Lucy Gabriela Delgado Murcia, La Silla Vacía, 12 de marzo de 2022
El desarrollo económico de las naciones se soporta en sus capacidades científicas, generadoras de nuevo conocimiento, fundamental este para la innovación disruptiva representada en bienes y servicios.
Estas capacidades que demandan inversión (recursos financieros, dinero, presupuesto) constante para alcanzar las metas planteadas por las naciones que comprenden la ecuación inversión-ciencia-riqueza. La diferencia entre los países desarrollados y los demás está, entre otros, en que para los primeros lo que se propone se cumple.
Discursos de primer mundo y recursos del tercer mundo
En el caso de Colombia, en cada elección de congresistas o presidente, se anuncian metas que no se cumplen o que se acomodan para simular avances. Llegar al menos al 1 % de inversión del Producto Interno Bruto (PIB) para investigación y desarrollo es una frase de cajón que se ha anunciado sin sonrojo desde hace décadas en varios programas de candidatos a cargos de elección popular (o de designación).
Según las cifras del Banco Mundial (datos a 2018) Colombia invierte en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) el 0,23 % de su PIB, al mismo nivel que Omán, Indonesia y Etiopía. Las diferencias son abismales con países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur, cuya inversión del PIB para el sector es del 2,83 %, 3,13 % y 4,53 %, respectivamente.
Estos niveles de inversión (mayores al 2 % del PIB) solo son el reflejo de una sociedad que comprende el valor de la ciencia, de comunidades maduras que exigen el cumplimiento de los anuncios y planes de gobierno y de políticos que piensan en el futuro colectivo.
Un ministerio de poca monta
En Colombia, se avanza un paso y se retroceden dos.
La posibilidad de contar con un verdadero sistema de CTeI se frustró nuevamente cuando el proyecto de los académicos para tener un ministerio (Ley 1951 de 2019) se materializó en aquello que se había avizorado como nefasto: la transformación de Colciencias y a costo cero (sin un solo peso adicional, ni para inversión ni para funcionamiento).
Lo planteado en su momento era tener un Ministerio como ente rector, líder de las políticas del sector, con voz y voto en el Consejo de Ministros (para gestionar recursos al más alto nivel) y conservar a Colciencias, Departamento Administrativo, como la agencia ejecutora.
Convertir a Colciencias en MinCiencias indujo cambios: nuevos avisos y papelería, obligó también a la fusión de cargos de planta (técnica especializada) para que con el mismo presupuesto se pagaran -menos- funcionarios, pero del orden ministerial. El ente rector del Sistema Nacional de CTeI de Colombia-MinCiencias se redujo a cerca de 40 funcionarios de planta (de carrera) lo que indica, entre otros, el negativo impacto de haber llevado a cabo una reforma de fachada sin proyección de futuro, ni para el propio ministerio.
Lo anterior, sin contar con el sombrío paso de quienes han asumido la responsabilidad como ministro.
Exhibir estas realidades ha conducido a consecuencias que se han interpretado por muchos como represalias, ya que se ha suplantado, vía actos administrativos (Decreto 1666 de 2021-Consejo Científico Nacional-CNN) el cometido constitucional de las Academias, como entes consultivos del Gobierno. La crítica es una oportunidad de mejora, pero se opta por anular a quien resulta incómodo.
Mucho papel, pocas acciones
Las falencias en la debida articulación entre academia, empresa y Estado son otro factor que entraba los avances del sector. Esfuerzos, dedicación y tiempo de discusión de académicos e investigadores se han plasmado en documentos que se muestran como resultado de la atención a los integrantes del sistema, pero que luego son ignorados o a lo sumo referenciados, de vez en cuando, como un texto de consulta.
En ese nivel están los dos proyectos de país entregados por las Misiones de Sabios (1994 y 2019); documentos pensados, discutidos y elaborados para hacer de la educación y de la ciencia el pilar para la construcción de un nuevo destino económico, social y cultural para Colombia.
En dichos documentos está la hoja de ruta para el desarrollo del país; merecen ser implementados para no correr con la suerte del “Acuerdo por lo Superior-2034” donde se invirtieron (perdieron) esfuerzos y recursos en el primer periodo del gobierno Santos, para ser sepultado por el propio gobierno Santos, en su segundo mandato.
Son múltiples los ejemplos de “políticas” que se acaban por inanición (falta de acción y presupuesto), que terminan en una foto para el recuerdo, que reflejan vanidades y pocos avances en los intereses comunes.
Becas doctorales, un gran negocio, pero para otros países
Dada la estrecha relación entre la educación y la generación de nuevo conocimiento (investigación científica), otro ejemplo de “políticas” de Gobierno y no de Estado, lo representan las becas de formación.
