Los habitantes de Jardín, municipio cafetero localizado al final de la carretera que de Medellín conduce al suroeste antioqueño, acaban de concluir la primera etapa de una ejemplar resistencia civil en contra de las exorbitantes cuentas del servicio de acueducto y alcantarillado. La historia fue la siguiente.
En 1997, la gobernación del departamento ordenó liquidar a Acuantioquia, empresa pública propietaria y administradora de 39 sistemas de acueducto, y se los entregó, mediante contratos de operación, administración y mantenimiento, a inversionistas privados en condiciones muy desventajosas para los intereses de la comunidad y de los propios municipios. Los acueductos de Jardín, Andes, Salgar, Ciudad Bolívar y Segovia los recibió, en octubre de 1997, la firma Ingeniería Total S.A., constituida cuatro meses antes con un capital de tan apenas 21 millones de pesos.
Y como era de esperarse, rápidamente las tarifas empezaron a reflejar el insaciable afán de lucro de los nuevos propietarios, el cual chocaba con los escasos presupuestos familiares de uno municipios agobiados por la crisis del café. Fue como echarle sal a las heridas. Ante esta situación, la comunidad presentó miles de quejas y reclamos que fueron desatendidos por la empresa, la cual, con soberbia, solo les respondió a sus clientes: “las tarifas están autorizadas por la Comisión Reguladora, se ciñen a la Ley 142 y al que no pague, le cortamos“.
En enero del presente año, jardineños, andinos y salgareños empezaron a organizar sus Ligas de Usuarios para encauzar el descontento popular hacia la búsqueda de soluciones, enfilando baterías contra la privatización de los servicios públicos domiciliarios, contra la Ley 142 de 1994 y contra las altas tarifas. En marzo, una Asamblea multitudinaria realizada en Jardín decretó la desobediencia civil contra Ingeniería Total S.A. y eligió un comité cívico, integrado, entre otros, por Juan Esteban Rendón, Gerardo Alzate, Roberto Giraldo, Fernando Lenis, Javier Acevedo y Rosalba Cañaveral.
La desobediencia civil se concreto en mayo, con la entrega al comité de alrededor de 1.900 facturas, de un total de 2.307 usuarios, quienes así expresaron su voluntad de no pagar hasta tanto no se atendieran sus reclamos. Además, y para impedir los cortes del servicio, se creó un comité de reconexión. Y ante las amenazas de la empresa de cortar por las malas, el ingenio y la sabiduría de los jardineños le hicieron un aporte a la historia de la resistencia civil de los colombianos contra el despotismo: con el pago de módicos 500 pesos por casa o negocio, se sellaron con morteros de arena y cemento las cajas de los contadores.
En los meses de septiembre y octubre, los valientes pobladores de Jardín impidieron en más de cinco ocasiones que se consumara la amenaza de la empresa, ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos, de cortar de manera total el servicio. Con rápidas movilizaciones de las gentes, surgidas de todos los barrios de la población, disuadieron a los funcionarios y autoridades de cumplir con el operativo denominado “amparo policivo“, norma establecida en beneficio de los empresarios en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994.
Y el día 24 de octubre pasado, lograron sentar en la mesa de negociaciones a la empresa, en presencia del Alcalde municipal y de delegados de la Gobernación y de Acuantioquia, hasta firmar un acuerdo que estableció, entre otros, los siguientes logros: A. Creación del Fondo de Solidaridad para aplicar subsidios a los estratos residenciales 1, 2 y 3. B. Revisión de la estratificación para acondicionarla a la realidad económica de la población. C. Creación de una comisión de análisis de las cuentas y estados financieros de la empresa para pedir la revisión de su estructura tarifaria. D. Revisión técnica de los medidores por una comisión de las Empresas Públicas de Medellín. E. Desistimiento de acciones penales y de policía iniciadas contra los dirigentes. F. Otorgamiento de plazos amplios, entre 6 y 12 meses, para el pago de las deudas vencidas.
Concluido este importante capítulo de la desobediencia civil, los jardineños se reunieron en asambleas en las que celebraron su triunfo y ratificaron su compromiso de lucha por la derogatoria de la Ley 142 de 1994, plenamente convencidos de que ella no tiene otro interés que el de “remunerar el patrimonio de los accionistas “, mientras a la falta de remuneración de los usuarios la castiga con la privación del derecho al servicio.