El truco, entonces, de los neoliberales criollos para ocultar que son cómplices de los extranjeros que defraudan a la Nación cuando compran a menosprecio las empresas de servicios públicos consiste en aceptarles como legítimas tasas internas de retorno muy altas –del triple y más de las usuales en Estados Unidos–
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En días pasados, la ministra de Minas, del gobierno de Pastrana, Luisa Fernanda Lauforie, señaló que se les debían garantizar a los inversionistas privados del sector de la energía eléctrica tasas internas de retorno del 18 por ciento, terminacho de la jerga económica que puede interpretarse como asegurarles ganancias anuales en dólares de ese porcentaje sobre el capital invertido. En esa afirmación va implícita un alza en las ganancias que el gobierno les había aceptado con anterioridad a los inversionistas y, en consecuencia, un incremento en las tarifas a los ya esquilmados usuarios. Y por supuesto que esa decisión también afectará, empujándolos hacia abajo, los precios de venta de las próximas empresas que se privaticen.
La ocasión es propicia, entonces, para explicar la relación que existe entre las tasas internas de retorno y las privatizaciones a menos precio de las empresas y entre las tasas internas de retorno y las alzas en las tarifas, todo en el marco de una ventas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, la otra clave del asunto.
Es sabido que todas las empresas de servicios públicos, sin excepción, se han vendido a unos precios que no se le acercan, ni de lejos, al valor de sus activos. “Precios de burro apestado”, dicen algunos. Y también se sabe que los neoliberales encargados de enajenarlas a esos precios miserables aducen que esos negocios no son malos ni corruptos porque lo que ocurre “es que no valen más en razón de que el precio de las empresas depende de las utilidades que puedan producir, con independencia de lo que se haya invertido en ellas”, al tiempo en que silencian que la otra variable que utilizan para determinar el precio es el porcentaje de utilidad (la tasa interna de retorno) que se le acepta al comprador. El caso del negocio de un taxi puede facilitar la comprensión del punto: si ese vehículo costó 100 pesos y produce, luego de pagar sus gastos, otros 100 pesos, quiere decir que da una ganancia (o una tasa interna de retorno) del ciento por ciento. Pero si al dueño de ese taxi alguien lo obliga a venderlo por 50 pesos, aunque los ingresos que produzca sean los mismos 100, ese mismo carro ya le rentaría al nuevo propietario el 200 por ciento, es decir, el doble de lo que le rentaba a su dueño anterior, de donde se deduce que si las ventas y los costos permanecen iguales la tasa de ganancia la determina el tamaño de la inversión.
El truco, entonces, de los neoliberales criollos para ocultar que son cómplices de los extranjeros que defraudan a la Nación cuando compran a menosprecio las empresas de servicios públicos consiste en aceptarles como legítimas tasas internas de retorno muy altas –del triple y más de las usuales en Estados Unidos–, tasas que solo pueden aparecer vendiendo las empresas a menos precio y elevando las tarifas hasta donde fuera necesario. Es lo que podría calificarse de asalto a la Nación con base “científica”.
Y que sí es una conspiración en contra del interés nacional se acaba de comprobar cuando se sabe que el Fondo Monetario Internacional define las privatizaciones no como una opción sino como una obligación, lo que les permite a los compradores exigir casi cualquier tasa interna de retorno para sus inversiones, por alta que sea, pues saben que los burócratas neoliberales criollos se las aceptarán.