José Arlex Arias, Cartagena, agosto 20 de 2019
La tolerancia hacia la corrupción por parte de los líderes de opinión, los grandes medios de comunicación y los organismos de control colombianos no tiene límites. Es inaudito, a la vez que tan inútil como arar en un desierto, seguir relacionando los recursos que le roban al erario, tanto a través de la corrupción burda, como con métodos sofisticados, “estableciendo la trampa en la ley”, como dice el senador Jorge Robledo; esto es, fabricando normas para que los autores tomen “el botín” y su imagen sea maquillada como estadistas. En otros términos, se trata de hacer “leyes sastres” a la medida del “tumbe” que necesitan sustraer. Según el excontralor Eduardo Maya Villazón, “la corrupción es un problema generalizado en Colombia que cada año les cuesta a los colombianos 50 billones de pesos, unos 18.400 millones de dólares” y de acuerdo con Fernando Carrillo, procurador de Colombia, “este delito es como una “pandemia” que le quita al país el 5 % del Producto Interno Bruto, el 15 % del presupuesto nacional, y afecta por sobornos y coimas el 18 % de la contratación pública”. Lo grave es que todos estos robos al Estado, denunciados por unos cuantos valientes, ya no causan asombro entre los colombianos, acostumbrados a que la mayoría de figuras influyentes les hagan análisis simplistas o desvíen su atención hacia otros temas, evitando que reaccionen ante los vejámenes de dicha corrupción.
Es increíble que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, de manera cínica, se mantenga como titular de esa cartera, cuando fue pillada “con la mano en la masa”, entrampando a la Nación para favorecer a Odebrecht – Grupo Aval y sector financiero, a quienes quiso transferirles $1.2 billones antes de que el Tribunal de Arbitramento, conformado por Carlos Mauricio González, Jorge Enrique Ibáñez y Catalina Hoyos, declararan nulo, por ilícito, el contrato de Ruta del Sol 2 y ordenara pagar a los demandantes $211.000 millones, descontando la fiducia a favor del consorcio por $187.000 millones, por lo que la Nación, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, debe desembolsar solo $24.000 millones. Odebrecht y Grupo Aval aspiraban a restituciones de los colombianos por $2,7 billones, pero el Tribunal sostuvo que la obra entregada, equivalente al 52 % del contrato, vale $4,7 billones, de los cuales el país les había desembolsado $4,5 billones. La “ministra del Grupo Aval”, como la llama el senador Robledo, una semana antes intentó una conciliación entre el Gobierno Nacional y los bancos que financiaron la construcción de la Ruta del Sol 2, dándoles $1,2 billones, pero el Tribunal la sorprendió con una diferencia de $1 billón, que hubiese ordenado pagar a los bancos a cargo de los colombianos.
Más grave aún es que la ministra Orozco, a través de una empresa, trabajó para el Grupo Aval de Sarmiento Angulo y no se declaró impedida para actuar en este proceso, como en su momento lo hizo el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Impresiona que ante la férrea denuncia a la inescrupulosa ministra por el senador Robledo, exigiéndole su renuncia, el “UriDuquismo” puso su “bodega de internet” a hacer una campaña virtual calumniosa y difamatoria en contra del senador para desviar el foco de atención. El gobierno “UriDuque” dijo que la respalda, al igual que lo hizo con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien ayudó a tumbar a los municipios con los Bonos del Agua. ¡En Colombia los corruptos caen parados!