LOS SIGUIENTES SON APARTES DE UN DOCUMENTO PRODUCIDO POR LA ASOCIACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ADUSEP, DE BOGOTÁ, EN MAYO PASADO.
La privatización de la energía
En 1997 la firma española Endesa, el más grande conglomerado energético de Iberoamérica, se quedó con el control de la antigua Empresa de Energía de Bogotá, EEB. Primero desintegraron la compañía en tres pedazos: una casa matriz, que mantendría la razón social y dos subsidiarias, una de generación y otra de distribución, Emgesa y Codensa, respectivamente, las cuales se pusieron en subasta. El monopolio ibérico participó en la licitación enmascarado tras las razones sociales Luz de Bogotá y Capital Energía para, con la complicidad de los gobiernos nacional y distrital, violar las normas que prohibían a una sola compañía hacerse con los dos negocios.
Por 2.177 millones de dólares se entregó el 48.5 por ciento de las acciones del par de empresas, pero se estipuló que el comprador se quedaría con el 60 por ciento de la junta directiva de cada una de ellas, es decir, el control absoluto. Así, los españoles ganaron el dominio de un mercado cautivo de un millón 800 mil usuarios, el más grande del país, y el control de los 2.500 megavatios de generación de Emgesa, incluida la hidroeléctrica del Guavio, que había entrado en funcionamiento apenas en 1993 y que le costó al país, contando los astronómicos intereses, la anonadante suma de tres mil millones de dólares. De adehala, para facilitarles el asalto sobre los demás activos de la EEB, en particular la red de transmisión, se les otorgó a los felices compradores una participación del 11 por ciento de las acciones de la casa matriz y dos puestos en su junta directiva.
La empresa fue dolosamente subvaluada para poder presentar el negociado como la más notable operación comercial y financiera de la centuria. Sin embargo, el kilovatio instalado se vendió a escasos 652 dólares, cuando la construcción del mismo sobrepasa, en los proyectos más eficientes, los 1.800 dólares; y los clientes se valoraron a 1.380 dólares en promedio, mientras la propia compradora los tasa en Chile, por ejemplo, a 2.400 dólares.
Pero las trapacerías continuaron. Menos de un año después de la venta, entre el Alcalde Peñalosa y la multinacional urdieron la trama de la descapitalización, consistente en sustraerle a la empresa mil millones de dólares y repartírselos por mitades. La de Endesa, para sacarla del país al amparo de las normas aperturistas sobre inversión extranjera que dan patente de corso a la entrada y salida de capitales, uno de los condicionamientos dictados por los trusts a las naciones atrasadas en la época de la globalización; y la del Alcalde, para destinarla a fantasmagóricos programas “sociales”, con los que se disfrazan los chanchullos en los que es experto el jactancioso personaje y mediante los cuales se desvanecen enormes sumas que van a parar a los bolsillos de sus validos. A pesar de que recuperó de manera tan expeditiva la cuarta parte de la inversión, Endesa mantuvo intacta su participación accionaria de 48.5 por ciento y su control omnímodo sobre las compañías. Endesa, también se adueñó de las hidroeléctricas de Chivor y Betania, con capacidad de 1.500 megavatios. En total quedaron en su poder 4.000 megavatios de potencia, alrededor del 40 por ciento de la capacidad generadora nacional sumadas la hídrica y la térmica.
Para satisfacer la voracidad de los caimacanes de la especulación, no sólo se han disparado los acostumbrados cobros, sino que menudean las tretas para sonsacarle cada día una porción mayor de sus menguados ingresos a los bogotanos: ahora se factura mensual, no bimensualmente; hasta al más pequeño tendero se le impone tarifa comercial; se suprimen los subsidios para colegios y hospitales públicos y para los salones comunales de los barrios pobres; se cocinan planes como el denominado de inversión en medidas técnicas, Pimt, que consiste en incorporar a Codensa, sin pagar un solo peso, las redes construidas por la comunidad o por los urbanizadores, y extenderles a los usuarios la cuenta por las nuevas instalaciones domiciliarias, pasándose por la faja disposiciones según las cuales esas redes no pueden ser tomadas o cedidas gratuitamente y que establecen que las comunidades son las que deciden si las operan ellas mismas, las venden, o cobran un peaje por su uso.
Al exigir el cambio de acometidas, Codensa les vende a precio de oro a los exhaustos usuarios el medidor, la caja, el polo a tierra, el cable, el tubo, el taco, los sellos y el pin y les factura por mano de obra entre 44 y 77 mil pesos, cuando la labor demora en promedio escasamente dos horas. La avivata compañía planea cambiar a corto plazo más de un millón de medidores, con lo que hará pingües utilidades y eso sin contar las que derivará por las multas de entre uno y trece millones de pesos, por las supuestas o reales anomalías que encuentre en los medidores.
