Convocaron la Asamblea de Caldas y el Concejo Municipal de Manizales, el foro que hoy realizamos, bajo el lema: Caldas unido por la defensa de la educación pública. Aspiramos que este evento nos permita unificar criterios y esfuerzos para enfrentar el deterioro de la educación pública en nuestro departamento y para acordar una agenda que concite la voluntad de las mayorías para luchar en contra de las decisiones tomadas por el alto gobierno y aplicadas en Caldas, a fin de cambiar su rumbo y alcanzar soluciones diferentes a las hoy se ejecutan.
Para nadie es un secreto que la educación pública atraviesa por la peor crisis de su historia. La aplicación de la apertura económica a partir de 1.990 y la modificación constitucional de 1.991, crearon un nuevo marco de ejecución de políticas públicas en los servicios que el Estado le debería prestar a los ciudadanos.
En el caso particular de la educación, los maestros de Colombia, los padres de familia, los educandos, el sector académico y otros actores, promovieron, discutieron y lucharon por la ley general de educación, que finalmente el parlamento aprobó -Ley 115 de 1993- la que de alguna manera salvaguardó algunos de los criterios fundamentales para el desarrollo de la educación pública.
Sin embargo, posteriores modificaciones implementadas en el Acto Legislativo 01, la Ley 715 y los decretos reglamentarios, impusieron una contrareforma educativa que reduce las transferencias para el sector, desmejora los estándares de calidad, merma la cobertura, recorta las partidas para dotación y mejoramiento de plantas físicas, impide la aplicación de los Planes Educativos Institucionales, PEI, que con tanto esfuerzo y dedicación elaboraron los cuerpos docentes, elimina los grupos de apoyo educativo, acaba con la educación física. Además, no se aplica el mandato legal en la formación para niños de 3, 4 y 5 años en preescolares, y desaparece la educación nocturna y las áreas de desarrollo de habilidades artísticas, culturales y deportivas.
Todas estas políticas se vienen implementando desde hace varios años y se concretan en los planes de racionalización de plantas, es decir, menos maestros; en los ajustes, es decir, más alumnos por aula; en los convenios de desempeño, es decir, chantaje a los gobiernos departamentales y municipales con sus propios recursos; en la fusión de establecimientos, el cierre de aulas, la eliminación de programas, el congelamiento del escalafón docente, es decir, la negación a los docentes de una mejor formación. También implican reducciones salariales por la vía de la contratación de OPS (orden de prestación de servicios, o contratos temporales), recorte de primas semestrales, aumento de horas de clase para los maestros, elevación de costos para los padres de familia, lo que agregado a la situación de pobreza y miseria en que se debaten más de 20 millones de colombianos, completa la horrorosa situación que vive la educación pública.
Como la apertura destruyó producción nacional industrial y agropecuaria, generó una mayor crisis fiscal y empobreció no sólo a los colombianos sino al Estado, aumentando la deuda externa, entonces se recurrió a la aprobación de más reformas tributarias y de programas de ajuste fiscal, que el gobierno nacional, éste y los anteriores, pactan periódicamente con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdos que tienen como esencia garantizar el pago de la deuda pública interna y externa y los onerosos intereses que la acompañan. Que eso implique el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los habitantes de Colombia, poco parece importarles a quienes nos gobiernan.
Si, con honestidad, se hace un balance de los cinco años de aplicación de las políticas de racionalización en la educación pública, podemos concluir, sin lugar a dudas, que hoy tenemos más niños por aula, menos maestros por niño, menos inversión por educando, lo que produce una educación hacinada, de baja calidad y menor cobertura en relación con el crecimiento de la población.
¿Cómo pretender calidad con más de veinticinco niños en las aulas en básica primaria? ¿Cómo pretender calidad en la formación con aulas con más de 50 jóvenes en la básica secundaria? ¿Cómo pretender ampliación de la cobertura cerrando programas, escuelas rurales, colegios nocturnos? ¿Cómo pretender mejorar la calidad educativa metiendo en la misma aula niños normales y niños con deficiencias genéticas para el aprendizaje? ¿Cómo implementar calidad sin aulas especializadas en idiomas, ciencias naturales, sistemas? ¿Cómo dar una formación integral sin educación física, manualidades, formación artística y cultural?
¿Cómo dar una mayor formación a los docentes eliminando el escalafón? ¿Cómo pretender que se creen nuevas generaciones de educadores con estas perspectivas salariales? ¿Cómo pretender educar a los niños y jóvenes del campo cerrando las escuelas rurales y obligándolos a caminar dos horas para ir al aula? ¿Cómo pretender aumentar la cobertura si hay muchos padres que no disponen de lo mínimo para enviar un hijo a la escuela o el colegio? ¿Cómo sostener la permanencia en las aulas si los padres no tienen para el transporte de los muchachos, ni para los libros y cuadernos?
Si somos serios con el país y con el departamento, tenemos que concluir que no se pueden aceptar más recortes en los recursos destinados a la educación y que por el contrario, tenemos que exigir, de manera unificada, presupuestos adecuados y suficientes para corregir los problemas de cobertura, calidad y permanencia, que hoy tenemos. Así ello implique enfrentar la política del Fondo Monetario Internacional, y a quienes en el país, desde los Ministerios de Hacienda y Educación y la Presidencia de la República, ejecutan esta política. Enfrentarlos debe ser lo de menos. Decir lo que creemos y lo que queremos, para alcanzar soluciones efectivas tiene que ser un propósito de todos los que nos preocupamos por la defensa de la educación pública. Y esto debemos hacerlo ya.
