Desde luego es muy importante tener reglas claras para manejar el intercambio con los Estados Unidos nuestro principal socio comercial, a donde nunca han ido menos del 40% de nuestras exportaciones y de donde proviene la mayor parte de los equipos industriales instalados en Colombia. Adicionalmente, ningún país manifiesta la capacidad de compra para nuestros productos que distingue a los Estados Unidos.
Sin embargo el ALCA (o el TLC como paso previo o como status permanente si la reacción continental frustra la zona americana de libre comercio), no puede concebirse como una panacea para todas nuestras dolencias económicas.
Si bien es cierto que el acceso libre de nuestros bienes a los Estados Unidos puede aumentar inicialmente las exportaciones, no es menos cierto que el libre acceso de los productos gringos puede arrasar totalmente con nuestra industria, para no hablar de la agricultura.
El abismo que nos separa del inmenso vecino es astronómico, tanto en tecnología como en capacidad fabril y financiera.
Antes de negociar a las volandas hay que mantener en mente, todo el tiempo, que en esa ALCA soñada, los Estados Unidos representan el 87% del producto bruto, mientras Colombia no llega al 1%. En la asociación del gigante con 22 pigmeos, ¿quién puede contradecir?
Pues bien, si el ALCA fuera simplemente un convenio entre estados soberanos con economías complementarias, como es en buena parte la CEE, el carácter hegemónico del Gran Hermano no sería tan apabullante. Pero el ALCA está concebido como una especie de anexión económica de los tributarios de los Estados Unidos, hacia la cual avanzamos alborozadamente sin mayor deliberación.
Desde luego el ALCA no suma la anexión política a la económica, porque una vez que ésta se suscriba (o el TLC) los latinos no entrarán más fácilmente a los Estados Unidos ni la suerte de nuestros inmigrantes en ese país será más benévola. La libre circulación de bienes y servicios no irá acompañada de ninguna gabela para los hispanoparlantes.
Llegados a este punto vemos con claridad cómo el ALCA responde a un designio imperial de corte neoliberal, mientras no sea negociado sobre postulados diferentes, para lo cual sería necesaria una actitud común en todos los gobiernos latinoamericanos, iluminada por consideraciones en torno al deber ser de las relaciones internacionales.
Cedo entonces la palabra al economista mexicano Alberto Arroyo Picard, autor del libro Resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México: lecciones para las negociaciones del ALCA, quien explica los efectos de los tratados de libre comercio sobre el derecho constitucional real: “los tratados de libre comercio buscan en el fondo convertir en ley supranacional el modelo neoliberal…”
Por eso, a continuación, cita al exdirector general de la OMC, Renato Ruggiero quien afirma: “la negociación de acuerdos internacionales de inversión es como redactar la Constitución de la economía en un solo mundo”. Acota luego Arroyo que “en el sentido legal del término, garantizan derechos al capital y prácticamente no imponen obligaciones: estos acuerdos delimitan lo que los estados pueden o no hacer. En adelante, las decisiones fundamentales de la política y las estrategias económicas ya no corresponderán a las instituciones de cada país. Se fijan en una ley supranacional”. Lo anterior le permite llegar a esta inexorable conclusión: “los tratados de libre comercio sacan del ámbito de las instituciones democráticas representativas la orientación de la economía”(porque) cada vez tienen menos qué ver con el nivel de vida, con la posibilidad de empleo, el derecho a la salud, a la educación, etc. Todo esto ya no se decide por los que el (ciudadano) elige”.