Corresponsal del Usuario en Medellín
La Junta Directiva de EPM, deacuerdo con los Estatutos de la empresa, está integrada por 9 miembros seleccionados por el alcalde de Medellín, así: dos terceras partes que él designa libremente y una tercera parte escogida entre los Vocales de Control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios.
Al día siguiente a las elecciones del 26 de octubre, el Alcalde electo, Sergio Fajardo Valderrama, estimuló públicamente la creación de Comités de Desarrollo y Control social con el propósito de que participaran en el proceso de conformación de la nueva junta directiva de EPM, y convocó a los gremios económicos y empresariales para que por su lado postularan sus candidatos a la junta directiva, enviando las correspondientes hojas de vida. De los 260 candidatos de los gremios, escogió cinco miembros, los que los Estatutos llaman “dos terceras partes designados libremente por el alcalde”.
Pero luego se presentó el muy curioso caso de que gremios como la Cámara de Comercio, la Lonja de Propiedad Raíz, la Federación Nacional de Distribuidores de los derivados del petróleo (Fendipetróleo) y otros, igualmente poderosos, quienes ya habían presentado candidatos en primera instancia, convocaron a asambleas para constituir comités y participar, en segunda oportunidad, ahora como Vocales de Control.
De este modo el Alcalde, Sergio Fajardo Valderrama, integró una junta directiva con nombres sólo de empresarios y voceros de poderosos gremios económicos, eludiendo el cumplimento del mandato legal que lo obligaba a dar representación a los verdaderos voceros de los usuarios en la junta directiva de EPM.
El 85% de los usuarios de EPM son de estratos 1, 2 y 3, y no tienen quien los represente. No es demócrata quien elude dar representación a tan abrumadora mayoría, además de que la ley ya fue suficientemente antidemocrática al dar sólo un tercio de la junta para más de cuatro quintas partes de los usuarios.
Es claro que esta antidemocrática decisión es una necesidad para la nueva orientación de EPM hacia una aplicación plena, sin discusión ni atenuantes, de la política oficial en servicios públicos, pues el propio Gerente General de EPM ya admitió que aplicará las alzas decididas por las Comisiones Reguladoras, a nombre de la salud empresarial de EPM. Lo cual lógicamente obra contra la salud, ya bastante precaria, de los ingresos familiares de los antioqueños, cuyas cifras de desconectados de los servicios hablan por sí solas: en agua 67.000 hogares, en energía eléctrica 85.000 y en telefonía 120.000 usuarios.