Después de iniciadas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el gobierno de Álvaro Uribe y el de George Bush en Cartagena el pasado 18 de mayo, las cuales contaron con una gran resistencia civil de amplios sectores sociales, y realizadas las Rondas de Atlanta y Lima, ha quedado demostrado que las consecuencias para nuestro país y para las naciones hermanas de los Andes van a ser devastadoras para sus economías y el conjunto de actividades sociales, culturales y científicas.
Lo que habían previsto las organizaciones opositoras a tales tratados se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Los aranceles de importación para el sector industrial tendrán un plazo inexorable de diez años para ser desmantelados, es decir, para ser liquidada la base industrial del país por la competencia de la poderosa base productiva norteamericana. En cuanto al agro, se acordaron cuatro bloques de desgravación, que arranca con el primero en forma inmediata, el segundo a cinco años, el tercero a diez años y el cuarto a más de diez años, con lo cual la seguridad alimentaria de los colombianos quedará hecha añicos.
De los 22 capítulos que se están negociando en los altos conciliábulos, se acaba de conocer que en uno de ellos, el de compras estatales, las multinacionales estadounidenses vienen por 35 billones de pesos que valen los contratos oficiales en Colombia. El Superintendente de Sociedades Rodolfo Danies Lacouture conceptuó en el diario El Tiempo del 8 de septiembre pasado que “el tratado de libre comercio no debe convertirse en una puerta abierta para que el gran contratista del Estado sea el inversionista extranjero”, denunciando a continuación que “en Colombia no existen empresas lo suficientemente preparadas para asumir los compromisos con el Estado y menos para competir con las multinacionales que tienen la mira puesta en el país … y que la torta de contratación con el Estado vale 35 billones de pesos”, es decir el 35 por ciento del Presupuesto General de la Nación del año 2005.
Esta irritante situación debe ser objeto de un rechazo categórico y generalizado del sector productivo colombiano, de los proveedores actuales de la nación, los departamentos, distritos y municipios que perderán estos ingresos, con lo cual la economía seguirá su curso recesivo y se aumentará el desempleo que flagela a millones de compatriotas. También merece pronunciamientos de los mandatarios territoriales que quedarán en el ojo del huracán de las presiones foráneas que tienen desde ya el beneplácito de la Administración Uribe Vélez. Razones de sobra para redoblar la resistencia civil contra el Alca y el TLC y en defensa de la soberanía, el trabajo y la producción nacional.