José Arlex Arias, Cartagena, mayo 11 de 2020
La revista Semana reveló en el mes de enero pasado un artículo que señaló a las Fuerzas Militares de Colombia de “chuzar” a personas de diferentes sectores de la sociedad. A raíz de encontrar nuevos elementos, el 1 de este mes publicó otro denominado “Las carpetas secretas: SEMANA revela las pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, oenegés y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 víctimas”. Allí revela que “Algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles”.
Independientemente de la relevancia y de la categoría profesional, política, económica, gremial y social de las personas afectadas, el hecho en Colombia es tan recurrente que se ha vuelto “normal” y tiene que ver con herramientas que con frecuencia utilizan los diferentes gobiernos para monitorear lo que hacen, especialmente, los opositores y contradictores, para poder desarrollar políticas de control de la población sometida a la pobreza y la miseria. Esto indica que el “nuevo escándalo”, como los anteriores, terminará con la dimisión de “un general” que calla sobre quién o quiénes le dieron las instrucciones y el llamado a “calificar” servicios de unos cuantos oficiales, que al igual que el anterior, dirán que “recibieron instrucciones superiores”; la solidaridad del cuerpo de las Fuerzas Militares funcionará y el “tapen, tapen” cubrirá a los autores intelectuales, y las “exhaustivas” investigaciones desembocarán escasamente en una acción disciplinaria o escarnio público.
Esta ha sido la historia de la persecución encarnizada a personas que le son incómodas –ni siquiera opositoras– a un régimen neoliberal, retardatario de ultraderecha, que con excepciones que se pueden contar con los dedos de una mano, ha orientado los destinos de este país. La historia de Colombia está colmada con estos ejemplos; sin embargo, con la nueva era de recolonización neoliberal por parte de las multinacionales y el imperialismo norteamericano, con todo el poder económico y tecnológico, estas herramientas de persecución se han vuelto más sofisticadas y frecuentes en los últimos treinta años de política neoliberal, puesto que la orientación es que predomine el “unanimismo” frente al libre mercado, para concentrar más la riqueza en un selecto grupo. Por eso, lo primero que hicieron fue desalojar al periodismo independiente de las principales cadenas de medios de comunicación. Quienes no estén con el discurso oficial, se les pone el “bozal”, pues tienen suficientes periodistas que por un buen sueldo le venden el alma al diablo. Tratando de reinventarse en las redes sociales, el periodismo independiente se encuentra en “Unidad de Cuidados Intensivos”. ¡Exijamos que el Estado le garantice la vida!