La expedición de la Ley 100 de 1993, derivada de la aplicación de las políticas de Apertura y Privatización pactadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional FMI y el gobierno de los Estados Unidos, y en medio de la euforia de los neoliberales apoltronados en el gobierno de “Bienvenidos al Futuro”, produjo la transformación en la prestación de los servicios de salud y seguridad social de los colombianos.
Al anca de la ley, empezaron los recortes de personal, la reducción de servicios a la población, la creación de ESES, EPS, IPS y ARS y con ellas sobrevino la destrucción del sistema nacional de salud, el cierre de varias decenas de instituciones hospitalarias y sobre todo, la entrega de la salud y la seguridad social a los mandamases del capital privado financiero nacional e internacional. La salud dejó de ser un servicio y pasó a convertirse en una mercancía, los usuarios se volvieron clientes, la atención sólo se presta a quienes la puedan pagar y quienes no tengan con que cancelarla son sometidos a morir en las puertas de los hospitales o a “paliar sus males con rezos y yerbateros”.
Caldas no fue la excepción. Por el contrario, las autoridades han aplicado a rajatabla todas las políticas trazadas por los diferentes gobiernos nacionales y los organismos multilaterales de crédito.
Como expresión de esas políticas, en el Hospital de Caldas se hicieron cuatro reestructuraciones, se aplicó la Ley 550 y se redujo su planta de personal de mil doscientos a trescientos cincuenta trabajadores, recortando la prestación de servicios. Y sin embargo, el resultado fue la quiebra y el cierre.
Ahora, se procederá a hacer lo mismo con la llamada reestructuración de la red pública hospitalaria del departamento. En lo que resta de este año y los dos próximos, se despedirán más trabajadores, se entregarán en concesión áreas del servicio; se contratará, aún más, con los privados; se negará a los cientos de miles de “vinculados” cualquier atención, y todo se hará en nombre de la “modernización”, título que ahora se da a la privatización de la salud.
El programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red de Prestación de Servicios de Salud, acordado por medio del Convenio de Desempeño suscrito entre el gobierno nacional- Ministerio de Protección Social- y el gobierno de caldas -Dirección Territorial de Salud-, el pasado 10 de noviembre, y para el cual las mayorías uribistas de la Asamblea de Caldas autorizaron al gobierno departamental un endeudamiento por más de nueve mil millones de pesos, prevé el despido de más de 350 trabajadores de los hospitales de Caldas, a más de reducir o eliminar la prestación de los servicios en los municipios donde las “instituciones no son rentables” y fusionar algunos hospitales en una ESE de carácter departamental. Es decir, continuará la política de negación de los servicios de salud a los caldenses y el abandono a su propia suerte a quienes tienen como única opción el que se les atienda en las instituciones oficiales.
Con la vigilancia del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de la Protección Social, el departamento se obliga a “implementar las acciones para, mediante procesos de reestructuración, ajuste, fusión, supresión, liquidación y creación de IPS públicas, modernizar la red pública de servicios de salud de Caldas”. Lo que se pacta es que los hospitales de Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Neira, Pácora, Riosucio, Salamina, Santa Sofía del departamento, Caldas de Manizales, Aguadas y el de Belalcázar, sean objeto de cualquiera de los procesos a los cuales se obliga el gobierno departamental. Los demás hospitales de la red pública se “modernizarán” entre finales del año entrante y el primer semestre del 2006.
La propuesta consiste en “sanear los hospitales para hacerlos viables y garantizar su permanencia en el tiempo sobre la base de que sean financieramente ‘autosostenibles’ y ‘sobrevivan’ fundamentalmente de la ‘venta de servicios'” y de la contratación de los mismos con las EPS y ARS. Todos los trabajadores, el personal médico y paramédico y cualquiera que conozca de salud en Colombia, comprende que no es posible, al mismo tiempo, atender a cientos de miles de vinculados por los que nadie responde y sostener financieramente los hospitales.
Mientras no se derogue la Ley 100 y en su reemplazo se legisle para que se acaben las EPS y las ARS y los recursos de la salud lleguen a los prestadores de servicios y no a los intermediarios financieros, como ocurre hoy, la red pública continuará en la crisis que atraviesa.
Oponernos a los programas de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red Pública de Caldas persigue no sólo, la mejora en la prestación de los servicios de salud, sino la lucha por la derogatoria de la Ley 100 de 1993.
Las organizaciones sindicales y de usuarios, los dirigentes cívicos y políticos y las organizaciones gremiales deben crear comités por la defensa de los hospitales y promover la participación de la comunidad en la lucha para derrotar el convenio de desempeño suscrito entre la Gobernación de Caldas y el Ministerio de la Protección Social. A cambio de eso debemos exigir que la solución de la crisis que padece la salud pública, parta del envío de los recursos nacionales de la salud a los hospitales y se acabe con la intermediación financiera de las EPS y ARS, representantes de los monopolios privados que, a través de la Ley 100, convirtieron la salud en una mercancía.
Organizar la resistencia civil a las políticas oficiales debe ser un compromiso de todos. A eso llamo a los Trabajadores de la Salud de Caldas y a los miles de caldenses que sólo tienen sus hospitales locales, construidos con ingentes esfuerzos y sacrificios, para que les resuelvan sus problemas de salud.
Oscar Gutiérrez Reyes
Diputado del MOIR de Caldas.
Manizales, diciembre 8 de 2004.