Significativos recursos se han direccionado a becas para formar talento humano a distintos niveles, especialmente para doctorados (importante indicador asociado con gestión y “desarrollo” de los sectores de educación y ciencias). Pero acerca del impacto de esa formación de posgrado los resultados no son nada alentadores si se tiene en cuenta que, este nivel académico conduce al ejercicio como investigador en el mundo laboral y, en Colombia, ese estatus no está ni siquiera reconocido, menos financiado. En otras palabras, no basta con alcanzar un doctorado para ser investigador, pues este último demanda condiciones sine qua non para su quehacer, como la obvia financiación de sus proyectos. Erróneamente, vía legislativa, se planteó que Colombia no tenía más doctores porque las Universidades no proveían suficientes cupos en sus programas. Y con base en esa verdad a medias, pasó y se aprobó en el congreso, la Ley 2142 de 2021 que autoriza a Centros e Institutos reconocidos por el MinCiencias (no por el Ministerio de Educación) a ofrecer programas de maestría y doctorado. Esta ley expuso de nuevo, la poca incidencia de la argumentación del sector académico en las decisiones que le competen. Las Instituciones de Educación Superior-IES no ofrecen más cupos para estudios doctorales, no por ineficientes, sino por responsables (la beca no basta para desarrollar un proyecto de investigación). Centros e Institutos serios no pretenderán registros calificados para potenciales programas doctorales si no se les garantizan recursos para los proyectos (que son por lo general directamente proporcionales a los –discretos- resultados obtenidos y transferidos). Con grandes esfuerzos Colombia ha invertido en la formación de doctores, para quienes no se ha trazado un mecanismo claro de vinculación, a fin de que ejerzan como investigadores (en todos los sectores). A pesar de que el papel muestra que Colombia aumentó al doble, en 4 años, el número de doctores por millón de habitantes (8 en 2014 a 16, en 2019) estas cifras no coinciden con la actividad/productividad como investigadores (más artículos con menos citaciones; baja inserción de doctores en esa Colombia olvidada). La brecha entre regiones se aumenta con convocatorias que ofrecen la condonación de los créditos-beca para quienes regresen a prestar sus servicios en las regiones necesitadas de desarrollo científico. En el mejor de los casos quienes acceden al “beneficio” hacen el “sacrificio”, pero huyen tan pronto saldan la deuda. Las razones son simples: no hay condiciones ni para el ejercicio como investigador, menos para el legítimo desarrollo personal. La frustración es tan grande, sobre todo para quienes se han formado en el exterior, que prefieren salir a construir futuro en otros países (y para otros países) que optar por una plaza docente u otros cargos administrativos, que pueden proporcionarles algo de estabilidad laboral, pero lejos de su vocación como científico/investigador. Se hace urgente que la Cancillería y los Ministerios de Trabajo, de Ciencia y de Educación, revisen el estado actual de la diáspora científica colombiana, y así, se construyan planes y proyectos de emergencia, que detengan las escaleras rotas, que están conduciendo a fortalecer las capacidades científicas, pero de otros países, con talento humano formado con los limitados recursos del país. Planes y proyectos inteligentes que apropien, incrementen y sostengan la financiación y que, procuren la actividad laboral de los doctores, como investigadores. Abordar el problema no significa ignorarlo. No se trata de dejar de formar doctores y darle el turno al nivel técnico y tecnológico (porque pueden requerir menos recurso y tiempo en su formación); se deben fortalecer, integrar y proyectar todos los niveles de formación, desde la academia hasta el ámbito laboral.
Por la “guerra del centavo”
No solo las IES y los Centros e Institutos de Investigación participan ahora por los mismos recursos para aportar, en este caso, a la formación de doctores. La dinámica de la misma “torta” para más actores, se observa en otros sectores relacionados, en donde la falta de oportunidades de trabajo, ha llevado a pretender -por todas las vías- la participación de profesionales en ámbitos para los que no han acreditado (desde las bases de formación) las competencias necesarias. Es el caso de los egresados de los programas de química farmacéutica del país, que hoy, deben salir a defender su campo de acción laboral, porque otras profesiones encontraron allí posibilidades de trabajo. Al margen de la natural y benéfica interacción entre todos los egresados de diversos niveles de formación (en el mundo laboral) y de la debida integración interprofesional, buscando las esperadas sinergias, se deben identificar y sopesar los riesgos que conlleva una actividad en salud, ejercida por quienes no han recibido la formación y los correspondientes contenidos curriculares en las ciencias biomédicas. Para el sector farmacéutico se incluyó un catálogo en el denominado Marco Nacional de Cualificaciones, una esperada iniciativa que terminó como una “torre de babel” en donde cada sector, le está dando la interpretación que quiere, pensando entre otros, en el ejercicio laboral en donde aparezca la oportunidad y no en donde se tenga la capacidad. Un nuevo instrumento que hoy puede ser un arma de doble filo.
No obstante, la frustración de avanzar como cangrejos, es oportuna también la autocrítica, revisando si la resignación o el “adaptarse” a las circunstancias, es el camino. Callar no es una opción ante los hechos de fraude y plagio comprobados en documentos académicos (como tesis o artículos). Que los entes de control favorezcan con su silencio cómplice a los responsables de esos delitos (que ni se inmutan ante la prueba) es grave, tanto como que esas malas prácticas ocurran en IES y no que se afronten (así sean casos aislados).
Finalmente, en el marco de esta coyuntura electoral, es muy importante exigir el cumplimiento de las promesas de campaña para la ciencia y la educación, especialmente a quienes repiten y hacer seguimiento, a los futuros elegidos. Oportuno también, dejar de apoyar a los vendedores de humo