Corresponsal en Florencia-Caquetá
Con cien años de colonización, al Caquetá el desarrollo de infraestructura productiva y de servicios le ha llegado a cuentagotas. Es proverbial el abandono en que los sucesivos gobiernos han mantenido a quienes decidieron hacer patria en esta porción de la frontera agrícola suroriental de Colombia. Para estos forjadores del progreso, rodeados de selvas inhóspitas, cultivos ilegales y violencia, los anhelos de mejores condiciones de vida están negados porque o no se prestan los servicios públicos o no tienen como pagarlos.
Después de un formidable Paro regional, en la década de los ochenta, el Caquetá logró la interconexión eléctrica, Pero esta conquista fue parcial, pues el gobierno no sólo elevó las tarifas sino que además decidió cobrar el alumbrado público con una tasa del 16% sobre el valor de la factura de energía de cada usuario en Florencia, y hasta del 40% en los demás municipios.
También se frustró el sueño de mejorar el abastecimiento de energía eléctrica para la región, con la construcción de la microcentral del río San Pedro, como parte de la estatal Electrificadora del Caquetá. La cúpula neoliberal del gobierno nacional sentenció que la obra, de construirse, se haría con capital privado extranjero, lo que implicaría más alzas en las tarifas, la posibilidad de que la energía que se produzca se venda al mejor postor, sin importar que los caqueteños no puedan usar sus recursos hídricos para disponer de una energía propia y barata.
Otro de los problemas que acosa a nuestra región es que el desarrollo del Plan Maestro de Acueducto para Florencia, se financió con un crédito del Banco Mundial y con la condición de constituir una empresa privada para administrarlo por el sistema de concesión. Así nació SERVAF, empresa que con un aporte del capital privado de 400 millones de pesos, convirtió un patrimonio público de 50 mil millones de pesos en el cofre del pirata. Cofre con el que influye decisivamente en la elección de las autoridades, el reparto de contratos y todo tipo de corruptelas. La Ley 142, las metodologías de la Comisión de Regulación de Agua, Alcantarillado y Aseo, CRA, para definir las tarifas, y las directrices de estratificación de Planeación Nacional, cohonestan esta situación en contra de los intereses públicos, ante el silencio de la demagógica campaña anticorrupción de Uribe.
En los otros municipios del departamento, se obliga la creación de pequeñas empresas para la administración en concesión de los acueductos. Estas empresas no tienen capacidad financiera propia y, para sostener su burocracia, se apuntalan en altas tarifas aún antes de ofertar agua potable. Las tarifas de alcantarillado se cobran sin que se haga el debido tratamiento de las aguas negras que justifiquen su pago. La riqueza hídrica del Caquetá se ve sometida a la contaminación y las calles de las áreas urbanas, convertidas en cloacas a cielo abierto.
Hace un año, los mismos dueños de SERVAF, con el propósito de blindar el negociado que tienen con los servicios públicos municipales, crearon la empresa privada de aseo, Servintegral, pingüe negocio que sólo presta el servicio de recolección y transporte de basuras, dejándole al municipio los altos costos del sostenimiento del relleno sanitario, a pesar de que, del presupuesto municipal, se le garantizan aportes anuales significativos, disfrazados como pago por “subsidios a los usuarios”.
En el servicio telefónico, el incremento en la tarifa del cargo fijo y del consumo local dejó al descubierto el desmonte de los subsidios por parte de Colombia Telecomunicaciones, con el argumento de que sólo puede subsidiar con los dineros provenientes de las contribuciones de los sectores industrial y comercial, sumamente pequeños y débiles en el Caquetá, y con los de los estratos residenciales 5 y 6, que no existen, por la férrea oposición de los usuarios.
Estos sucesivos atropellos no han pasado sin la protesta y oposición de importantes sectores de la población. La Unión de Usuarios de los Servicios Públicos del Caquetá, USEPCA, ha orientado la lucha contra las privatizaciones y las altas tarifas, ha liderado reclamaciones y realizado importantes marchas de protesta, denunciando, además, la corruptela de quienes, respaldados en la política oficial, han convertido los servicios públicos en negocios privados que esquilman a la población.
Los usuarios, agrupados en USEPCA, han logrado declarar la caducidad del contrato de concesión que, celebrado por la administración municipal de Florencia, entregó por 15 años la administración del alumbrado público a la unión temporal General Electric de Colombia y Electroatlántico, una sociedad de avivatos, que no sólo desfalcó al municipio sino a su propio socio. En su brega para oponerse a la política de privatizaciones que impone el gobierno de Uribe Vélez, los usuarios han elegido sucesivamente a Alonso Orozco Gómez, dirigente de USEPCA, como Diputado a la Asamblea del Caquetá.
USEPCA, la organización que lidera la resistencia civil en esta comarca de la “otra Colombia”, tiene como objetivo en su programa la reversión de los procesos de concesión y privatización de los servicios públicos y exige que sea el Estado el que los preste con empresas oficiales sin ánimo de lucro, que garanticen cobertura, calidad y bajas tarifas para los usuarios.