirmados por la Ley 153 de 1887 y el artículo 332 de la Constitución de 1991. La decisión del gobierno viola además el Convenio 169 de la OIT y las recomendaciones de la Comisión OEA-Harvard de 1998(10).  

El más reciente hecho se presentó en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Allí se explota el carbón a campo abierto hace 21 años y opera desde enero de 2005 la transnacional suiza Glencore International AG, que detenta la concesión de la mina La Jagua(11), la segunda reserva de carbón del país. Los habitantes de la región encabezaron el pasado 8 de febrero de 2007 una manifestación para reclamar por el nocivo impacto ambiental causado por la extracción y transporte del carbón, y los problemas de salud causados por la actividad minera en la zona. “Estamos viendo vulnerados nuestros derechos, la contaminación ambiental está afectando en un altísimo porcentaje a los niños y a los adultos”, comentó José Jiménez, uno de sus habitantes. La Jagua es bañada por tres ríos: el Tocuy, el Sororia y Las Ánimas. La delicada situación llevó a que el mismo gobierno nacional admitiera que la multinacional Glencore debe ponerse al día con el Plan Ambiental, garantizar la sostenibilidad de suelos y ríos, comprometerse con el redoblamiento vegetal de la zona de explotación y reubicar su trituradora(12).

El gobierno del presidente Uribe ha sido enfático en manifestar su compromiso de incentivar la producción de biocombustibles en el país. Han sido abundantes los esfuerzos que el gobierno ha hecho para que esto sea una realidad, desde expedir las leyes que lo reglamentan y que obligan a mezclar la gasolina corriente y el diesel con etanol y biodiesel, respectivamente, determinar el ingreso que se le reconoce al productor, hasta millonarias exenciones tributarias del pago de renta para nuevas plantaciones y apoyos fiscales a fin de que sea atractivo a los inversionistas(13).

En el caso del biodiesel, durante el primer periodo del gobierno de Uribe se han sembrado cerca de 117.000 hectáreas más de palma de aceite. En la actualidad se encuentran sembradas 301.810 hectáreas, más del doble que en 2002, y se espera alcanzar un millón de hectáreas en las regiones del Pacífico colombiano, las llanuras del oriente y la región del Caribe(14). Detrás de muchos de estos proyectos está la intención de diversos grupos armados de narcotraficantes y paramilitares de apropiarse de importantes y extensas regiones de biodiversidad, mediante el desplazamiento forzado de sus poblaciones para luego ser tomadas ilegalmente por empresas palmicultoras. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma, que hoy superan las 20.000 hectáreas, despojando de forma violenta a las comunidades de su cultura y territorio y destruyendo valiosos recursos naturales(15).

Según la Procuraduría General de la Nación, parece que el principal objetivo de la promoción gubernamental del biodiesel “fuese legitimar los cultivos de palma en territorios de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó, Curvaradó y Alto Mira y Frontera (Chocó), desarrollados sin el consentimiento de sus autoridades legítimas en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos”(16). A pesar de las denuncias de las comunidades chocoanas y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado préstamos a varias empresas palmeras, para extender sus cultivos en tierras que desde noviembre del año 2000, y en acatamiento de la Constitución, han sido adjudicadas a las comunidades negras del Chocó. Además, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley que, en concepto de la Procuraduría, legalizaría predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares(17). 

El acelerado avance de los biocombustibles en Colombia podría causar un impacto negativo sobre la soberanía alimentaria, los medios de vida de las poblaciones rurales y los recursos naturales. El gobierno nacional promueve grandes extensiones de monocultivos de palma de aceite y caña de azúcar, que se convierten en la principal causa de desplazamiento y deforestación. Sus efectos se estiman en: 

·        Un aumento de la competencia local por la disponibilidad de la tierra, que genera una mayor concentración de la misma.

·        La reconversión de la agricultura para producir alimentos hacia una agricultura para producir energía, lo que resultará en menos disponibilidad de comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el país, y principalmente en comunidades que viven de recursos naturales como los bosques y el agua(18).

Sin embargo, a la luz de la realidad actual es incierta la exportación de biocombustibles, pues su producción hasta ahora no alcanza a abastecer el mercado interno.  

La riqueza natural de Colombia 

Colombia posee importantes regiones de abundante biodiversidad, a lo largo de la región andina, la selva chocoana y la selva amazónica. La disponibilidad de agua y la abundancia de sus bosques la convierten en una de las naciones con mayor riqueza natural del mundo.  

Este patrimonio es pretendido por las corporaciones trasnacionales, que son grandes transformadores de recursos naturales renovables y no renovables, pero no los poseen en la cantidad que su creciente demanda requiere. Los inversionistas privados ven en los acuerdos de libre comercio, como los que promueve Estados Unidos desde 1994, la posibilidad de invertir en este sector y hacerse a estos recursos para satisfacer sus necesidades. No es gratuito que las exportaciones de materias primas y recursos naturales necesarios para su transformación industrial, ingresen a ese país con aranceles muy bajos o inexistentes en algunos casos(19).

La región andina colombiana –compuesta por bosques subandinos, andinos y páramos– abarca casi la mitad de la diversidad biológica total del neotrópico y hace parte de uno de los 12 centros de origen de plantas cultivadas en el mundo. Infortunadamente es una de las más amenazadas, con altas tasas de degradación de sus ecosistemas naturales, como resultado de la expansión urbana y la alta concentración de la población(20). Así mismo, nuestro país posee 68.143 millas cuadradas de selva amazónica(21), del millón y medio de millas cuadradas que ésta tiene como la más grande y rica selva tropical del mundo, donde viven más de un tercio de todas las especies del planeta. Posee 2.500 especies de árboles, un tercio de la madera tropical del mundo y cerca del 30% de las especies de plantas de América Latina, y la mayor diversidad de peces de agua dulce, aves y mariposas. El río Amazonas es el más largo del planeta, atravesando cerca de 4.000 millas hasta el Océano Atlántico, donde descarga el 20% de las aguas de todos los ríos del mundo(22).  

Los anteriores son argumentos de peso y suficientes para solicitar a los congresos de Estados Unidos y Colombia su rechazo a la ratificación del Tratado, pues, como se ha mostrado, no es solo el capítulo ambiental el que debería renegociarse, sino el texto en su conjunto que afecta en materia grave las condiciones ambientales del país y, por ende, las del mundo.