Un recuento incompleto de hechos relativos a las últimas privatizaciones en Colombia ilustra lo que se viene denunciando desde que empezaron: que esta política neoliberal se fundamenta en poner todo el poder del Estado al servicio de asegurarles a los monopolistas privados inmensas ganancias, para lo cual no vacilan en recurrir a cualquier maniobra, por descarada y repudiable que sea.
Lo corriente ha sido privatizar vendiendo las empresas por bastante menos de lo que valen. Pero el pillaje también se da cuando se les ceden gratuitamente los activos oficiales a los particulares, como sucede en las concesiones de acueductos y alcantarillados, o cuando se arriendan por sumas ridículas las propiedades oficiales, como ocurrió con los puertos. Según la Contraloría General de la República: “la Nación lleva la peor parte en estos negocios. Recibe, por ejemplo, como contraprestación a la concesión portuaria de Cartagena una suma inferior al impuesto predial que debe pagar al municipio”. Además, y según la misma fuente, “se ha dejado de percibir alrededor de medio millón de dólares por concepto de impuesto de timbre de las respectivas concesiones portuarias”. (Carlos Ossa Escobar, “Bomba de pasivos contingentes”, El Espectador, 5 de noviembre de 2000)
En el caso de las carreteras y los aeropuertos, las privatizaciones se hacen con una cláusula leonina en extremo: se supone que aterrizarán y despegarán un número determinado de aviones, los cuales pagarán unos derechos, y que por las casetas de peajes pasarán un número también determinado de vehículos. Y si esos aviones y vehículos no aparecen, entonces la Nación paga de sus recursos lo establecido. Los llamados pasivos contingentes que significan este riesgo para la Nación cuestan, según la Contraloría General de la República, en pesos de 1997, 895 mil millones (Ibid). Y esta cláusula, en el caso de las carreteras, ya le costó al Invías 77 mil millones de pesos en 1999, al decir del Ministro de Vías, Gustavo Canal Mora (“Nuevas concesiones ¿con futuro?”, El Espectador, 6 de febrero de 2000, 5B).
Otra privatización reciente fue la de Carbocol, vendida en 453.7 millones de dólares, entre los que están 20 millones de deudas de la empresa, precio total que se halla bien lejos de lo que vale, y hasta de los 1.200 millones de dólares con los que la había capitalizado en algún momento Ecopetrol. Fue tanta la desfachatez de los pastranistas que a las tres empresas invitadas a competir entre sí se les permitió asociarse para comprar a Carbocol, compra que hicieron, como era obvio, por el precio mínimo fijado en la supuesta licitación. Las favorecidas por la manguala fueron la Angloamerican de Sudáfrica, Glencore Finance de Suiza y Billiton de Gran Bretaña (La Patria, 4 de octubre de 2000, p. 2A).
El plan de privatizar, por concesión, el acueducto de Villavicencio viene generando un gran rechazo. ¿Las razones? Las de siempre. Las obras que habrá que realizar dicen que cuestan 151 mil millones de pesos y los agraciados solo pondrán —si los ponen— 28 mil millones, pues los recaudos por tarifas sumarán 510 mil millones de pesos, generando alzas tarifarias, en los primeros cinco años, del 600 por ciento. Y los cálculos realizados demuestran que la tasa interna de retorno del negocio —la ganancia— será del 30.36 por ciento, cinco veces más que lo que pagan los bonos del tesoro norteamericano. Las denuncias las han encabezado la Cámara de Comercio de Villavicencio y la Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos y Afines —Aciem— del Meta (Portafolio, 22 de junio de 2000, p. 14).
Si Isagen no se ha privatizado es porque la Corte Constitucional determinó aplazar el proceso, en respuesta a una tutela interpuesta por Empresas Públicas de Medellín que está interesada en adquirirla, pero cuya participación ha sido vetada por el Ministerio de Minas. Es evidente que lo que busca el Ministerio es que Isagen quede en manos de alguna transnacional, aun cuando para ello deba apelar a “maniobras torticeras y malintencionadas”, como las calificara Ramiro Valencia Cossio, gerente de Empresas Públicas de Medellín (La Patria, 11 de noviembre de 1999)
El fracaso del alcalde Peñalosa en su intento por venderle la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) a la transnacional española Telefónica, lo explicó Eduardo Sarmiento Palacio: “la venta de la ETB se cayó porque fue sometida a un debate público, que dejó al descubierto las irregularidades que han caracterizado a las privatizaciones. El precio que estaba en la mira de los compradores —1.400 millones de dólares— no correspondía ni a la tercera parte del verdadero valor (cinco mil millones de dólares), la empresa gastó sumas desorbitadas (seis mil millones de pesos) para justificar y promover la transacción, los estudios contratados para valorar la empresa se ocultaron a la Procuraduría y la adjudicación iba en camino de realizarse en una subasta de un solo participante de carne y hueso” (“La caída de la venta de la ETB, El Espectador, 1 de octubre de 2000, p. 5B).