Rafael Espinel Páez, Presidente Liga USPD Bogotá
El 97% de los recursos hídricos del planeta está en los océanos y solamente el 3% es agua dulce. Este recurso es vital y esencial para la vida y constituye más de 70% de la materia viva. En el cuerpo humano representa 65% de su peso total y diariamente se requiere ingerir, según la edad, hasta dos litros y medio de agua. Por esto, las multinacionales apuntan ahora hacia el control total de este recurso, con el fin de manipular monopólicamente no sólo el servicio a los pueblos, sino el recurso mismo. Sería como controlar el oxígeno del aire que respiramos.
Como el debate político se define en el terreno económico, el Banco Mundial apela al concepto en boga del desarrollo sostenible para promover los intereses del capital financiero sobre el recurso. Es así como en Colombia, después de la Constitución del 91 y las leyes 142, 143 del 1994 y 689 de 2001, se impone la privatización del servicio, y en Chile, por ejemplo, la legislación ya permite la privatización del recurso.
Lo anterior hizo que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se volviera un negocio y se rigiera por la máxima ganancia. Según las estadísticas, en los últimos dos años las tarifas en promedio han aumentado más del 200%, mientras que el salario mínimo sólo lo ha hecho en menos de 15% en el mismo período. La diferencia es abismal. Tan dramática situación afecta a los usuarios de todos los estratos. No hay quien se salve de las impagables tarifas, que a su vez contribuyen a encarecer los productos, constreñir el aparato productivo nacional y aumentar el desempleo.
Este es el aspecto principal del problema, pero hay personas que buscan el ahogado río arriba y le echan la culpa de las alzas en las tarifas, a las convenciones colectivas de los trabajadores, a sus servicios médicos, pensiones, etc. Y no analizan la fórmula tarifaría aprobada por la Comisión de Regulación del Agua –CRA-, ni tienen en cuenta lo aprobado por la mayoría uribista en el Plan de Desarrollo y todavía menos se percatan de lo que viene con el ALCA o con el acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de servicios públicos.
En la Liga de USPD de Bogotá, creemos que este negro panorama podemos cambiarlo mediante la unidad y resistencia civil, es decir, con educación, organización y movilización de la mayoría de usuarios del país. Así lograremos conseguir, más temprano que tarde, que los servicios públicos sean prestados sin ánimo de lucro. Reflexionemos que si el agua sigue dejándose a las fuerzas del mercado, pronto vendrán los conflictos bélicos por monopolizarla. Tal como hoy se padecen guerras por el petróleo, pronto se desatarán otras por el control de este imprescindible elemento. Hagamos conciencia; el agua debe ser patrimonio común de los pueblos y su servicio ha de prestarse sin animo de lucro.