Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, abril 14 de 2018
La palabra CARTEL ha venido a menos. Desde el inicio del narcotráfico, al identificar “el de Cali” o “el de Medellín” y, recientemente en las repugnantes corruptelas en Córdoba o en la Justicia, se reforzó cierta connotación criminal de esta palabra.
Sin embargo, el significado original se refiere a la asociación de un reducido grupo de agentes –con cierto grado de concentración sobre la oferta de un producto- que conviene entre sí las condiciones de venta, los plazos y formas de pago, las cantidades ofrecidas y hasta la distribución de los mercados de venta. Aunque se afirma que hoy impera el “libre comercio”, los carteles, desde finales del siglo XIX, operan como una base de la vida económica, incluyendo hasta la concertación en la repartición de ganancias.
La economía cafetera global es cada vez más desigual contra los países productores. Las grandes compañías y los fondos financieros han conformado un verdadero CARTEL: 80% del mercado norteamericano y alemán, tanto en el café tostado como en el soluble, está en manos de tres compañías; hace 25 años, del valor total del consumo final en taza, a los productores les correspondía el 15% y ahora menos del 10%; grupos financieros muy fuertes -como J&D- abarcan la compra anticipada de cosechas; la comercialización al por mayor; la transformación industrial y la venta en cadenas propias de cafeterías en las principales áreas de consumo y sin olvidar que las cotizaciones a futuro en las bolsas de valores amplifican los efectos volátiles de la especulación bursátil.
Esas condiciones han llevado a que el precio internacional promedio del café colombiano, en dólares corrientes, se haya ubicado en lo corrido del siglo entre 1,3 y 1,4 dólares por libra y los caficultores quedan dependiendo para subsistir – como está pasando – del valor del dólar mientras los costos al productor crecen en espiral. Así mismo, dentro de la mayor afectación para el café de Colombia, la resolución 420 de 2004 de la OIC, urdida por Estados Unidos para retornar a esta organización, que había dejado en 1989 y consentida con el visto bueno de Gabriel Silva y del gobierno de Uribe, permitió el comercio global sin cumplir requisitos de calidad: apenas 50% del volumen transado reporta registro de humedad y dureza.
No contento Estados Unidos con tanta inequidad, Trump decidió, después de hacer y deshacer, abandonar la OIC y así firmas como KGF, Sara Lee, Starbucks, Dunkin’ Donuts y otras tendrán más libertad en el proceso sistemático emprendido contra 25 millones de campesinos que elaboran el 94% del producto mundial.
¿Qué hacer? Como las naciones petroleras en la OPEP, y tal como voceros de Dignidad Cafetera lo esbozaron en el Foro Mundial de Medellín en julio de 2017, debe mirarse si es la hora de formar el CARTEL de los 43 países cafeteros contra el transnacional ya establecido, el mismo que amenaza la sostenibilidad de más de 100 millones de personas que viven directamente del grano.
La Federación Nacional de Cafeteros ha de liderar dicha agrupación como justa respuesta y, al contrario de lo propuesto por Petro en el Tolima donde reiteró que la solución era acabarla, este es el momento de dicha institución. El asunto tiene enormes dimensiones y exige respuestas globales y contundentes, no “fórmulas ingeniosas”, individualistas, que echarían a perder a la industria cafetera nacional, sin garantía de compra, sin defensa a merced del CARTEL transnacional.