En la cumbre de presidentes realizada en 1994 en Miami, el Presidente de los Estados Unidos, dispuso la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA, cuya vigencia empezaría a partir del primero de enero de 2005. Y aunque dicho acuerdo se sigue tramitando, ha tenido no pocas dificultades y entrabamientos en su negociación. Por esa razón, Estados Unidos también viene promoviendo la suscripción de Tratados bilaterales de Libre Comercio T.L.C. Los gobiernos de Colombia desde Barco y Gaviria hasta Uribe, han corrido a aplicar las decisiones de los Estados Unidos y en cualquiera de los dos casos, ALCA y T.L.C., o en ambos, lo que le depara esta política a la nación, es la continuación de los procesos de apertura, privatización y reformas laborales, que tanto daño le han causado a la economía y el bienestar de la gran mayoría de los colombianos.
Como lo hemos señalado desde que apareció el periódico El Usuario, la política de privatización de los bienes del Estado es hermana carnal de la apertura. El resultado de su aplicación es la pérdida de cientos de miles de millones de pesos de los colombianos a través de la enajenación a menos precio de sus empresas, alzas en las tarifas de los servicios públicos, desmejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y aumento del desempleo, empobrecimiento de millones de hogares de las capas pobres y medias de la población, sobrecargas y contribuciones para los sectores comercial, agrario e industrial no monopolistas, al igual que una progresiva pérdida de la soberanía económica de la nación.
La continuación en la aplicación de las políticas neoliberales se hará por medio del ALCA y el T.L.C., lo que se constituye en una agresión económica, política, social, y cultural nunca antes vista en nuestra historia. Esta agresión abarcará todos los ámbitos de la vida de nuestra patria y en los servicios públicos tendrá, si la política pasa, unos efectos aún más negativos que los de la apertura, sobre la vida de nuestro pueblo.
En las negociaciones del ALCA y en las que se adelantarán a partir de abril para la suscripción del T.L.C. se ha incluido la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de todos los servicios, no sólo los servicios públicos domiciliarios sino todos; los de salud y educación, transporte, turismo, comunicaciones, construcción, seguros; al igual que los financieros, computación e informática, comerciales, audiovisuales, culturales, de infraestructura y ambientales.
La lectura y análisis de los documentos del ALCA y de algunas de las políticas aplicadas en este gobierno, permiten concluir que los servicios serán sometidos aun más a los intereses de las multinacionales, convertidos en negocios y privatizados totalmente. Recibirán los monopolios extranjeros y los inversionistas del capital financiero, todos los beneficios derivados del capítulo de inversiones del ALCA y como se supone que estarán en “libre competencia”, las empresas estatales no “podrán contar con subsidios o apoyos oficiales” porque sería “competencia desleal”.
De esta manera y con base en la legislación supranacional derivada de los acuerdos de “libre comercio”, se privatizarán las empresas de servicios públicos que aún hoy son estatales, se negarán subsidios a los pobres, se aumentarán las tarifas y se reducirán las coberturas, se eliminará la regulación estatal. Los gobiernos no podrán exigirle nada a las multinacionales porque éstas estarán sujetas a una legislación internacional, con tribunales de arbitramento para la solución de conflictos, los cuales, de acuerdo con el capítulo de “políticas de competencia”, estarán en manos de las grandes corporaciones. Los monopolios jugarán como quieran en el mercado y no podrán ser objeto de procesos de expropiación o nacionalización; además, si por problemas de orden público llegaren a sufrir daños en sus instalaciones, serán indemnizados y el Estado se verá obligado a resarcirlos en su patrimonio.
La estrategia de las multinacionales será convertir en nuevos “mercados” los servicios de saneamiento básico, comunicaciones, manejo y tratamiento del agua, la producción, transporte y distribución de las fuentes de energía, la recolección y tratamiento de las basuras, lo que les permitirá desarrollar y fortalecer sus poderosos monopolios para que impongan condiciones de mercado favorables a sus intereses.
De esta manera, el imperio norteamericano aspira, como lo señalan con franqueza sus personeros, a convertir a América en un gran mercado para sus bienes, capitales y servicios, libre de aranceles y libre sobre todo de soberanías nacionales, donde puedan hacer negocios, garantizar sus inversiones, proteger sus capitales y explotar una mano de obra barata.
Frente a la agresión del ALCA y el T.L.C. hay tres posiciones. La de aquellos que acobardados por el poder del imperio o fletados por el mismo, no ven nada malo en los acuerdos y piden que se firmen lo más rápido posible porque si no, “nos quedamos del carro de la historia”.
La de quienes entienden que la política norteamericana acarreará la ruina de importantes sectores productivos de la nación con sus secuelas de desempleo y pobreza, pero piensan que eso se puede amortiguar “negociando bien”, pidiendo “preferencias” y “trato de nación menos favorecida”.
Y está también la posición de aquellos que sostenemos que ALCA y T.L.C., no sólo frenarán el desarrollo nacional y quebrarán sectores claves de la economía, destruyendo fuerzas productivas, sino que se perderá la soberanía nacional y con ella cualquier posibilidad de progreso; sometiéndonos a una recolonización, parecida al colonialismo que soportaran por más de trescientos años los naturales de estas tierras durante el dominio español.
Lo que proponemos no es firmar ya, ni negociar bien. Lo que proponemos es derrotar el ingreso de Colombia al ALCA y al T.L.C., o a cualquier tratado de comercio multilateral o bilateral que signifique perder soberanía, trato desigual en las relaciones comerciales, no respeto a la autodeterminación de nuestra patria e injerencia en nuestros asuntos internos.
En la edición anterior de El Usuario, propusimos la realización de un congreso que diera nacimiento a una organización nacional, con un programa que recoja los intereses más sentidos de los usuarios, con unos métodos de lucha democráticos y civilizados, y alejada de concepciones sectarias y dogmáticas que impidan la más amplia unidad. El congreso debe realizarse este año y la lucha contra el ALCA y el T.L.C, por ser una imposición de la potencia dominante en contra de los pueblos de América y por el grave daño que causará a la gran mayoría, debe ser el primer punto de nuestro programa.
Trabajemos para que el congreso sea una realidad y para impedir que Colombia quede uncida a la recua del imperio.