Peñalosa persiste en obligar a la población al pago del alumbrado de calles, parques y avenidas. Estos valores los asumió el Distrito antes de la privatización con el propósito de no dejarle al comprador este rubro que antes se contabilizaba como un costo operativo más de la empresa. Con esto, se les esquilmarán 60 mil millones de pesos más a los angustiados bogotanos. De remate, en estos últimos días se ha anunciado por parte del Alcalde y de Codensa que el entierro de las redes que exige el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se hará elevando las tarifas. Peñalosa y la empresa, con el fin de distraer la atención sobre el nuevo golpe a la ciudadanía, montaron la farsa de un desacuerdo sobre si el alza debe ser del 50 por ciento o de unos pocos puntos menos; cuando lo importante es señalar cómo ese era un proceso que venía adelantando la antigua EEB en diferentes sectores de la ciudad, principalmente en las zonas comerciales, y mientras aquélla fue pública, el precio de las obras se contabilizaba como mantenimiento y no se tomaba en cuenta como un elemento importante en el incremento tarifario. Los inacabables atropellos ya han suscitado encendidas protestas en sectores como Ciudad Bolívar, Usme y Suba y seguramente se generalizarán por toda la ciudad.
Como en ningún otro de los servicios domiciliarios, las tarifas del agua se han trepado geométricamente para todos los estratos. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, le ha autorizado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB, alzas por encima de las usuales. A partir de enero de este año se inventó la burla de facturar unos “subsidios” a los estratos 4, 5 y 6 con el propósito de decretar prontamente, con la disculpa de su supresión, la más escandalosa elevación tarifaria de que se tenga noticia.
El gobierno responsabiliza cínicamente a los usuarios de las alzas, con el paradójico argumento de haber reducido el consumo, y por tanto descuadrado financieramente a la empresa; cuando los sacrificios de la población se deben a que procura evitar la ruina por los altos cobros; aparte de que en 1997 la administración efectuó una machacona campaña en pro del racionamiento, para tratar de paliar la crisis causada por el derrumbe del túnel entre Ventana y Simaya, desastre causado por una serie de irresponsabilidades de sucesivas administraciones capitalinas.
Pero entre las principales causas de la subida de los precios está la leonina concesión por 20 años de la planta de Tibitoc, que purifica más o menos la mitad del agua que se consume en la ciudad, al consorcio compuesto por Fenalca S.A, la Corporación Financiera del Valle y la trasnacional francesa Compañía General de Aguas de Francia, que la opera. Mientras el costo de la potabilización por metro cúbico que efectuaban anteriormente los experimentados técnicos y trabajadores de la EAAB era de 36 pesos, hoy, el codicioso concesionario, le cobra a la empresa alrededor de 300 pesos, un incremento de más del 800 por ciento; este costo tiene un peso determinante en el precio del agua para los bogotanos. Lo cobrado por el consorcio incluye la estafa de facturar decenas de millones de metros cúbicos de agua no producida, pero que los obsequiosos funcionarios le garantizaron, dentro de las cláusulas del contrato, que serían consumidos por los usuarios. Por esta razón la EAAB le ha regalado a la concesión Tibitoc S.A. casi 5 mil millones de pesos en los últimos 11 meses. Esta forma de robar al Estado, que la población acaba costeando, es característica de los contratos de concesión, especialmente de los que se firman para construir vías por el sistema de peajes; lo que nos advierte sobre el nuevo atropello que prepara Peñalosa con su insistencia en instaurar este sistema en todas las entradas a la ciudad.
Si tomamos el estrato 4 como referencia, que es en el que se cobran los supuestos costos reales de prestar el servicio, el metro cúbico de agua vale 778 pesos, no obstante, en el recibo se específica que su precio verdadero es de 1.535 pesos, igualmente el alcantarillado se factura por 331 pesos, pero se aclara que su costo real es de 932 pesos; sumando el cargo fijo, tenemos que el metro cúbico de agua potable y servida le cuesta a la población aproximadamente 3.000 pesos. Así, en los próximos meses, cuando la farsa del subsidio se suspenda, el precio llegará a extremos insoportables, con el agravante, para los más pobres, de que apenas se les subsidia el consumo de subsistencia, es decir los primeros 40 metros, pero que de ahí en adelante deben pagar tarifas plenas. Como si fuera poco, la EAAB, cobra un exorbitante cargo fijo por el sólo hecho de estar conectado al servicio y anunció que cambiará masivamente medidores, que cobra a 150.000 pesos, con lo que hará un negocio redondo de miles de millones.
De estos abusos hace parte la concesión a la compañía Degremont, subsidiaria de la construcción y el tratamiento de aguas de Suez Lyonnaise des Eaux, el más grande conglomerado mundial de la industria hídrica, de la descontaminación del río Bogotá. Para garantizar el contrato, el Distrito se comprometió a pignorar el 100 por ciento de los recaudos del impuesto predial y a pagar alrededor de un dólar, más de 2.000 pesos, por metro cúbico de aguas servidas.