Algunas personas piensan que la aplicación de la apertura y todo lo que ello derivó ya terminó, y que por lo tanto de lo que se trata es de concluir en este año con los últimos ajustes para que las cosas sigan, con normalidad, su curso. Pero tenemos que decirles que están equivocados. En lo que a educación respecta, apenas estamos en los comienzos del plan general que los Estados Unidos tiene trazado para estas naciones. El desarrollo de esta política incluye el ingreso de nuestra nación al Area de Libre Comercio de las Américas ALCA o al Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, y cualquiera sea el camino que se escoja, lo que viene es peor que lo que tenemos.
Y es importante tener esta visión en el análisis de los acontecimientos y las decisiones que se toman, porque lo que estamos viviendo es el acomodamiento de la poca educación pública que nos queda, para enfrentarla a la competencia de la educación privada tanto nacional como extranjera y en condiciones de “libre mercado”.
En los cuadernos y documentos que se están discutiendo para el ingreso del país al ALCA o al TLC, se plantea que la educación sea una mercancía, un producto más, en el que la “competencia” por el mercado se dé en condiciones de “igualdad” entre los agentes económicos. Quieren trasladar a la educación y la salud los mismos criterios que hoy se tienen en el mercado de los servicios públicos domiciliarios. Aspiran los monopolios a tener allí un nuevo nicho de acumulación de ganancia y utilidades.
Si el Estado, como dicen los neoliberales, sólo debe ocuparse de la defensa y la justicia, y en los demás sectores jugar un papel de regulación y control, para garantizar la operación de los agentes privados, se entiende plenamente que esté amenazada la educación pública, con su eliminación paulatina y finalmente su privatización.
Los asomos de esta política ya se ven en los colegios de Bogotá, plantas físicas de instituciones educativas se entregan en comodato a entidades privadas para que las administren y para que contraten, con el Distrito Capital, la prestación del servicio de educación por medio de cooperativas privadas. Al igual que en la salud, se calculan las famosas unidades de capitación, política que empezaron a aplicarnos este año en el departamento. En el 2004, el cálculo se hará con base en una matriz, que nadie sabe de donde sacaron, y que le asigna a Caldas la suma de 870 mil pesos alumno/año, y de acuerdo con el número de estudiantes que atiendan. Así mismo, las entidades reciben una cantidad de dinero insuficiente, con la finalidad no sólo de explotar educadores sino de garantizar que la educación sea una “Educación pobre para pobres”.
Lo que quieren por este camino es eliminar los docentes que hoy gozan de prestaciones sociales, realizar toda la contratación por la vía de OPS a través de cooperativas, así se anuncie hoy y esté en la ley, el nombramiento de educadores por concurso. También buscan eliminar la estabilidad laboral de los maestros, aumentar las cargas para los padres de familia, y que la educación que reciban los colombianos dependa del estrato social en que se encuentren, creando una educación para los sectores populares de contenidos elementales, dirigida a crear esclavos modernos con alguna ilustración en las habilidades que ellos requieran para que trabajen en las maquilas que aspiran a instalar en nuestra nación. Una educación alejada completamente del desarrollo y la investigación técnica y científica, de manera tal que puedan controlar la vida económica y cultural de los colombianos.
Para los estratos altos, aspiran a hacer convenios y contratos con sus universidades y colegios de educación media, que les permitan crear un ejército de “yupis” que sirvan a sus propósitos de nueva colonización cultural e ideológica.
Por este camino, además, el Estado se desentiende de su obligación y, aplicando el artículo 365 de la Constitución de 1991, pondrá la educación como una mercancía más que será ofrecida no sólo por los particulares, es decir, por agentes privados colombianos sino por los grandes centros de educación extranjeros.
En este contexto debemos analizar y enfrentar la política que se está aplicando. Las medidas administrativas que se toman hoy en detrimento de la educación y de los educadores tienen que ver con las decisiones que en materia económica y fiscal se le imponen a la nación.
Algunas personas pensarán que estamos exagerando cuando afirmamos la validez de estos conceptos; pero, cuando hace un poco más diez años, algunos sectores del país, representados también en esta Asamblea, señalaron lo que nos sucedería por la aplicación de la apertura y la privatización en los servicios públicos domiciliarios, se dijo lo mismo: “que se oponían al progreso, que la apertura era inevitable, que el mundo era así y que no podíamos hacer nada”. Esperamos que la experiencia nos haya permitido aprender. Que enfrentemos estas medidas con decisión, que exijamos la rectificación de las políticas educativas.
Para eso proponemos la creación de un frente unido en defensa de la educación pública, que promueva la lucha organizada y civilizada de todos los afectados y que comience por rechazar la racionalización propuesta y renegociar la planta de personal que requiere el departamento y Manizales; esto sobre la base de crear condiciones que permitan ampliar la matrícula, reducir el número de estudiantes por aula, revivir la educación nocturna, mejorar la infraestructura física de los planteles educativos, garantizar la presencia de psicopedagogos y demás profesionales que ayuden en la formación de los educandos, reabrir cursos y programas, y, en una palabra, mejorar la calidad y cobertura de la educación pública.
A esta lucha invitamos a todos los sectores del departamento porque la educación debe ser un compromiso de todos los caldenses.